Jorge Emilio González M.
La política fiscal de cualquier nación es un instrumento fundamental de la política económica. No se trata únicamente de incrementar los recursos a disposición del Estado vía la recaudación de impuestos para financiar el desarrollo, sino también de establecer incentivos adecuados para modificar las conductas de los actores económicos y de los mercados. Desafortunadamente, desde hace varios años se ha dejado de lado una reforma fiscal para mejorar el funcionamiento de los mercados en materia ambiental.
El actual proyecto de reforma fiscal presentado por el Ejecutivo federal tampoco consideró incluir una propuesta de impuestos verdes. Los llamados impuestos verdes no persiguen fines meramente recaudatorios, sino extrafiscales, es decir, pretenden mejorar la calidad de vida y proteger la salud de las personas, así como conservar y restaurar el medio ambiente, modificando los patrones de producción y de consumo. Los impuestos verdes pueden hacer cada vez más caro el hecho de contaminar, arrojar o generar residuos o utilizar productos tóxicos, a la vez que pueden premiar con la exención o devolución de dichas contribuciones a aquellos actores económicos que realicen prácticas de producción y de consumo más amigables con el medio ambiente.
Pese a que los impuestos verdes persiguen fines distintos a la recaudación de ingresos, de ningún modo adolecen de inconstitucionalidad. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado jurisprudencia en la que reconoce que las contribuciones pueden servir como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar.
La propuesta presentada por el Ejecutivo federal no consideró la inclusión de impuestos verdes, pese a recomendaciones de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de incorporar en la reforma fiscal impuestos ecológicos, dado el alto nivel de vulnerabilidad de México ante el cambio climático, que afecta directamente diversas actividades económicas como el comercio, el turismo, la pesca y la agricultura.
Desde luego, existen diversas propuestas en materia de impuestos verdes. El pasado 26 de abril el Partido Verde Ecologista de México presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de los Instrumentos Económicos de Carácter Fiscal Ambientales. Esta propuesta incluye contribuciones para el uso de combustibles, el uso de fertilizantes y plaguicidas, la compra de pilas y baterías, la compra de plásticos y lámparas incandescentes, las emisiones al espacio aéreo de bióxido de azufre, la venta de organismos genéticamente modificados, entre otros impuestos.
Con excepción hecha de las contribuciones que se proponen para el uso de combustibles y aprovechamiento de gas metano, los particulares podrían quedar exentos u obtener la devolución de los impuestos pagados, siempre que demuestren que se han establecido planes de manejo para la gestión de las pilas, que se compran lámparas fluorescentes ahorradoras de energía, que los plásticos están fabricados a partir de materiales reciclados o que se utilizan fertilizantes y plaguicidas orgánicos, etcétera.
Arrojar menos contaminantes al medio ambiente ahorrará a nuestro país enormes gastos en materia de salud. Además, los ingresos recaudados podrán utilizarse en la restauración, conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como en acciones de inspección y vigilancia.
Los ecologistas reconocemos la importancia de aprobar una reforma fiscal que permita al Ejecutivo federal cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. La propuesta de reforma fiscal actualmente en discusión contiene reformas constitucionales que, para poder aprobarse, requieren de una mayoría calificada de dos terceras partes, por lo que el respaldo de la fracción parlamentaria del Partido Verde al proyecto de reforma fiscal del Ejecutivo podría resultar imprescindible.
Presidente nacional del PVEM