Macario Schettino
La semana pasada, la Suprema Corte decidió que el nombramiento de los comisionados de Competencia Económica es una facultad del Presidente que no puede ser impugnada por el Senado. Ocurre lo mismo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El viernes, los noticiarios estelares de los canales 2, 13 y 40 (al menos, esos fueron los que pude ver) tuvieron como noticia principal este tema. Llama la atención que la línea editorial fue la misma en los tres canales, que pertenecen a dos cadenas diferentes. Las únicas dos que hay. No sólo la línea era igual, sino muchas de las palabras utilizadas. Para la televisión, esta decisión de la Suprema Corte es un retroceso en el proceso democrático.
Es loable la preocupación de las televisoras por la democracia, sin duda, pero eso no explica el énfasis en la noticia ni la orientación editorial. Hay detrás de esto un nuevo intento de defensa de privilegios que no podemos dejar pasar. Las prebendas de empresarios, sindicatos, partidos políticos y seudomovimientos son extremadamente costosas para la sociedad. Cuando no hay competencia suficiente en un mercado, lo que tenemos son precios elevados y menor producción, lo que significa que los consumidores pierden para que alguien obtenga más dinero del que debería, lo que los economistas llaman “renta”. No hay duda de que eso ocurre en las telecomunicaciones en México, tanto en los servicios como en los medios.
Para eternizar esos privilegios, se aprobó el año pasado una reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que, aunque tiene varias ventajas en cuanto a actualizar la norma con la tecnología, también busca mantener el estado actual de cosas en esos mercados. Pero ese estado actual, como decíamos, no es conveniente para la sociedad. La ley fue aprobada aprovechando la dependencia de otro grupo privilegiado, los partidos políticos, que no tuvieron el valor de enfrentar a los medios en el transcurso de la campaña electoral. Ningún partido, por cierto.
Un grupo amplio de senadores, sin embargo, promovió un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recurso que se discutirá públicamente la semana próxima. Ahora se debe entender la agresiva, y aparentemente concertada, reacción de las televisoras. No sólo les preocupa el problema que se crea con los comisionados de Cofetel, sino sobre todo que la próxima semana la Corte les derrumbe la ley. Tratarán de desacreditar a la Corte desde hoy, para defender sus privilegios.
Pero si las televisoras quieren mantener privilegios, también los partidos. Varios congresistas criticaron la decisión de la Corte, y sus opiniones fueron utilizadas por las televisoras para fundamentar su argumento del retroceso. Y es que vivimos un proceso muy complejo de creación de un nuevo equilibrio en el que el Congreso busca acabar con el Ejecutivo. Algo que ya vivimos en 1822 y en 1867, en ambos casos muy mal manejado y con funestas consecuencias. Entonces se podía decir que no había experiencia. Hoy esa excusa no vale.
Si efectivamente hay interés por el beneficio de la sociedad, el asunto no es tan complicado. Primero, hay que acabar con el financiamiento a los partidos para que éstos compren tiempo de televisión. Tiempos oficiales administrados por el IFE pagados por volumen, eliminan este problema. Segundo, elevar a las comisiones que lo merezcan a nivel de Estado, en una posición más parecida a las de la CNDH y el IFE. Un sistema inteligente de comisiones puede ser de gran valor para el desarrollo del país. Tercero, las reformas a las leyes de telecomunicaciones, y radio y televisión deben anularse en lo que se refiere al mercado, trasladando a la Comisión de Competencia la autoridad para regular este mercado igual que lo hace con otros.
Estas tres modificaciones redundarían en un beneficio claro a la sociedad, eliminando privilegios y estableciendo reglas claras. Pero estas tres modificaciones implican también la pérdida de privilegios de los partidos, y de ciertos políticos en particular. Por eso no las hacen, y por eso es la Corte la que tiene que actuar.
Debemos respaldar el gran esfuerzo de la Suprema Corte, debemos presionar al Congreso para que esté a la altura. Debemos impedir que los privilegiados sigan usando al Estado como patrimonio personal. Se trata del futuro de México.
macario@macarios.com.mx
Profesor en la EGAP del ITESM-CCM