César Cansino
Contrariamente a la intención del gobierno federal de minimizar o subestimar el impacto de las acciones terroristas reivindicadas recientemente por el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), la verdad es que este movimiento rebelde comienza a adquirir una visibilidad cada vez más frecuente en el país. Así, por ejemplo, sus comunicados empiezan a fluir con gran cobertura mediática, con lo cual se ha enrarecido todavía más el clima político, ya de por sí polarizado y tenso desde julio del año pasado.
En este contexto, el EPR ha calificado a los dirigentes del PRD de cobardes y traidores, después de que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, descalificara las vías violentas y radicales para impulsar un proyecto de justicia social. De acuerdo con el EPR, con estas posiciones, el partido del sol azteca no hace más que convalidar al “gobierno ilegítimo” de Felipe Calderón. Por su parte, en respuesta a la exhortación del Presidente de la República a que todos los actores políticos se definan en torno a la violencia y el terrorismo que ha estallado en el país, el EPR justifica sus acciones señalando que el verdadero terrorista es el Estado mexicano.
Independientemente de estos posicionamientos ideológicos y retóricos, el hecho es que el EPR ha sabido moverse con astucia y han sido sus propios adversarios institucionales quienes lo han vuelto un interlocutor del régimen por más que se quiera negar. Por lo demás, los efectos de sus acciones terroristas saltan a la vista: las explosiones en varios ductos de Pemex en los estados de Veracruz y Tlaxcala han provocado millones de pesos en pérdidas para el país, amén de exhibir una vez más la pobreza e ineficacia de los servicios de inteligencia gubernamentales —señaladamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)— y alimentar un clima de violencia e inestabilidad sumamente peligroso.
Sin embargo, culpar al Cisen de los bombazos del EPR, como sostuvo el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, es un despropósito. En efecto, los terroristas no avisan cuándo van a atacar ni cómo lo harán, se mueven buscando sorprender e intimidar. Y si bien el Cisen es un desastre, sobre todo después del sexenio de Vicente Fox, lo que realmente se requiere para combatir al terrorismo es voluntad política para enfrentarlo con energía y con todo el peso de la ley. Es hora de que la clase política en su conjunto convoque a una cruzada nacional contra la violencia y en defensa de la nación. Pero lo que parece muy sencillo en el papel es muy difícil en los hechos. Para muchos actores políticos, la emergencia en el país de acciones terroristas es una oportunidad inmejorable para denostar al gobierno y exhibirlo en sus limitaciones; es decir, la violencia se convierte en una moneda de cambio en manos de oportunistas, un arma retórica para golpetear a los adversarios y buscar capitalizar sus hierros y deficiencias. Obviamente, por este camino todos salimos perdiendo.
Como es sabido, la principal demanda del EPR es la liberación inmediata de dos de sus miembros que según el grupo guerrillero están en manos del Ejército mexicano, el cual los capturó durante su entrada en Oaxaca para combatir al movimiento de la APPO en esa entidad. Obviamente, no es con la negociación bajo amenaza como el gobierno puede frenar la violencia. Es más, ceder a las peticiones de la guerrilla es vulnerar al Estado en su principal función: la seguridad nacional. Sin embargo, sí hay algo que está en manos del gobierno federal hacer para neutralizar a los rebeldes.
Obviamente, no estoy hablando de resolver las injustas condiciones sociales del país que constituyen el caldo de cultivo de estos movimientos, y no porque no sea importante hacerlo, sino porque es imposible en el corto plazo; tampoco es perfeccionando los sistemas de seguridad o solicitando apoyo especializado a otros gobiernos, pues esto no se puede hacer de un día para otro. Me refiero más bien a mostrar con hechos un compromiso con el estado de derecho; es decir, aplicar la ley por igual no sólo a quienes la violan del lado de la sociedad, sino también desde la institucionalidad. Y aquí la lista de funcionarios y políticos intocables crece cada día más, desde el góber precioso hasta varios líderes sindicales, pasando por varios funcionarios activos o de sexenios recientes, generando una sensación de encono y malestar social.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada