Manuel Camacho Solís
La violencia cambia todo. Una es la realidad antes y otra después. México ya pasó el umbral de violencia que pueden soportar las instituciones en condiciones de normalidad. Hay un peligro real para el Estado. Si las consecuencias no se miden desde ahora, se corre el riesgo de reducir la efectividad de lo que se hace y de generar desenlaces con costos finales inadmisibles. En este momento no hay una política de Estado frente a la violencia.
La falta de aceptación a la política en curso se debe a que las condiciones políticas imperantes hacen muy difícil un acuerdo decidido y explícito. Pero también a que no existe la convicción de que lo que se está haciendo sea el único ni el mejor camino posible. No está claro cuál es el plan. Ni nada asegura que la acción en marcha sea la más efectiva: dé los mejores resultados al menor costo.
No es un problema de lealtad institucional. En materia de seguridad, sin excepción, ha habido responsabilidad de parte de los gobiernos locales de la oposición. También, debe reconocerse, ha habido respaldo federal.
Antes de que sea demasiado tarde y se exponga a las Fuerzas Armadas a costos excesivamente altos, o a que las consecuencias de lo que se hace provoquen daños irreversibles para la democracia y la sociedad, convendría hacer un alto en el camino para reflexionar sobre la política en curso. La política de seguridad debe ser legal, social y la más efectiva posible. Son tres los puntos que definen sus contenidos:
Uno. La ley. Ya Diego Valadés abordó en estas páginas el tema; señaló que nada justifica, en un estado de derecho, en la democracia, salirse de la ley. Tiene razón: es preferible, incluso recurrir a instrumentos constitucionales que no han sido utilizados hasta ahora, a actuar abiertamente fuera del orden constitucional. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad, porque lo que está de por medio es algo mucho más importante que el rating del Presidente. En la medida en la cual el Presidente cuide que sus acciones en seguridad no sean vistas como políticamente interesadas, facilitará que el Congreso debata con rigor su papel, sobre todo en circunstancias que podrían ser aún más graves que las actuales.
Dos. Lo social. Nada es más contraproducente para unir al país -en torno a un propósito común- que mezclar el combate a la delincuencia organizada con la represión a la protesta social. Si se pierde la frontera entre la necesidad de usar la fuerza para combatir al crimen, con la represión política, se estará debilitando la lucha contra el crimen y se generará un mayor conflicto social. Es sorprendente que, en una situación tan delicada, no exista el menor equilibrio en el tratamiento de Oaxaca y de Atenco: severidad para unos, impunidad para otros.
Tres. La efectividad. Nada, y mucho menos actos de propaganda, justifican que no haya una evaluación permanente de la política de seguridad que se sigue y de sus resultados. ¿Qué hace falta en materia de coordinación e inteligencia? ¿Dónde, cuándo, cuánto, quiénes? ¿Cuál es el punto óptimo donde se recupera la tranquilidad básica, se protege a la sociedad, a las instituciones del Estado y son menores los costos para las propias Fuerzas Armadas y la Policía? El principio de todo el ejercicio debe ser la claridad de propósitos, la conciencia de los límites y la evaluación de los resultados. La clave no está en la fuerza; está en la estrategia, la coordinación y la inteligencia.
Nuestra historia reciente da muchas lecciones. El análisis comparado también: mirar a nuestros vecinos del norte debiera hacernos reflexionar antes de que sea demasiado tarde. Estados Unidos han pagado costos altísimos cuando la soberbia los ha hecho pensar que podían obtener resultados que eran inalcanzables, cuando carecieron de un plan político que acompañara la acción militar y cuando incurrieron en violaciones abiertas a las garantías individuales y al debido proceso legal. ¡Enfréntese con determinación la violencia criminal, pero no al costo del fracaso, la ilegalidad o de exacerbar el conflicto social!
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista