-David Martínez Hernández-
EL AMBIENTE SE PRESTA PARA UN ENFRENTAMIENTO ENTRE CIVILES
Mientras que el gabinete del Gobierno de Chiapas actúa por su propia cuenta, sin tomar decisiones concertadas, reprimiendo y reculando a la vez, muchos de ellos ausentes en la Mesa Chiapas y en la Mesa de Seguridad, el magisterio disidente sigue suelto, “como Juan en su casa”, afectando a terceros, amenazando a los maestros que piensan regresar a clases y a aquellos que fueron contratados para sustituirlos, tomando y sellando las escuelas para que nadie invada su centro de trabajo, tapando carreteras, bloqueando casetas, cobrando cuotas, tomando plazas comerciales, etc.
Al mismo tiempo, padres de familia polarizan posiciones. Unos a favor del magisterio, apoyando y defendiendo sus centros de trabajo para que no ingresen los sustitutos o los que cubren interinatos; y otros, manipulados por autoridades educativas combaten en los medios de comunicación a los mentores, incluso en algunas regiones se han apoderado de las escuelas para no permitir el ingreso de los disidentes.
El ambiente se presta para el principio de un enfrentamiento entre civiles, los que tal vez al final de todo este desliz serán los que pongan las víctimas, porque el gobierno de Chiapas está ciego, sordo y mudo ante tan complicada situación.
La fuerza sindical del magisterio de la CNTE se volvió a manifestar con una supermegamarcha, como la de la semana anterior, en la que participaron entre 35 mil o 40 mil personas, entre maestros, campesinos, estudiantes, normalistas, trabajadores e indígenas de diversas regiones del estado.
La movilización, tuvo tres objetivos: protestar contra la reforma educativa, sumarse a la tercera jornada de paro nacional convocado por la dirección general de la CNTE y también conmemorar la matanza del 2 de octubre.
A lo largo del recorrido, que fue custodiado por unidades de Tránsito y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se unieron al contingente estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNICACH; de la Normal Rural “Mactumatzá”, y de organizaciones campesinas y sociales del estado.
GOBIERNO DE OAXACA DIVIDE A MAGISTERIO
Un nuevo grupo de maestros se desprendió de la sección 22 de Oaxaca, manipulados por el gobierno de Oaxaca, el que está de acuerdo en recibir una nueva sección sindical para disminuir la fuerza del magisterio oaxaqueño.
Es así como ha surgido otro grupo de profesores independientes que afirman estar dando clases extramuros, por lo que exigen al gobierno de Gabino Cué su reconocimiento y libere los salarios a los profesores que sí están trabajando en las aulas.
Trascendió que el grupo de catedráticos es de menos de 800, pero argumentan que tienen la fuerza de convocatoria para agregar a un mayor número de seguidores a su causa si el gobierno les da la mano.
Los docentes son ajenos a las secciones 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y advierten que ofrecen su trabajo profesional como parte de un acto de voluntad, exigiendo que instituciones estatales les respeten su esfuerzo.
Incluso, piden a la Secretaría de Educación Pública (SEP), les otorgue su reconocimiento para que puedan suplir a los profesores en paro.
REITERA AMINISTIA INTERNACIONAL QUE PATISHTAN ES INOCENTE
Una vez más, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades mexicanas para que pongan en libertad a Alberto Patishtán, el indígena tzotzil y maestro bilingüe del estado de Chiapas que lleva 13 años encarcelado.
Esta detención prolongada es una muestra más de que en México las personas indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos humanos, como es vivir sin discriminación y tener un juicio justo.
Este hombre fue condenado por el asesinato de siete policías, pero Amnistía considera que el proceso judicial y la sentencia en su contra son injustos. Recientemente, el Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) rechazó la petición de reconocimiento de inocencia que solicitaron tanto organizaciones de derechos humanos como miles de personas. La actitud del tribunal implica que ya no queda ningún recurso efectivo dentro del sistema mexicano para corregir la injusticia que está viviendo Alberto.
Amnistía Internacional reconoce la gravedad del múltiple homicidio ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas, pero insiste en que el estudio del caso hecho por la organización indica que Alberto Patishtán no participó de estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad y amparados por quienes urdieron la incriminación.
Como en otros casos documentados por Amnistía, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.
En 2002 se le sentenció y hasta en tres ocasiones le denegaron cualquier posibilidad de revisión del caso, pero hay demasiados indicios de irregularidades que no fueron evaluadas correctamente para corregir la condena. De ahí la insistencia de la organización.
En el proceso celebrado hace unos meses en Tuxtla se pretendió demostrar que, según la reforma constitucional en derechos humanos, y la propia jurisprudencia del poder judicial federal desarrollada desde 2000, la evaluación de las pruebas de cargo y de defensa debió haber protegido derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de inocencia por considerar que los avances recientes en la jurisprudencia del poder judicial no constituyen “prueba novedosa”, al tiempo que reconoce que su decisión “no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”.
En definitiva, que el Tribunal ha desaprovechado la posibilidad de revisar esta sentencia a la luz de los nuevos estándares de protección de los derechos humanos y sigue empecinado en negar que haya habido irregularidades en el proceso. Resulta preocupante que el poder judicial evite analizar esta sentencia teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos que ya forman parte de la Constitución mexicana. Y todo, porque no quieren admitir que se han equivocado. O porque hay intereses de otro tipo, como encubrir a los verdaderos culpables o satisfacer las ansias de venganza de determinados personajes.
En esta historia, según Amnistía, nunca se investigó la influencia del alcalde del municipio vecino al de Patishtan. EL hijo del edil sobrevivió al ataque que se le imputa al indígena, y el único que le señaló, por lo que el padre le acusó formalmente y comunicó el “supuesto” móvil del crimen, además de facilitar una fotografía, para que se le pudiera identificar. Así se emitió una orden de localización y, con ayuda de testigos no presenciales, pero que colaboraron en su detención, las autoridades consiguieron encerrarle.