En una nueva escalada de presiones comerciales dentro de la región norteamericana, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de la Representación Comercial (USTR), puso sobre la mesa una propuesta formal para imponer un incremento arancelario del 10% a las importaciones provenientes de México. Sin embargo, la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que confirma que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) actuará como un blindaje definitivo para la inmensa mayoría del comercio nacional.
Tras una jornada de consultas de emergencia con sus contrapartes en Washington, la dependencia mexicana precisó que el 85% del volumen total de nuestras exportaciones hacia el mercado estadounidense se encuentra completamente exento de esta medida, al cumplir cabalmente con las estrictas reglas de origen dictadas por el acuerdo trilateral.
El origen de la disputa: La Sección 301
El amago de EU surge como resultado de una exhaustiva investigación conducida por la USTR bajo el amparo de la llamada Sección 301. Dicho informe señala la presunta omisión y falta de aplicación efectiva de medidas por parte de un bloque de 60 naciones —entre las que figuran la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y el propio México— para frenar la triangulación e importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.
Como mecanismo de sanción o presión internacional, la administración estadounidense diseñó un esquema impositivo escalonado. Mientras que para México y otras 13 economías aliadas se plantea un recargo del 10%, las 46 naciones restantes bajo la lupa enfrentarían un arancel generalizado del 12.5 por ciento.
Sectores blindados y el frente de negociación
De acuerdo con la información compartida por la SE, la restricción no solo respetará los flujos validados por el T-MEC, sino que dejará intactos a los sectores estratégicos que operan bajo normativas específicas. Es el caso de los bienes catalogados dentro de las órdenes 232, salvaguardando ramas críticas de la industria pesada mexicana como el sector automotriz, el acero y el aluminio.
No obstante, el foco de preocupación se traslada ahora al 15% restante del valor exportable mexicano que carece de dicha cobertura arancelaria preferencial. Para defender este flanco, el Gobierno de México dispondrá de un periodo de gracia: la propuesta de la USTR no es de ejecución inmediata, sino que abre una ventana de consultas de 45 días naturales.
Con información de EL INFORMADOR