Angel Mario Ksheratto
Deforestación y corrupción
Parece un sueño: un diputado ecologista, (Alejandro Orantes Coello, dicen que se llama) ha tratado de poner el cascabel al gato en el tema de la escandalosa deforestación que se da en Chiapas y que las autoridades competentes se han negado a ver con responsabilidad. Antes bien, se han convertido en cómplices y hasta promotores del saqueo forestal, aunado a la terrible corrupción que se desata por ésta temporada en que inician las quemas previas a las siembras en el interior de la entidad. La postura del legislador es rescatable puesto que el asunto principal es la exigencia de reglas claras y transparencia plena. Los talabosques -legales e ilegales- siempre habían tenido una especie de “representación” en el Congreso del Estado y eso había impedido la creación de leyes contundentes para frenar la tala inmoderada y la corrupción que se ha generado.
Basta recordar que en algunas legislaturas recientes, los principales deforestadores ocuparon una curul e incluso, se hicieron leyes a modo, de tal manera que se privilegió la ilegalidad. Esas leyes fueron aprobadas incluso, por los ecologistas que llegaban a calentar las sillas del salón del pleno. Hoy parece que hay, por lo menos, una actitud distinta que sin embargo, deja dudas puesto que el asunto del tráfico de maderas preciosas es tan socorrido, que no faltará quien se acerque al ahora defensor de la naturaleza y en cuestión de días, cambie de parecer. Siempre ha sido así; no nos sorprendería si finalmente, el dicente termina aprobando leyes contrarias a su actual postura o sencillamente, guarda sospechoso silencio.
Francamente, no esperamos eso; quisiéramos tener un poco de confianza en su postura y arengar a su lado las consignas que sean necesarias hasta meter a los taladores de bosques en cintura. Es inocultable el tráfico de madera. Cualquiera que esté dispuesto a probarlo deberá solamente sentarse un par de horas en cualquiera de los dos libramientos capitalinos y se dará cuenta la cantidad de trailer’s y camiones que circulan en ésas arterias, repletos de madera. ¿A dónde la llevan? ¿Quién los controla? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? ¿Quién otorga los permisos? ¿Bajo qué criterios se expiden “licencias” para sustraer enormes cantidades de madera? ¿Quién se beneficia con las “mordidas” a los transportistas de madera ilegal? ¿Qué relación hay entre los taladores clandestinos y los taladores “legales”? ¿Quién realmente se beneficia con los cobros indebidos de la COFOSECH a taladores de los dos bandos? ¿Ha informado esa Comisión al Congreso sobre la falta de normativas internas que han ocasionado una serie de irregularidades técnicas y administrativas?
Mañas pasadas
La actual preocupación del diputado Orantes Coello (insisto: que no sea alegrón de burro su interés ecologista) radica en la intención de las mismas dependencias encargadas de velar por el medio ambiente de frenar la legislación de leyes más certeras. Es en sí, una acusación escandalosa la del representante popular. Si la SEMARNAP, la PROFEPA y la CNF se oponen a la creación de leyes sustentables que eliminen las canonjías de los talabosques, signo inequívoco es que están coludidas con éstos. Eso es grave. Quiere decir que el medio ambiente está en manos de auténticos mercaderes del poder público y no en las de ambientalistas comprometidos con la sociedad. Resulta entonces que para los funcionarios de esas dependencias, el negocio es redondo y la creación de leyes que los inhiban, les parece nocivas para sus egoístas pretensiones y vicios.
No debemos olvidar que una de las fuentes de corrupción más grandes han sido las dependencias encargadas de velar por la naturaleza. ¡Cuántas veces no hemos señalado las corruptelas en la COFOSECH con pruebas irrefutables¡ Y eso que es una “Comisión” pequeña pero que sin embargo, se ha prestado para una serie de escandalosos actos de corrupción que, lamentablemente, siguen bajo el manto de la complicidad y la impunidad. Es solo un ejemplo. Y todavía tienen el descaro de mandar correos electrónicos tratando de ocultar los yerros y raterías. ¿No hay, acaso, una autoridad competente y con pantalones que los meta en cintura? Parece ser que no. Vemos entonces que la intención del Congreso, es hacer una ley justa y equitativa, contundente y capaz de terminar con la corrupción, pero encuentran férrea oposición de las dependencias encargadas de aplicarlas. Ahora sí que, el pato tirándole a las escopetas. De nuevo: Ojalá que el legislador que ha tenido los arrestos para denunciar tal cosa, no nos vaya a salir con una pata más larga que la otra y en cuestión de billetes, termine cediendo. Ojalá estemos equivocados.
Tarjetero
*** Patricia Cantoral Marina y Vicente Laddaga Reséndez no conocen de lealtades y tampoco recuerdan su negro historial. Pablistas los dos, han omitido cualquier recomendación del Ejecutivo para luchar contra la corrupción y se han dedicado a “limpiar” los expedientes de los funcionarios de la dictadura que tomaron dinero de los afectados por el huracán “Stan”. Por si fuera poco, ambos se han dado a la tarea de perseguir a los sabinistas con auditorías verdaderamente de risa. Habrá qué recordar las razones por las que Laddaga Reséndez estuvo preso y sacar las conclusiones. La pregunta es: ¿Cómo un exconvicto por fraude puede ahora auditar al gobierno mismo? ¿Sabe el gobernador el historial de ese personaje? Ya le tendré parte del expediente de dicho personaje. Por lo pronto, los sabinistas -y el propio gobernador Sabines- deben cuidarse de Cantoral Marina, quien jura a los cuatro vientos que tiene a todos, “de los cojones”. Así lo ha afirmado en más de una ocasión. *** Alejandro Pastrana no se mide: defiende a capa y espada a una cantina recién abierta a 30 metros de una universidad, cuando la ley es clara y exige una distancia de 250 metros. Como “asesor” del Ayuntamiento, Pastrana ha ignorado las peticiones de decenas de vecinos afectados e incluso, de la administración de un hotel cuyos huéspedes se alejan por el escandaloso ruido por las noches. Habrá más. *** Luego nos leemos.
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