El juez no vio nada
Carlos Loret de Mola
El martes 10 de enero en la sede del Consejo de la Judicatura Federal se dio una escena poco común: la Comisión de Disciplina se reunió para notificarle personalmente a Javier Avilés Beltrán que había sido destituido de su cargo como magistrado.
El motivo: decretar la liberación de nueve presuntos narcotraficantes —le acusaron— sin siquiera juzgarlos, pese a que habían sido detenidos en flagrancia por elementos del Ejército mexicano.
La destitución había surtido efectos desde el 8 de diciembre de 2011, día en que oficialmente dejó de desempeñarse como magistrado, pero no se le había podido notificar personalmente porque había evitado recibir el citatorio para que se presentara ante la Comisión de Vigilancia.
Entre sus cercanos, el funcionario destituido difundió la versión de que era un “chivo expiatorio” que servía para dar respuesta a los reclamos del presidente Felipe Calderón en torno a la actuación de los jueces.
Desde que el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, llegó, hace justo un año, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, dos juzgadores han sido separados de su cargo y dos más están suspendidos y en investigación. Ninguna de las sanciones ha sido detonada por quejas que haya promovido el Ejecutivo, sino por investigaciones internas del Consejo de la Judicatura.
El caso del hoy ex magistrado Avilés Beltrán es más antiguo. Desde el 19 de noviembre de 2008, cuando ocupaba el cargo de juez Quinto de Distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, se le realizó una visita extraordinaria de inspección, y derivada de ella se le abrió una denuncia administrativa, la 2/2009, porque se detectó que se condujo con “notorio descuido en el ejercicio de sus funciones”.
Después de pasar por todo el proceso de revisión, finalmente se llegó a la conclusión de que cuando se desempeñaba como juez, en el juicio 109/2008, decretó auto de inmediata libertad a favor de nueve personas y no las sometió a juicio, a pesar de que fueron detenidas en flagrancia por elementos del Ejército mexicano, cuando descargaban de una lancha paquetes que contenían dos toneladas y media de mariguana, que luego colocaban en tres vehículos.
Al adoptar esta decisión, según el expediente que motivó su destitución, Avilés Beltrán realizó una indebida valoración de pruebas; llegó a conclusiones contra constancias; desestimó indebidamente los medios de convicción que obraban contra los inculpados; dio crédito a las versiones de éstos a pesar de que eran inverosímiles, imprecisas y contradictorias entre sí.
Avilés Beltrán no está totalmente fuera del Poder Judicial de la Federación. Todavía tiene la opción de impugnar su destitución ante la Suprema Corte de Justicia. Los ministros en ocasiones han ordenado la restitución de funcionarios sancionados pagándoles sus salarios caídos, así que falta ver si los togados piensan igual que en la Judicatura.