Ramón Cota Meza
En sólo un año, el titular del Poder Ejecutivo ha sido obstruido dos veces y desairado una más por la bancada del PRD en el Congreso. Uno esperaría al menos una sanción por la mayoría encabezada por el PAN, el partido agraviado. En vez de eso, las tres fracciones principales, arrastradas por el PRI, urden una reforma electoral que incluye la defenestración del Consejo General del IFE, validando así la horrible mentira de que elección presidencial de 2006 fue fraudulenta.
La iniciativa contiene varios puntos positivos, pero éstos pudieron haber sido introducidos mucho antes de la elección de 2006 y del clamor ciudadano resultante. Presentados ahora con el propósito de remover a los consejeros del IFE, activan la sospecha de que los partidos intentan tomar control de la institución. Estamos pues ante el peligro de un retroceso en autonomía e imparcialidad electoral, precisamente lo que la ciudadanía del México democrático más aprecia.
Digresión: la semana pasada fue revelada la doble identidad del secretario de redacción de la mesa para la reforma del Estado, es decir, el redactor de la iniciativa de reforma electoral, senador por el PRD y delegado de Iztapalapa en 2000-2003, sucedido en el cargo por un hermano suyo sin que el público advirtiera el nepotismo en su postulación. Se menciona una relación estrecha entre el ahora senador y la presidenta perredista de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
La falsa identidad del susodicho habría sido gestionada en 1990 por el entonces secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, para librarlo de un cargo de desfalco, pero hay datos que apuntan hacia operaciones de espionaje en grupos guerrilleros. Esta información fue filtrada por inteligencia militar, al parecer con el propósito de desacreditar la iniciativa del senador para suprimir el fuero de los militares. El susodicho militó en la Liga Comunista 23 de Septiembre (Reporte Índigo).
El caso viene a remover la historia de guerrilleros y militantes izquierdistas rehabilitados por Gobernación en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, en el contexto de la reforma política de José López Portillo. Aunque el propósito de canalizarlos a la política legal fue legítimo, los operadores de seguridad usaron su posición de ventaja para convertirlos en colaboradores suyos o establecer con ellos relaciones de mutuo entendimiento.
Muchos militantes de este perfil están distribuidos en todos los partidos de izquierda y en movimientos sociales. Esto no quiere decir que todos ellos son agentes o espías, sino que mantienen algún grado de lealtad hacia los operadores de seguridad que los custodiaron hacia la política legal. Por necesidad, la mayoría de ellos son moderados. La fragilidad sicológica subyacente a su moderación los expone al chantaje moral de los elementos radicales no comprometidos con políticos priístas.
Esta exposición al escarnio podría explicar la ambigüedad del ala moderada del PRD, evidente en la postura de todos sus miembros. A diferencia de ellos, los perredistas ex miembros del ex Partido Comunista, del PRI y otros grupos y partidos no tienen esta carga porque entraron a la reforma política por la puerta de enfrente, no desde los sótanos de la vieja Dirección Federal de Seguridad, lo cual no les impide beneficiarse de las conexiones de los ex guerrilleros, de ahí el odio que mutuamente se profesan.
Tenemos pues una nueva fuerza política en ciernes: el viejo PRI de Gobernación y los izquierdistas vehiculados hacia la legalidad. Si esta narración es correcta, quedaría claro el propósito priísta de fortalecer al PRD con una reforma que desbancaría al Consejo General del IFE y establecería el recuento voto por voto cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea inferior a 1%. Esta última cláusula no prevé quién contaría los votos de nuevo.
La ley vigente requiere casi un millón de ciudadanos sorteados para hacer el conteo. Es obvio que no puede haber una instancia más confiable ni más acorde con el espíritu democrático. Una instancia superior sería ofensiva para la ciudadanía. La sola pretensión de que tal instancia es posible, derogaría el fundamento moral de la democracia electoral: que la ciudadanía garantice la limpieza del proceso.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político