Gilberto Díaz Moreno /ASICh
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre 2013.- Después de haber negado durante un año los propósitos privatizadores y desnacionalizadores de su reforma energética, Peña Nieto ha presentado al Senado, una iniciativa tramposa, cuyo único objetivo es eliminar de la Constitución los mandatos que establecen la exclusividad del Estado en el manejo del petróleo y la electricidad, indispensables para impulsar el desarrollo económico y social independiente de México, señalo el senador Manuel Bartlett Díaz.
Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo durante la presentación del Primer Informe de Enrique Peña Nieto, el legislador dijo que la reforma energética del gobierno federal, se trata de un acuerdo evidente con los intereses extranjeros que han luchado sin descanso por eliminar del artículo 27 constitucional original de 1917, la propiedad nacional del subsuelo, hasta las reformas patrióticas de Lázaro Cárdenas cuya figura histórica falsifican para convertirlo en justificación de su ideología desnacionalizadora.
Esto es un vergonzoso engaño del Ejecutivo. Esos intereses extranjeros pretenden borrar todo rastro de la Revolución Mexicana que aborrecen desde el primer disparo, por su carácter de revolución nacionalista y definitivamente social. Curioso, pretenden periódicos y comentaristas norteamericanos, burlarse de la concepción mexicana del petróleo como instrumento de soberanía y desarrollo, como si ellos no tuvieran la misma visión de su soberanía energética, con la diferencia de que se trata de nuestro petróleo y para ellos el petróleo de todos los demás a cualquier precio.
La Iniciativa Energética miente en todas sus afirmaciones, en su escuálida exposición de motivos que todo deja a las leyes secundarias. Sus afirmaciones son falsas, de consumarse la Reforma Constitucional, el Estado no mantendría la propiedad del petróleo, ni ejercería la rectoría de la política petrolera y eléctrica. Todo se entrega, no sólo por medio de concesiones que desvergonzadamente afirman que se eliminan porque transfiere propiedad del petróleo, mientras el propio Gobierno negocia que esos contratos que propone, sean considerados en E.U. también, como generadores de derechos similares.
La entrada de las grandes trasnacionales, compromiso esencial de Peña Nieto, son brazos imperiales, no empresas ordinarias dispuestas a competir, señaló en su discurso Bartlett Díaz. Además lo oculta Peña Nieto y los defensores de este despropósito es que al eliminar los principios Constitucionales que establecen la exclusividad del Estado, eliminan una reserva en el T.L.C. que producirá de inmediato la integración de la energía al libre mercado que establece el mismo T.L.C. y una telaraña de tratados que permitirán explotar y exportar lo que quieran de nuestros recursos limitada.
Esta consecuencia inevitable, está diseñada precisamente para impedirle al Estado Mexicano toda intervención en la política energética y dotar a las trasnacionales de una libertad absoluta.
Tras señalar que a casi un año del actual gobierno surgido del PRI, se ha instaurado un sistema de derecha que pervierte las instituciones de la República. Un gobierno de supuesto pragmatismo anti ideológico, que sin embargo, se ha definido en las palabras y en los hechos como instrumento de las más extrema ideología neoliberal, al grado de hacer pieza central de su programa, el recetario de la OCDE, aparato transnacional de la demolición social, congruente con los intereses de quienes lo impulsan al Poder, presagia una clara trayectoria al futuro, sin esperanza para la justicia social.
Al abundar sobre la reforma energética, el senador Manuel Bartlett Díaz, dijo que dos motores impulsan esta apertura, la presión norteamericana y la corrupción de altos funcionarios que se preparan para participar en el festín del despojo de lo público por lo privado. Por lo pronto, el Gobierno ha soltado una soez campaña mediática para manipular a la opinión y tras una cascada de mentiras se ocultan los efectos y propósitos de la desnacionalización y su debilidad argumental.
Quienes vienen a transformar, para el retroceso histórico, no a administrar, creen que su sistema de imposición todo lo puede, se equivocan. Su mayoría hechiza, formal, no es mayoría en la Nación, es minoría. No se gobierna a una República imponiendo una y otra políticas en contra de intereses sociales legítimos y de sentimientos auténticos de la Nación. El Pueblo Soberano reclamará sin duda, sus derechos superiores.
Abundo que un Gobierno que opera con un Pacto de viejas y nuevas alianzas, que se cubren ahora con una vestimenta de consenso, en un programa cuyos compromisos determinantes no son ciertamente progresistas y que su Consejo Rector ha suplantado al Congreso de la Unión. Sus iniciativas definidas en cenáculos cerrados de dirigentes partidistas, se aprueban mecánicamente en este que debería de ser Poder Legislativo, hoy oficialía de partes, con dictámenes prefabricados que nadie lee en sesiones en las que se impide sistemáticamente el debate.
Así se aprueban reformas constitucionales intrascendentes y reformas profundas que alteran, sin debate, el auténtico Pacto, el Pacto nacional que está en la Constitución de la República.
La reforma laboral de la OCDE que amputa derechos de los trabajadores, en dirección contraria a nuestro avance histórico, reforma patronal para asegurar una competitividad que no existe mas que para favorecer la concentración del ingreso. La reforma en telecomunicaciones, apertura total de este instrumento de dominio trasnacional y regalo del 49% de la televisión que será sin duda televisión extranjera, que acelerará nuestra desnacionalización.
Se refirió también a la reforma educativa, sin serlo, que no es sino un injerto en el Artículo Tercero Constitucional, ese Artículo señero que ordena la educación para todos, una educación que sea de impulso obligado para integrar a una nación fracturada, en la independencia y en la justicia, no se compadece con esa incorporación de un estatuto laboral magisterial de excepción, para una supuesta “calidad” educativa que el Presidente repite como objetivo, que no existe en los textos que impulsa, pero que confronta a todo el sistema, reduciendo la educación a una tecnocrática evaluación, cuando lo que se requiere es la auténtica promoción de una educación preterida por el instaurado estado neoliberal privatizador, cuya versión se reproduce en el actual Gobierno. ASICh