Sara Sefchovich
El Estado es “la estructura de dominación reconocida como autoridad máxima, que tiene el monopolio de tomar decisiones para toda la sociedad y, de ser necesario, imponerlas mediante sanciones”. Este poder es de tal naturaleza que “por encima de él no existe ningún poder”.
La función del Estado es la de “articular y sintetizar la diversidad social en un conjunto más o menos coherente” y proteger a los individuos de “los lados oscuros” de los muy diversos y muchas veces contrapuestos intereses que existen. Esto lo hace a través de las instituciones que ponen en práctica sus acciones.
De modo pues, que el Estado no sólo tiene “la capacidad o posibilidad de actuar” sino la obligación de hacerlo: debe cumplir con ciertas responsabilidades (y nadie puede sustituirlo en esto) y debe “producir efectos con dicha actuación”. Eso es lo que sería “una forma de gobierno justa”, entendiendo por esto, “la que a todos satisface”.
Una de las responsabilidades más importantes del gobierno, consiste en atender demandas a las que se espera que dé respuesta: “Las estructuras ‘horizontales’ de la sociedad trabajando para que las estructuras ‘verticales’ de la política resuelvan sus problemas”.
Pero resulta que estas preciosas teorías de tan ilustres pensadores nada tienen que ver con nuestra realidad. Aquí las autoridades no sólo son ciegas, mudas y sordas sino que incluso prefieren no intervenir y dejar que los ciudadanos se las arreglen como puedan.
Una y otra vez vemos que la gente pide ayuda contra la delincuencia, contra algún abusivo que pone un negocio en la calle, levanta una construcción en un sitio prohibido, estaciona su automóvil donde impide el paso a los demás, se roba la luz, hace demasiado ruido o se apropia de los espacios colectivos. En cartas a los diarios, en mantas colgadas en las fachadas, en solicitudes a las delegaciones, en marchas y manifestaciones, se pide y espera que alguien intervenga para mediar en los conflictos y resolver los problemas, pero nunca se logra nada.
Una señora se queja de que las otrora tranquilas calles de la colonia Copilco Universidad se hayan vuelto centros de venta de alcohol y que los parques estén convertidos en hoteles de paso al aire libre, de modo que ya no pueden llevar a los niños a jugar; una familia pide ayuda a las patrullas porque sus vecinos hacen ruidosas fiestas varias veces por semana; un médico de un hospital del Seguro Social solicita que se le baje el volumen a la música de un puesto ambulante; un grupo de colonos al que los vecinos del fraccionamiento de junto les cerraron la calle por donde cotidianamente pasaban, obligándolos a dar una vuelta de más de cinco kilómetros para poder llegar a sus casas, no consigue que la Delegación les ayude. La respuesta de las autoridades a su petición es que “el asunto fue atendido sin llegar a un acuerdo, dando como resultado que el procedimiento conciliatorio quedara agotado conforme a la normatividad vigente. (Se puede) conciliar conflictos entre particulares siempre y cuando sean de carácter voluntario y con concurrencia de partes”. Dicho en español, ¡las autoridades dijeron que no pueden hacer nada! ¿Quién entonces sí puede? Pero eso sí, terminaban la misiva con un discurso sobre “el compromiso del gobierno delegacional para atender las solicitudes de los vecinos”.
Esto viene a cuento porque en estos días vimos el caso de un colegio particular clausurado y de mil estudiantes que no pueden asistir a clases porque los vecinos ya estaban hartos de los automóviles estacionados en doble y triple fila, impidiendo el paso y tapando sus entradas. Los dos lados tienen razón. ¿Quién va a conciliar? ¿Cuánto falta para que se desate la violencia?
Esa violencia que está siempre a flor de piel y no porque, como decía Paz, los mexicanos seamos seres oscuros, hostiles y vengativos por definición, sino simple y llanamente porque son acciones desesperadas que se hacen cuando no hay a quién acudir.
Recordemos los linchamientos cuando gente desesperada decide hacer justicia por su propia mano, porque las autoridades no la hacen. O el caso hace unos años del dueño de un taller mecánico a quien se le impedía trabajar porque la directora de un kínder cerró la calle para ampliar el espacio de juegos de los pequeños. Durante meses el hombre suplicó y rogó, a las maestras, a los padres de familia, a las autoridades delegacionales y policiacas, sin que nadie le hiciera caso. Hasta que un día lanzó su coche contra los niños matando e hiriendo a varios.
Necesitamos que las autoridades cumplan con su obligación, urge que exista gobierno.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM