Enrique del Val Blanco
Uno de los resultados más claros de la mundialización de la economía es que efectivamente todo está relacionado. Así, cualquier desajuste en alguna parte del mundo afecta a todos en mayor o menor medida. Por eso es que nadie puede decir que está a salvo. Y por lo mismo, las declaraciones del Ejecutivo federal y sus funcionarios con respecto a lo que está pasando en México hay que tomarlas con mucha reserva, sobre todo cuando uno constata lo que ocurre en la realidad.
En la revista Horizontes, número 16, que abarca de septiembre a noviembre y que edita el grupo financiero Banamex, se indica que “con motivo de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, la Reserva Federal tuvo que inyectar más de 120 billones de dólares en sólo 11 días para aminorar el nerviosismo y aumentar la liquidez de los mercados”. También, que el banco central europeo ha tenido que inyectar a los mercados cerca de 250 billones de dólares por dicha crisis.
Estos datos sólo son un ejemplo de una crisis que no acaba de solucionarse y que cada día está afectando a más y más bancos. Esta semana el Citigroup, dueño de Banamex, ha anunciado, según comentan los diarios, que su beneficio neto caerá 60% en el tercer trimestre del año comparado con el anterior, y asumirá pérdidas por cerca de mil millones de dólares. Como este ejemplo, vemos a diario uno nuevo en cualquier parte del mundo.
Toda esta crisis hipotecaria quizá signifique que estamos al final de una edad dorada del crecimiento económico estable, sobre todo para Estados Unidos, que ha gozado de varios lustros de alto crecimiento e inflación reducida, lo cual también por cierto nos ha beneficiado, debido a la gran dependencia que tenemos de él. Pero ahora que las expectativas se ven reducidas, también lo serán para México, en un momento en el que más necesitamos de inversión para poder crecer a ritmos que permitan absorber la cantidad de mexicanos que necesitan empleo.
Por eso es que el secretario de Hacienda y Crédito Público tiene razón cuando indica que el país, al igual que el resto del planeta, está siendo afectado por las alzas de precios. El problema radica en que las autoridades quieren que la medición del índice inflacionario sea la que dé cuenta de lo que está pasando, lo cual suena lógico, pero persiste otro problema más importante ya que, en una nación con la desigualdad tremenda como la que tenemos, una cosa es la inflación y otra muy distinta el alza de precios de productos básicos, como los alimentos y el transporte. Es decir, la carestía de la vida afecta a cerca de 70% de los mexicanos que son pobres o que sus salarios apenas les alcanzan para sobrevivir, por lo que no pueden hacer frente a los aumentos.
El gobierno asegura que el aumento en el precio de los alimentos de las últimas semanas no ha afectado porque la economía se ha mostrado “sólida para asimilar las alzas”. No se entiende claramente esta afirmación y más bien parece broma. La realidad está indicando que, por ejemplo, los aumentos de precios de los alimentos están avanzando casi al doble de lo que aumenta la inflación. Éste es el verdadero problema que, si el gobierno no le hace frente con rapidez, sí puede provocar una crisis impresionante, a pesar de los buenos deseos del Presidente de la República.
Muchas cosas están aumentando, algunas de ellas efectivamente como resultado de variaciones en los precios internacionales. El caso más claro es el del trigo para producir, entre otras cosas, los bolillos. El mes de septiembre que apenas terminó ha sufrido muchos aumentos de precios y éstos se pueden convertir todavía en escalada, sin haber entrado en vigor el aumento del precio de las gasolinas y otros productos, habiéndose eliminado el aumento mensual del gas y la electricidad; es decir, a pesar de que el gobierno ha congelado los aumentos de precios de venta de algunos productos que controla, la escalada de precios se está dando.
¿Qué va a ocurrir a partir de enero cuando supuestamente se pongan en vigor estos aumentos? La respuesta que se dé a esto es fundamental y sobre todo el análisis que haga el gobierno de los impactos que puede tener el aumento de los precios de las gasolinas, especialmente en el transporte. El jefe de Gobierno del Distrito Federal ya ha declarado que el transporte público subirá entre 10% y 15% cuando entre en vigor el nuevo precio. A partir de aquí es de esperarse que aumente un sinnúmero de productos.
Además, otro precio importante que también se revisa en enero es el de la fuerza de trabajo. No pretenderá el gobierno que la fijación de los salarios mínimos se haga sobre la base de lo que espera, en el papel, de inflación para 2008 que, según las estimaciones de la SHCP, la colocó en 3%, la cual hoy se ve que será superada. El aumento a los salarios deberá estar en función de las alzas que se registren, en la realidad, a raíz de la entrada en vigor de los nuevos precios en enero. Esta no es sólo una responsabilidad de los trabajadores; es también, y fundamentalmente, del gobierno, si no quiere que se genere una crisis mayor o entrar en etapas de salarios de emergencia o reinstalación de los pactos económicos. Tal como vamos, nos estamos acercando a ello.
La medición del índice inflacionario está bien para muchas cosas, entre ellas los reportes a los organismos intencionales y para los inversionistas que estén interesados en hacerlo en México. Hoy, para millones de mexicanos, más importante que saber el índice inflacionario, es saber cómo han crecido los precios en los pocos productos o servicios que consumen, que es lo que les afecta directamente.
El gobierno debe tomar en cuenta que inflación y carestía son fenómenos diferentes. Es decir, no es lo mismo 3% de inflación que 7% de incremento en los precios de la comida, como hoy ocurre en nuestro país.
Analista político y economista