Campañas y narco; otra guerra
Ricardo Alemán
Pelean IFE y TEFPJ privilegios, no la responsabilidad por la que cobran
Más allá de pleitos, operadores “blindan” campañas y aplicarán el 134
La fiscalización a senadores para evitar la eventual introducción de dinero negro a las campañas, es apenas la punta de una larga madeja que mantiene enfrentados al IFE y al TEFPJ.
Y es que en el fondo de la escaramuza —más que la responsabilidad legal de los órganos electorales—, aparece un grosero control y hasta sometimiento de consejeros y magistrados electorales a través de los partidos, para usar a placer y contra los adversarios al IFE y al Tribunal Electoral. Y sí, son muchas las evidencias de que existe mano negra para mover a placer la nueva ley electoral. ¿De qué hablamos?
La guerra a la que nos referimos no sólo involucra a consejeros y magistrados, sino a legisladores, jefes partidistas y hasta presidenciables. Pero vamos por partes. Como todos saben, a solicitud del Partido Socialdemócrata el IFE inició un proceso de consultas para blindar las campañas electorales del dinero negro y del narcotráfico.
El asunto lo manejó casi en secreto el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés —con líderes y presidentes de partidos—, quien armó una propuesta que presentó al Consejo General el 22 de diciembre pasado. Sin embargo, esa propuesta fue retirada sin mayor explicación por el propio Valdés, antes de ser conocida de manera pública. ¿Qué pasó? Que el PRI se negó a dar su aval.
Para los conocedores del tema —ya que de manera pública trascendió muy poco—, el presidente del IFE decidió “bajar” su propuesta de blindaje electoral debido a presiones del PRI —fuerza política que mantiene una influencia determinante en el IFE y en el Tribunal Electoral—, y que hace todo lo necesario por anular a las dos instancias electorales. El PRI es renuente al blindaje y a la fiscalización por parte del IFE, y a la sanción a los funcionarios públicos que violan las reglas electorales.
Pero sabedores del peligro de no blindar las campañas electorales frente al dinero del narcotráfico —y alertados sobre el riesgo de no sancionar a infractores de la nueva ley electoral, ante la inexistente ley reglamentaria del artículo 134 constitucional—, un puñado de consejeros del IFE diseñaron un acuerdo capaz de regular el blindaje de las campañas. Al mismo tiempo, ese acuerdo pretendía abrir espacios para sancionar a servidores públicos conforme al no reglamentado 134 constitucional.
Dicho acuerdo pretende fortalecer la fiscalización del dinero que gastan los partidos —se debe recordar que la nueva ley electoral desapareció la comisión de fiscalización—, a través de sistemas de inteligencia financiera y auditorías de campo. Al mismo tiempo el IFE asume la responsabilidad de orientar a los ciudadanos para acudir al Ministerio Público en casos de violación al 134 constitucional. También asume que está obligado a denunciar los delitos electorales. Y establece convenios con los tres órdenes de gobiernos para revisar informes mensuales sobre gasto de recursos oficiales en propaganda en tiempos electorales.
¿Por qué un puñado de consejeros del IFE —contra la timoratez y sometimiento de su propio presidente, Leonardo Valdés, y la miopía y proclividad priísta de María del Carmen Alanís, presidenta del TFEPJ—, insistieron en alcanzar un acuerdo de consenso para blindar las campañas y abrir espacios para hacer valer el 134 constitucional? ¿Por qué razón dicho acuerdo se aprobó por consenso de todos los partidos?
Elemental, por responsabilidad y sentido común de ese puñado de políticos y autoridades. Y es que las campañas de 2009 corren el peligro real de irse por el caño del dinero negro y por los abusos de funcionarios públicos que hoy no respetan el 134 constitucional —regla que establece los límites de la propaganda de los tres órdenes de gobierno—. Es decir, consejeros y políticos convinieron en que si no se sanciona a servidores públicos conforme al 134 constitucional —a pesar de que no existe ley reglamentaria para ello—, en 2011 cualquiera pudiera invalidar la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard, de Enrique Peña Nieto o de tal o cual gobernante que en 2009 haya violado ese precepto constitucional.
Queda claro que en el IFE y TEFPJ la gobernabilidad ya no está del lado de Leonado Valdés y menos de Carmen Alanís, quienes parecen preocupados, el primero, en mantener los cuatro mil pesos de gasolina para cada consejero del IFE, y la segunda en preservar la camioneta con blindaje siete que se entregó a cada magistrado. Ese es blindaje con dinero público.
EN EL CAMINO
Nelson Vargas, ex funcionario deportivo y empresario del ramo —al que secuestradores arrancaron a su hija Silvia—, buscará una diputación federal de mayoría en el DF. El partido: el PAN. La misión: dar la vida por la seguridad y contra el crimen organizado. Escenario: el Parlamento.