Cosme Vázquez /ASICh
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, forma parte del frente de unidad que se ha conformado en el país, a fin de contar con un sistema ordenado de evaluación de las 75 acciones previstas en el Acuerdo Nacional sobre Seguridad, Justicia y Legalidad.
Por ello, el Ombudsman chiapaneco participó en la reunión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por el presidente José Luis Soberanes Fernández, donde 28 comisiones y procuradurías estatales de DH determinaron crear el frente y suscribieron un acuerdo publicado en medios de circulación nacional. El acuerdo de los titulares de DH en el país destaca la importancia de observar minuciosamente el ejercicio de las funciones de las Procuradurías y Ministerios de Justicias del país, a fin de “evitar que servidores públicos que vulneren la ley, continúen laborando en las instituciones encargadas de brindar seguridad pública”.
Entre otras medidas concretas se establece en el acuerdo tratar de contar con indicadores sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión dictadas por jueces penales y las pendientes de ejecución, pues el incumplimiento de tales órdenes es uno de los cotos de impunidad que caracterizan a la procuración de justicia en la mayoría de las entidades del país.
El frente de unidad de los 29 Ombudsman, entre ellos el de Chiapas, establece también la necesidad de recabar información que lleve indicadores confiables sobre el quehacer de las procuradurías, para que se elimine el subregistro de delitos cometidos a causa de la extendida práctica del Ministerio Público del fuero común de elaborar “actas circunstanciadas” o “actas especiales de hechos”, con las que se evita de manera artificiosa iniciar averiguaciones previas.
Los Ombudsman proponen, asimismo, se analice y avance en la propuesta de “conformar una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público, encargada de investigar los delitos en los que se encuentren involucrados policías y otros miembros del área de seguridad pública”.
Como resultado de la reunión, expresaron su preocupación por las condiciones de la seguridad pública, los presidentes y procuradores de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acordaron conformar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito que mejore los esfuerzos de todas las dependencias públicas en los tres ámbitos de gobierno, con el fin de lograr la prestación de servicios de asesoría jurídica a las víctimas, atención médica y psicológica de urgencia y el establecimiento de medidas de seguridad y auxilio en su favor.
Los organismos públicos firmantes participarán en la elaboración del Censo Nacional de Delitos no Denunciados que será parte del segundo informe nacional sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
Asimismo, aportarán indicadores respecto de la incidencia de servidores públicos de las áreas de seguridad pública en las quejas que se presentan ante los propios organismos de derechos humanos por presuntos abusos u omisiones de agentes de la autoridad. ASICh
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