Jorge Montaño
La formulación y ejecución de la política exterior de un país que se precie de actuar con seriedad en la escena internacional requiere del respeto de ciertas reglas básicas. Es innegable que la responsabilidad final de las decisiones radica en el jefe de Estado o de gobierno según el sistema constitucional, con la supervisión y coadyuvancia del legislativo. La complejidad de la materia aconseja encomendar a un cuerpo de profesionales, origen ancestral de la diplomacia de carrera, que asuman el trabajo delicado de presentar opciones que convengan a la realidad geopolítica del gobierno en cuestión. México no es la excepción. Hemos visto que en cinco meses el gobierno actual ha hecho un esfuerzo por rectificar, con apoyo del Servicio Exterior Mexicano, el quehacer sin rumbo que caracterizó al antecesor.
El acervo de experiencias que alimentan las líneas de conducción de la política externa tiene un componente histórico que cuando se ignora o subestima, como ocurrió en los últimos seis años, se incurre fatalmente en decisiones equivocadas. Cualquier estudiante de relaciones internacionales sabe que la vecindad hacia el norte ha llevado a los especialistas mundiales a considerar el ámbito de acción de nuestra política exterior como excepcional, dado el grado de dificultad en que opera para sortear la proximidad con la gran potencia.
Los entusiasmos iniciales de Fox por supuestas coincidencias con Bush condujeron a uno de los desencuentros más peligrosos de la época moderna en nuestra relación con Estados Unidos. Hacia el sur no sólo hubo desatención y desdén, sino que por primera vez reñimos e insultamos a gobiernos y gobernantes. De espaldas a los principios esenciales de no intervención y autodeterminación, hicimos a un lado la mejor de nuestras estrategias que nunca se supuso como camisa de fuerza, sino como referentes esenciales para la convivencia. Ahí se había ubicado la conducción de la actividad internacional del país.
No contento con la secuela de errores acumulados, el ex jefe de Estado pretende que la comunidad nacional e internacional sancione otra ficción, aceptando su condición de ciudadano que opina y actúa como si careciera de un pasado. Esta decisión de ignorar prácticas universales que obligan a mandatarios salientes a no estorbar el desempeño interno y externo del nuevo gobierno, en este caso proveniente del mismo partido, es inaceptable por los riesgos que genera para México. Su retiro a actividades privadas duró la víspera, y haciendo caso omiso del buen juicio, está empeñado en un riesgoso activismo que sin la investidura que solía detentar complica la tarea quirúrgica que realiza el gobierno de Calderón para enmendar los desaciertos que aislaron al país, causando el desdoro de la política exterior.
En los precedentes más cercanos frente a situaciones semejantes que tiene nuestra historia están los exilios forzados que por diferentes vías pero razones idénticas aplicaron en su momento los presidentes Lázaro Cárdenas y José López Portillo a sus descontrolados antecesores Calles y Echeverría. Al margen de la pertenencia al mismo partido, su actuación injerencista, carente de respeto, reclamó una decisión radical indispensable para preservar la integridad de la autoridad presidencial.
El comportamiento errático de Fox se puede asimilar en el anecdotario cuando sus acciones se reducen a ocurrencias menores, pero resultan inaceptables cuando dañan operaciones delicadas que demandan manejo discreto, para reconstruir el andamiaje esencial del nuevo papel de México en el exterior. La irrupción del ex presidente en temas de política exterior es un asunto serio que no puede minimizarse o beneficiarse de respuestas irritadas que le espetó con razón el mandatario venezolano, a quien, entre otros, ha escogido como parte de una cruzada fallida.
Con esta actitud, su posible elección como dirigente regional de partidos debería ser un tema de alta preocupación del Estado mexicano. La aparente decisión de Fox de obstruir el trabajo de su sucesor no puede reducirse a un asunto interno del PAN, ya que tiene un compromiso ante la ciudadanía de respetar prácticas no escritas de silencio y discreción. Es necesario que se imponga la sensatez, en cuya ausencia será necesario aplicar medidas correctivas seguramente dolorosas para el presidente Calderón, pero a eso lo obliga el juramento constitucional que rindió ante el Congreso de la Unión.
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Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales