¿Negociar la ley o reformarla?
Ricardo Alemán
Más que un pacto político, es obligado refundar reglas del Estado federal
Leyes claras, efectiva persecución del delito y fin a la corrupción judicial
Distintos sectores sociales firmarán hoy una suerte de pacto contra la inseguridad, acuerdo con el que el gobierno federal pretende hacer frente —a través del cuestionado Juan Camilo Mouriño— a la dura crisis de gobernabilidad que agobia al gobierno federal, a los gobiernos estatales y, en general, al Estado mexicano todo.
Regresamos al tema porque es evidente que existe una confusión sobre la importancia de los esfuerzos unificadores en torno de los grandes problemas nacionales, como la inseguridad y la incontenible criminalidad frente a la urgencia de promover verdaderas políticas de Estado de largo aliento, en esa materia.
Aquí hemos cuestionado los ya muy pasados de moda “pactos” para contener la inflación, para respetar el resultado electoral y, hoy, para combatir la inseguridad. ¿Por qué? Porque desde López Portillo, pasando por Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, los famosos pactos —políticos o económicos— no han sido sino más que respuestas mediáticas a problemas de fondo, lo que al final se convierte en una manera elegante de justificar las incapacidades de los gobiernos federal, estatales y, en general, de las instituciones del Estado.
Por eso creemos que un pacto contra la inseguridad pública impulsado por diversos actores políticos —y que gustoso retomó el gobierno de Felipe Calderón a través de Mouriño— no es más que la confluencia de un puñado de buenas y hasta compungidas intenciones que, pasada la emergencia, terminan en meras llamadas a misa. Es decir, nada ni nadie obliga a su cumplimiento.
Pero los pactos —en contra o en favor de— también sirven para establecer alianzas políticas o fácticas y hasta para cobrar facturas y/o someter a gobiernos o poderes. Así, cuando un acérrimo adversario firma un pacto junto con su otrora peor enemigo, se produce una ganancia compartida bajo ese “parasol” en que a los ojos de todos se convierte la llamada unidad nacional.
¿Qué significa, por ejemplo, que legisladores o líderes de PRI, PAN y PRD firmen un pacto contra la inseguridad pública? Muchos batirán las palmas en señal de regocijo. ¿Pero esa imagen mediática de unidad y fuerza será suficiente para acabar con la corrupción de las policías de todo el país, de los ministerios públicos, del reino de la impunidad y el imperio de la complicidad?
Un pacto no cambiará la realidad de esa sucursal del infierno que son los MP, los policías de casi todo el país, los gigantescos hoyos negros de la legislación penal mexicana. Y por supuesto que ese pacto tampoco acabará con los policías y funcionarios corruptos, con la protección que brindan policías a bandas criminales, ni con la complicidad oficial en el narcopoder y crímenes como el secuestro.
En el fondo, el pacto que previsiblemente se firmaría hoy no es más que una negociación política para que durante la emergencia las partes se obliguen a hacer todo por cumplir con la ley. ¿Pero, qué la defensa de la vida de los ciudadanos y de sus bienes no es su responsabilidad, su obligación? ¿Por qué convocar a las instituciones del Estado para que cumplan con su deber?
En todo caso, el llamado debiera ser —desde donde usted quiera— a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los tres órdenes de gobierno, a los partidos, a la sociedad, para que con el conjunto diseñe un pacto para reformar las leyes vigentes, el sistema penitenciario, el de impartición de justicia, el cumplimiento del ‘cacareado’ estado de derecho, que no es otra cosa que el Estado sometido al derecho.
Ayer el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia —en un discurso formidable por su crítica al Legislativo y Ejecutivo, pero cuestionable por la ausencia de autocrítica al Judicial, del que es representante—, puso el dedo en la llaga; llamó a crear leyes adecuadas, diseñar políticas de Estado para la prevención y persecución del delito y —sin que lo dijera con esas palabras— terminar con la corrupción de los jueces y magistrados. Ese debía ser el verdadero pacto para refundar el Estado mexicano.
EN EL CAMINO
En Cananea tenemos el mejor ejemplo de la crisis. La fuente de empleo está cerrada por un conflicto de gobernabilidad; los gobiernos municipal, estatal y federal no existen; el narco impuso su ley al contratar a mineros desempleados; se han reportado siete ejecuciones y 11 desapariciones; prolifera la droga y, por si hiciera falta, un comando entró a la mina en días pasados, al parecer para robar dinamita. ¿A quién le importa?