Historias de reportero

El gobernador tendrá un lunes negro
Carlos Loret de Mola
No se fueron de vacaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apenas un par de días para celebrar con la familia las fiestas, pero empezando por su presidente, el doctor Raúl Plascencia, se quedaron a hacer diligencias y peritajes, recibir declaraciones y comparecencias, por el caso de los asesinatos durante la protesta de estudiantes en la Autopista del Sol, en Guerrero.
Este lunes, la CNDH tiene en agenda dar un informe preliminar de su investigación. Fuentes del más alto nivel en el organismo revelaron que será duro contra los 96 policías que estuvieron en el lugar (26 federales y 70 locales, entre preventivos y ministeriales), los entonces procurador y secretario de Seguridad Pública guerrerenses, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Como el mensaje central será de rechazo a la impunidad —está por cumplirse un mes del hecho y no hay una sola persona consignada—, se estudia apuntar a los estudiantes que, al incendiar la bomba de la gasolinería, provocaron un incendio que derivó en la muerte del despachador, quien, en un gesto heroico de propia voluntad, intentó apagar el fuego.
Además, se prevé que extienda la Comisión una queja pública contra el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien señalarán de haberse negado a proporcionarles información sobre la actuación de sus elementos en el hecho.
Hasta ahora, los reportes de balística y el contraste de las pruebas obtenidas por la Visitaduría le llevan a delinear que tanto policías federales, como estatales preventivos y agentes ministeriales (judiciales, en el argot), dispararon armas de fuego durante la protesta estudiantil, y que los manifestantes no accionaron arma alguna sino que lanzaron piedras y bombas molotov.
Particularmente, todo apunta a que los disparos que con asombrosa precisión mataron a los dos estudiantes (ambos tenían un solo disparo en el cuerpo: uno en la cabeza y el otro en el cuello) provinieron del contingente donde estaban los agentes ministeriales de la procuraduría de Guerrero.
Y que hubo un mandato para “limpiar la carretera” después de la batalla, lo que implicaría responsabilidades personales y de Estado al gobernador, su ex procurador y su ex secretario.
La indagatoria de la CNDH cobra relevancia ya que la averiguación previa oficial está en manos de las procuradurías estatal y federal, pero ambos niveles de gobierno están también bajo sospecha por la actuación de sus policías.
SACIAMORBOS
Tras ver casi a diario su construcción, visitar sus entrañas durante su tropezada edificación, contemplarla ahora, detalladamente, en toda su estatura, confección y diseño; conocer que costó más de mil millones de pesos (el triple de lo proyectado), sabiendo que ya hay fecha para su inauguración, y considerando que se trata del monumento que debe conmemorar nada menos que el Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, yo, humildemente, propongo… demolerla.

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