Manuel Camacho Solís
En las próximas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si crea una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos hace un año en el estado de Oaxaca. Su intervención es, de nuevo, el último recurso del estado, una vez que han fracasado las instancias políticas, pues ni los poderes locales, ni el gobierno federal, ni el Congreso supieron enfrentar la situación. Más bien, varios de ellos, han sido cómplices de violaciones graves a los derechos de los oaxaqueños.
La forma como se manejó el conflicto de Oaxaca debiera avergonzar al gobierno federal. Las instancias locales habían tomado partido al respaldar los excesos del gobernador, pero las dependencias federales, en vez de haber actuado como autoridad, por cálculos electorales, dejaron correr irresponsablemente los acontecimientos. Cuando decidieron intervenir, no tuvieron la determinación moral que se necesita en esos casos para someter a quienes abiertamente estaban violando la ley. Justificaron su no intervención. Después intervinieron tarde. Ofrecieron de más. No cumplieron.
En el cambio de gobierno, pudo más la necesidad de imponer el orden que la necesidad de hacer justicia. Al final, las autoridades federales cerraron los ojos ante hechos graves, como el asesinato de muchos ciudadanos por fuerzas protegidas desde el gobierno.
La política federal para Oaxaca ha sido errática e inmoral. Frente al fracaso del ejercicio de la autoridad y de la negociación, no se les ocurrió otra solución que la de la fuerza. Pensaron que, alcanzados los objetivos policíacos, todo había terminado. Se equivocaron. El conflicto sigue.
Y sigue porque hubo muertos. Mientras no haya justicia, Oaxaca no recuperará su tranquilidad. Así lo reconoció el ministro Genaro Góngora, al fundamentar las razones por las que la Suprema Corte debería crear una comisión investigadora: “Las consecuencias del conflicto siguen presentes. La sociedad oaxaqueña está esperando justicia. Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar. El trance social no ha concluido y es necesaria nuestra intervención”. La sensibilidad social y la capacidad de previsión del ministro están a la vista.
La posición del gobernador es insostenible. Sólo la debilidad extrema de las autoridades federales las ha llevado, con tal de conseguir el apoyo del PRI, a convalidar su actuación cuando todos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han hecho juicios severísimos sobre los actos represivos ocurridos en el estado. Pero mientras no haya un acto de justicia, ni con el apoyo del Presidente, será posible evitar que se vuelva a recrudecer el conflicto en Oaxaca,
Más allá de las preferencias políticas de cada quien, el pueblo de Oaxaca y la nación necesitan saber, con la debida objetividad, qué fue lo que ocurrió en el estado y quiénes fueron los responsables. Una vez conocida la verdad, tendrá que haber un acto de justicia. Si se aplica estrictamente la ley, muchos, incluyendo probablemente a altos funcionarios, tendrían que ser consignados. Si se escoge otro camino, o sea el de una amnistía, entonces ésta tendrá que ser general. Lo que es inaceptable es que los líderes de un bando estén en la cárcel, mientras que los del otro, quienes probablemente son responsables de delitos graves, continúen en sus cargos.
Al gobierno federal le conviene que se cree la comisión investigadora. De esa forma se estará desactivando uno de los principales focos de conflicto en el país, sin que el PRI le pueda reclamar. Al propio PRI le es muy costoso el descrédito del gobierno del estado. En su lucha contra la delincuencia, el gobierno federal tiene abiertos demasiados focos, como para que esté dispuesto a cargar con la responsabilidad de las graves violaciones de Oaxaca, abrir las puertas a pesquisas internacionales y distraer a sus fuerzas en un nuevo conflicto local.
La ley debe imperar. Sólo la Corte tiene la autoridad para frenar la utilización de fuerzas paramilitares para resolver conflictos sociales, detener el uso de la violencia en la lucha política e impedir la violación generalizada de los derechos de los ciudadanos por la autoridad. Esa es la trascendencia de la comisión investigadora. Oaxaca merece justicia.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista