Mauricio Merino
Mientras escribía este ar-tículo, el destino de la reforma electoral todavía no estaba resuelto. De hecho, las negociaciones entre partidos se habían roto (era el lunes pasado, al caer la tarde), y el anuncio de un nuevo pacto político entre las tres fuerzas que hoy gobiernan a México había entrado en suspenso. Según el secretario de Gobernación, la causa de la ruptura (negada casi enseguida por el coordinador de los senadores del PRD) era el “capricho” de los dirigentes parlamentarios en la polémica renovación del Consejo del IFE. Hasta ese momento, todo indicaba que el costo de la negociación se había vuelto mucho más caro de lo previsto.
Con todo, la reforma anunciada hasta el pasado 3 de septiembre, al menos en su versión constitucional, tenía varios cambios plausibles: campañas más breves, recursos mejor controlados y menos dinero destinado a los procesos electorales. También fortalecía las atribuciones del IFE, prohibía la publicidad del gobierno (de todos los gobiernos) durante las campañas políticas y abría la puerta al uso de tiempos oficiales (fiscales o de Estado) para la difusión de la propaganda política, rompiendo el ciclo vicioso entre partidos, dineros y medios.
La reforma permitía, además, que el IFE conviniera la organización de los comicios locales con los institutos electorales de los estados (sin vulnerar la soberanía de las entidades), y prohibía definitivamente la intervención de particulares en la compra de espacios mediáticos favorables a los partidos, así como las campañas negativas entre éstos. En lo fundamental, la iniciativa constitucional presentada por los tres partidos políticos más importantes de México respondía a buena parte de los problemas ya detectados que, el año pasado, hicieron crisis. Hasta aquí las buenas noticias.
En contrapartida, la misma iniciativa presentaba también la peor cara del régimen de partidos que hoy gobierna al país: de un lado, modificaba la fórmula para la asignación del financiamiento público a cada partido, en función de los votos obtenidos en las elecciones de diputados, de tal modo que (ceteris paribus) los tres partidos más grandes ganarían más recursos, mientras que los pequeños los perderían.
De otro, se consolidaba el monopolio partidario de la representación política en todo el país, al prohibir de modo definitivo las candidaturas ciudadanas y la intervención de los sindicatos. Y además se creaban figuras especiales para llevar a cabo la fiscalización de los dineros de los partidos y para controlar al órgano electoral (designados por los propios partidos, desde la Cámara de Diputados), y se prohibía a los órganos electorales intervenir en la vida interna de los partidos.
El mensaje no podía ser más claro: por si alguien tenía alguna duda, este otro grupo de reformas constitucionales subrayaba que los dueños de la casa querían afirmar los controles de su dominio, cerrando la puerta a cualquier otra opción política que no tuviera credenciales de acceso equivalentes a las de los más fuertes y evitando, de paso, que los órganos electorales tuvieran la tentación de excederse de sus funciones. Lo que hicieran tendría que ser con el visto bueno de los patrones.
Para cerrar esa pinza, se anunció también la inminente renovación del Consejo General del IFE. Como sucedió en 1994 y en 1996, se adujo que la mudanza de las reglas del juego implicaba el cambio de mandos en el órgano electoral, como condición de principio para renovar el pacto político que se rompió en 2006. Y no es trivial que ese punto haya sido el más polémico del paquete (como si la consolidación del dominio absoluto de las tres fuerzas más importantes fuera ya una cosa plenamente asumida), ni tampoco que las reglas de la renovación del Consejo hayan amenazado la celebración de los pactos.
El mensaje no puede ser más directo: en la política actual del país no bastan las reglas ni los procedimientos para llegar a ellas, ni mucho menos los resultados de los acuerdos tomados, sino que son necesarios los nombres propios. Las personas cuyas biografías, trayectoria y alianzas concitan confianza o rechazo. En esa lógica, no importa que los principales partidos refuercen a todas luces sus medios de control político en todos los planos. También quieren asegurarse la simpatía de los operadores de las nuevas instituciones y cifrar en ellos, mucho más que en las reglas mismas, el acuerdo político principal. En otras palabras: si no hay un cambio en los mandos, tampoco lo habrá en las reglas. Y sin embargo, nada nos garantiza que el nuevo pacto no sea vulnerado tan pronto como alguno de los actores se porte mal y otro se llame a agravio.
Seguramente los consejeros del IFE (algunos o todos) serán sustituidos por otros. Pero será muy fácil documentar que la razón más relevante por la que perdieron la confianza de los partidos fue, paradójicamente, que intentaron ganarla en exceso. Tengo para mí que si no usaron de todas sus atribuciones a tiempo fue porque buscaron que los partidos hicieran campaña con libertad; si no actuaron con más energía frente a otros actores, fue porque quisieron ceñirse puntualmente a los procedimientos que les daba la ley y les exigían los partidos; si no informaron a tiempo de los resultados electorales, fue porque siguieron el guión que los partidos dictaron para la noche del 2 de julio; si no reclamaron la deslealtad partidaria que siguió los días posteriores, fue porque quisieron evitar más problemas.
El resultado es aleccionador: mientras más simpatías quisieron granjearse, más desconfianza gestaron. Hasta el punto en que hoy, al final de todos esos intentos, se han convertido, a un tiempo, en la manzana de la discordia, en el chivo expiatorio y en el nudo gordiano de la reforma que sigue.
Modificadas las reglas y los actores, los partidos se sentirán más seguros del poder que ya ejercen. Pero sospecho que no cambiará lo fundamental: que la desconfianza que expresan es, en realidad, a sí mismos. Y eso no podrá resolverlo ninguna reforma. Todavía estamos muy lejos de ser, en serio, una democracia.
Profesor investigador del CIDE