Pedro Salazar
Todos sabemos que hay que refor-mar al Estado. Y que, dentro de esa reforma, es necesario implementar una reforma electoral, santo y bueno: nada más sensato que adecuar las instituciones a los cambios que la realidad exige. Lo contrario seria necio y miope. Y parece que en ello todos están de acuerdo: los partidos y sus legisladores, los líderes de opinión, los ciudadanos de a pie y, según nos informó el día de ayer, también el presidente Calderón. De hecho, la reforma electoral puede ser la primera gran reforma a las instituciones del Estado que se cocina sólo en el parlamento. Albricias. Pero, valga la obviedad, no todo cambio es positivo y no cualquier cambio abona en el terreno que da sustento a la democracia constitucional. Por eso no hay mucho más que retórica en los discursos que nos dicen: “Reformemos”, “sustituyamos”, “cambiemos”; el verdadero reto está en determinar qué reformar, las razones para sustituir, en qué sentido cambiar. El tema del eventual reemplazo de los consejeros del IFE sirve de pretexto para abordar estas interrogantes.
No logramos saltar de la transición a la consolidación: seguimos obsesionados con el árbitro. Uno por inmadurez democrática, otro por oportunismo y el tercero por pragmatismo, PRD, PRI y PAN, contaminan una buena iniciativa de reforma con una eventual remoción forzada y forzosa de los miembros del Consejo General. De nada sirvió que, en 1996, se estableciera en la Constitución el procedimiento de nombramiento, la duración del cargo, el monto de sus percepciones, el carácter exclusivo del trabajo y, por si no bastara, la ruta para una eventual destitución. El poder, en este país, sigue sometiendo al derecho. O, para ser preciso, manipulándolo a gusto y capricho. Si la operación se consuma: ¿Cuál es el margen de independencia y autonomía que tendrán los consejeros sustitutos? Habrá quien todavía confíe más en los hombres que en las leyes. No es mi caso.
Algunos enterados sostienen que la salida de los señores y señoras consejeros se ha convertido en una condición para alcanzar un amplio consenso que legitime la reforma. Pero, ¿qué significa legitimarla? ¿Lograr un acuerdo amasiado o reformar lo importante en el sentido correcto? Me ahorro la conclusión del silogismo retórico. El reto que impone la realidad actual a los reformadores está en el tema del acceso de los partidos a los medios electrónicos de comunicación. En la regulación de las precampañas. En la reducción del financiamiento que, como nos ha señalado Ciro Murayama, sólo tiene sentido si se atiende lo primero; en el fortalecimiento de las facultades fiscalizadores de la autoridad; y en las reglas que garanticen la democracia interna de los partidos, básicamente. Nada de esto está lógica, técnica o jurídicamente condicionado a la remoción de los consejeros y consejeras. Sostenerlo contrario es falaz .
Ahora bien, si la razón de la remoción constitucional es meramente política, ¿está justificada? No lo creo. Ni la forma en la que se conformó el Consejo en 2003, ni los errores y múltiples torpezas —por demás persistentes— de comunicación e, incluso, de operación del máximo órgano de dirección del IFE justifican el reemplazo anticipado de sus miembros. No, por lo menos, legalmente. Y, en un Estado constitucional, las decisiones políticas requieren justificación jurídica. Lo contrario es puro poder “de hecho”. Nada grave dirán algunos, sólo es cuestión de abandonar la ingenuidad para aceptar —parafraseando a Luis Salazar— que “las razones del poder pueden más que el poder de la razón”. Tal vez. Pero, ¿acaso no se trataba de construir un estado de derecho?; es decir, ¿un Estado en el que los principios, las instituciones y los derechos constitucionalizados constituyen un “cotovedado” para el poder político? Y no basta con argumentar —arropándose en formalismos— que la Constitución no se violará porque será esta misma el objeto de la reforma: Lo que importa —diría Ferrajoli— es proteger el contenido sustancial de la Constitución frente a las mayorías políticas por más amplias que éstas sean. Un Constitución sólo debe reformarse para fortalecer a las instituciones democráticas y para ampliar la garantía de los derechos. El reemplazo de los consejeros, en sí mismo, no supone ni lo uno ni lo otro.
Otra cosa sería que los consejeros renunciaran. Lo que no podemos negar es que los actuales miembros del Consejo General no cuentan con la confianza necesaria para arbitrar la elección de 2009. O, por lo menos, les será muy difícil hacerlo. Nadie puede arbitrar con éxito un partido en contra de los jugadores, ¿injusto? Tal vez, pero es un hecho difícil de remontar. Por ello, los consejeros y consejeras deberían valorar seriamente la posibilidad de renunciar a sus cargos. Pero es una decisión que sólo ellos y ellas pueden adoptar: hacerlo o no hacerlo formará parte de su responsabilidad histórica. Lo que no podemos aceptar es que por inmadurez, oportunismo o pragmatismo, los partidos atenten contra la estabilidad que —por décadas— se ha querido garantizar a las autoridades electorales.
Investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM