Ifigenia Martínez
Se estima que la llamada reforma integral de la hacienda pública generará ingresos por 120 mil millones de pesos, monto equivalente a 1.1% del PIB, de los cuales 3 mil millones corresponden al nuevo gravamen de 2% a los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos, 12 mil millones al incremento gradual del impuesto a la gasolina y 117 mil millones al nuevo impuesto empresarial a tasa única denominado IETU, que puede ser compensado con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Si éste resulta menor al IETU sólo se pagará el excedente, y si es mayor, será el definitivo. También se estima una reducción de 15.7 mil millones de pesos por la eliminación del impuesto al activo como un beneficio adicional para las empresas. La reforma está dirigida a elevar la recaudación; quienes ya están pagando el ISR tendrán que hacer un gasto administrativo adicional y sobre el SAT recaerá una carga administrativa mayor.
La reforma resulta insuficiente sobre todo si se evalúa con relación a la enorme brecha que existe entre el coeficiente de tributación de nuestro país (9%-10% del PIB) y el del resto de países democráticos de economía mixta (de mercado y pública, incluyendo a EU y la UE), que captan de 30% a 50% del PIB.
En México hemos atravesado por una etapa de estancamiento y lento crecimiento del PIB y del empleo desde hace cerca de un cuarto de siglo, y se requiere aumentar la inversión (más que el ahorro) para lograr un mayor ritmo de desarrollo y niveles de ocupación que contribuyan a atenuar la desigualdad y a disminuir la informalidad y la emigración.
El gobierno federal, desde que se consolidó el régimen de la Revolución, asumió como una de sus funciones la rectoría y promoción del desarrollo, que durante el último cuarto de siglo ha sido notoriamente insuficiente y más aún si se evalúa a la sombra del federalismo fiscal que implica que el grueso de la recaudación corresponde al gobierno federal, y a través del sistema de participaciones y aportaciones cubre la mayor parte de las necesidades presupuestales de estados y municipios. Sin embargo, ante sus responsabilidades el gobierno federal, en lugar de revisar y depurar el ISR de las empresas, cuyas modalidades, concesiones y privilegios tienen un elevado costo fiscal, ha preferido adoptar un nuevo impuesto, menos complicado que el ISR, que de inmediato complemente su recaudación, pero que en el fondo representa considerables ventajas para las grandes empresas intensivas en capital.
Es decir, estamos en presencia de una seria modificación de la estructura impositiva que pretende sustituir en definitiva el ISR de las empresas por un nuevo tributo que le otorga un claro privilegio al capital y a las inversiones que quedan exentas, y en cambio no hay ninguna medida que asegure la acumulación de todos los ingresos que percibe una persona en un ejercicio fiscal y que queden sujetos a una tarifa progresiva para cumplir con el precepto constitucional que obliga a todos los mexicanos a contribuir en forma proporcional y equitativa a financiar los gastos del Estado.
Queda pendiente la gran reforma del impuesto personal sobre la renta y se aumentan los privilegios para las grandes empresas al eliminar el impuesto al activo y fomentar las inversiones sin ninguna relación con la planeación pública. En resumen, privilegios legales a la capitalización mientras que mayor rigor para la pequeña y mediana empresas y ninguna ventaja para los trabajadores. Las consecuencias de esta reforma en la etapa actual, cuando lo que se requiere es aumentar la inversión pública y privada y el empleo, están por verse.
Esta reforma hacendaria que consolida los privilegios fiscales de las grandes empresas no fue aprobada por los diputados de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), el PRD, el PT y Convergencia. En las circunstancias actuales se necesita retomar la función de un Estado que acelere el desarrollo y combata la desigualdad en un sistema de planeación regional con el esfuerzo de empresarios, agricultores, trabajadores y la comunidad científica y técnica del país, en un entorno de relaciones económicas abiertas. Nada de esto permitirá la llamada reforma integral de la hacienda pública.
Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD