César Cansino
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer indefinidamente su fallo definitivo sobre la querella interpuesta por la periodista Lydia Cacho en contra de diversas autoridades acusadas de violentar sus derechos humanos, pero sobre todo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el góber precioso, todo hace indicar que muy pronto habrá un resultado favorable. Cabe recordar que Marín fue literalmente agarrado con las manos en la masa cuando se difundieron las conversaciones que sostuvo con el supuesto protector de pederastas Kamel Nacif sobre cómo escarmentar a la periodista que se había pasado de la raya en sus investigaciones sobre las redes de pederastia en México.
Por lo pronto, la comisión investigadora del caso Cacho de la SCJN solicitó al pleno de esa instancia emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al góber precioso por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista. Asimismo, se exhorta a proceder penalmente contra otros posibles involucrados, como Kamel Nacif, y algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla por su supuesta complicidad y encubrimiento. Con todo, la resolución final está pendiente.
Mientras tanto, han aparecido en la prensa algunos desplegados firmados por cientos de ciudadanos tanto mexicanos como extranjeros exigiendo a la SCJN que falle a favor de la periodista. En uno de estos desplegados se afirma con razón que lo que está en juego con esta resolución, amén de hacer justicia en un caso de abuso de autoridad del cual todos fuimos testigos, es la credibilidad misma de las instituciones de justicia en el país, y la posibilidad de que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el derecho. Por su parte, varios partidos han solicitado al góber precioso una salida digna a su cargo una vez que se perfila el rumbo que seguirá el fallo de la SCJN, es decir, solicitan que pida licencia para que se proceda legalmente. A su vez, el Congreso de Puebla prefiere hacer mutis hasta que la SCJN emita su resolución.
Como quiera que sea, la actuación de la SCJN sobre este caso y el inminente fallo a favor de la periodista Cacho no hacen sino desnudar la pasividad y la negligencia de los otros poderes para actuar en consecuencia ante la evidencia de abusos de autoridad como el del góber precioso. En efecto, se tuvo que recurrir a la última instancia legal del país para que se fijara un curso a seguir en este caso, dado que nadie quiso hacer nada antes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni mucho menos el Congreso poblano. En el ínterin, dada la laxitud de la ley ante la impunidad, el góber precioso se la pasó comprando aliados y periodistas para intentar limpiar en parte su imagen pública tan deteriorada.
Enhorabuena, pues, por la actuación de la SCJN, que en caso de fallar como todo hace suponer a favor de los derechos humanos de Cacho, estará afirmándose como una instancia responsable y autónoma para preservar las garantías de los ciudadanos con respecto a los poderes fácticos de cualquier tipo. Como se sabe, el caso Marín nos mostró sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Quien quiera documentar el cinismo con el que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sobre todo priístas, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real.
El propio informe de la comisión investigadora de la SCJN sostiene que hubo “un ánimo vengativo” y un “aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una persona”, que Marín actuó de forma concertada con funcionarios de la Procuraduría de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, así como autoridades judiciales de Quintana Roo, para actuar en contra de las garantías de Cacho; que con esa decisión Marín violó el principio de división de poderes y, más grave, se entrometió en la esfera del Poder Judicial del estado. Además, lo cual es central en todo este tema, se exhorta a investigar a profundidad las redes de pederastia y explotación infantil que operan en el país.
Sin embargo, una nota reciente oscurece el proceso: la denuncia de Cacho de que la SCJN filtró el informe de la comisión revisora de su caso a los abogados del góber precioso, lo que además de ser algo irregular revela cierto favoritismo en su actuar hacia el gobernador poblano. Esperemos que no sea una mala señal de la resolución que todos esperamos sobre este caso.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada