Las organizaciones civiles peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hacemos del conocimiento público que hemos enviado comunicaciones urgentes dirigidas a las autoridades federales, estatales y organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado urgente para que prevengan una posible confrontación o ataque de consecuencias irreparables por el conflicto que se agrava entre el Municipio de Chenalhó y Chalchihuitán en la Zona Altos de Chiapas.
En ese sentido hemos solicitado vía oficio a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y a Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, que cumplan con las obligaciones de su mandato como autoridades para que eviten una inminente confrontación armada entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán que se agravó debido a que la entonces Secretaria de Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, entregó irresponsablemente, mediante resoluciones presidenciales de restitución y titulación de tierras, las mismas 900 hectáreas a comuneros de San Pablo Chalchihuitán en 1973 como de San Pedro Chenalhó en 1975, situación que ha provocado conflictos no resueltos por las autoridades federales y estatales.
En últimos meses el problema se recrudeció tras el asesinato del señor Samuel Pérez Luna, ocurrido en Octubre de este año, quien era poblador de la localidad Canalumtik, municipio de Chalchihuitán, lo que reactivó las confrontaciones entre ambos grupos, mismos que no pudieron resolver a través de las mesas de diálogo establecidas durante el mes de noviembre de este año, en la que intervinieron autoridades del gobierno federal y estatal, agrarias, militares, y de seguridad nacional sin llegar a resultados positivos, sin atender a la obligación que tienen tras ser causantes del conflicto como por responsabilidad institucional.
La falta de solución al problema agrario se complica con la existencia de grupos paramilitares, posiblemente relacionados con el narcotráfico y al ayuntamiento de Chenalhó, que atacaron a la población indígena tsotsil de Chalchihuitán que vive en las colindancias de los bienes comunales provocando el desplazamiento forzado interno de más de cinco mil personas, a través de amenazas, detonación de armas de fuego de alto calibre, quema de casas, robo de animales y cultivos, derivando un cerco paramilitar para el municipio de Chalchihuitán así como en la inseguridad y nuevos desplazamientos en toda la región.
Chalchihuitán se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema tanto de Chiapas como del país. Ante la omisión del Estado frente al caso, las autoridades comunitarias afectadas han declarado públicamente que se encuentran en “Alerta Roja” y que el problema se ha politizado con la disputa electoral entre los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) que representa la presidenta Rosa Pérez Pérez y el Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece el presidente de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, frente a lo cual el Gobierno ha demostrado su incapacidad para gobernar y garantizar la paz y seguridad en Chiapas.
Por la situación de violencia socio-política, la población desplazada está viviendo en condiciones infrahumanas que se agravan por el frío extremo, lluvia constante, falta de alimentos, abrigo, sin lugar donde protegerse, el cerco paramilitar y el aislamiento, han muerto hasta ahora cuatro niños y dos adultos. La atención médica que el Estado ha implementado es básica y no responde a las enfermedades crónicas que padece la población, las que se agravarán como resultado de esta crisis. Las mujeres, niñas y niños presentan cuadros de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, y otras que han agravado la histórica situación de pobreza, marginación y abandono institucional que se vive cotidianamente. El problema ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos, la imposibilidad de que los hombres salgan a trabajar, la amenaza de la pérdida de la cosecha de café, la falta de libre tránsito y la inseguridad.
Ante este problema de violencia estructural, una Comisión de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas realizamos una visita in situ, el pasado 9 y 10 de diciembre, en la zona de desplazamiento siendo testigos de la gravedad del conflicto, sobre todo de la difícil situación de las mujeres, niñas y niños desplazados en las montañas.
Las mujeres entrevistadas informaron que se sienten muy preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución del conflicto que les afecta directamente. Se sienten tristes por no poder regresar a sus casas, por los robos, por la quema de viviendas, por los abuelos y abuelas que no pudieron salir.
Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres.. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad.
Además de ser un problema originado por el Estado, la situación deja claro que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con el compromiso que adquirieron al declarar la Alerta de Violencia Género para Chiapas, y de manera específica para los municipios indígenas de la Zona Altos de Chiapas.
En vista de las circunstancias hacemos responsable al gobierno federal y estatal por la masacre que pueda suscitarse ante la falta de una solución oportuna como la ocurrida en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el pasado 22 de diciembre de 1997 en donde se responsabilizó a la población de los actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares. ASICh
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