David Martínez Hernández
CHIAPAS, TERRENO MINADO POR CONFLICTOS RELIGIOSOS
Chiapas se ha significado a nivel nacional como una entidad donde la intolerancia religiosa tiene una tendencia a la alza, por la nula actividad gubernamental para evitar su expansión. Es un terreno minado, sobre todo en comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas, donde los usos y costumbres se tornan justificantes y medios de presión para activar delitos, los que generalmente quedan impunes.
Diversos medios de comunicación han dado cuenta de la realidad chiapaneca en este punto débil de la política gubernamental.
Un reportaje de la compañera Tania Montalvo de la Agencia Animal Político, publicó ayer que las organizaciones Coordinación de Organizaciones Cristianas y Voz de Los Mártires-México (VDLM-México) tienen documentados al menos 29 casos sin resolver durante 2012 y en lo que va de 2013.
En tanto, el gobierno de Chiapas, por su parte, reporta que en ese mismo año sólo hubo 10 “controversias religiosas” e informó que atendió y resolvió el 100% de las controversias por motivo religioso sin que haya casos pendientes. Para el gobierno estatal la problemática es inexistente. No hay nada que resolver. No hay conflictos.
El reportaje de la periodista señala que la Secretaría de Gobernación, instancia federal encargada de la política de libertad de cultos en el país, reportó en su Informe de labores 2012 que el año pasado se atendieron nueve conflictos de carácter religioso, que se mantienen en vías de resolución conforme a los tiempos establecidos en la ley.
Luis Herrera, presidente de la Coordinación de Organizaciones Cristianas, conformada por siete organizaciones religiosas, tres en Chiapas, dos en el Distrito Federal, una en Tabasco y otra más en Nuevo León; dice que hay más de mil personas sin atender afectadas de diferentes formas.
Para el abogado de los evangélico, los focos rojos están en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque; en donde hay comunidades en las que han podido documentar que a quienes aceptan profesar una religión distinta a la católica se les prohíbe el acceso al agua, no dejan que los niños asistan a la escuela, les quitan el derecho a recoger leña, a atender sus parcelas o que sus animales puedan pastar.
“Los intimidan, les dicen que si los ven orando o que si van a una Iglesia los van a correr de la comunidad. Hemos tenido el caso en el que los líderes ejidales amenazan con que no las van a dejar llegar a las oficinas de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) para cobrar los beneficios de los programas sociales”, dice Luis Herrera en entrevista.
Susana Montes, responsable del área de atención regional del Centro, dice que los conflictos se agravan debido a la omisión y la impunidad del gobierno estatal.
“No investigar y resolver la violencia es lo que permite que haya impunidad y la gente piensa que puede volver a actuar de manera impune y que no se va a castigar. No se están atendiendo los conflictos de raíz, vemos que no hay voluntad para hacerlo sólo hay una administración del conflicto”.
SIN CUMPLIRSE RECOMENDACIÓN DE LA CNDH
El gobierno de Chiapas ha sido omiso a cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En noviembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció como una violación a derechos humanos la destrucción de un templo evangélico en Los Llanos, San Cristóbal de las Casas, y de doce viviendas y recomendó al gobierno estatal “garantizar el retorno de los desplazados al ejido Los Llanos (…) así como la pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan”; recomendación que hasta la fecha no ha sido atendida ni cumplida.
Las cuatro familias que intentaron regresar a la comunidad de Los Llanos en junio pasado son protagonistas de uno de los treinta conflictos que organizaciones religiosas y civiles denuncian que existen en la entidad en comunidades regidas por usos y costumbres, en las que las asambleas votan para expulsar a la minoría religiosa o prohibir la práctica de su fe.
Allí en Los Llanos, ocho personas fueron retenidas y golpeadas por pobladores de la comunidad en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el pasado 25 de junio.
En total, 31 personas sufrieron la violencia de esa tarde en la que evangélicos que fueron expulsados en 2010 de la comunidad intentaron regresar a sus hogares, pero se encontraron con un grupo católico que les bloqueó el paso y les exigió “el pago de una multa” para salir con vida.
“Llegamos ahí a la comunidad y nos pararon, de inmediato se empezaron a comunicar que vinieran todos para que no nos fuéramos. Eran como el cuarto para el mediodía y nos agarraron, nos ataron y primero nos llevaron arrastrando por las piedras hasta el centro de la comunidad. Ahí nos desnudaron y nos vendaron los ojos, nos habían agarrado como a diez de nosotros. Nos bañaron de gasolina y nos empezaron a golpear y nos dijeron que nos iban a prender fuego ahí en la comunidad. Unos querían enjuiciarnos ahí y quemarnos, pero para no hacerlo mejor nos pidieron dinero. Las multan, que les llaman, el rescate. Nos preguntaban a nosotros ‘¿cuánto vale tu vida?, ¿cuánto vas a pagar por tu vida?’. Y entonces le pusieron precio”, narra Esdras Alonso González, pastor fundador de la Iglesia evangélica Alas de Águila, a la que pertenecen las familias que fueron atacadas.
El conflicto religioso en Los Llanos inició en mayo de 2009, cuando en la comunidad regida por usos y costumbres, la asamblea decidió que no querían que en sus tierras se profesara la religión evangélica ni que existiera un templo de esa iglesia, por lo que la mayoría votó a favor de su destrucción.
Según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2010, tras la demolición del templo, también se atacó las viviendas de al menos cuatro familias que aceptaban profesar la religión evangélica y se les expulsó de la comunidad.
Los afectados buscan regresar a la comunidad en la que nacieron y reclaman el derecho sobre sus tierras, también han denunciado robo y despojo de pertenencias y de las cabezas de ganado que poseían; mientras que los católicos argumentan que la asamblea que los rige ya no los identifica como parte de la comunidad.
Chiapas es el estado del país con mayor diversidad religiosa. De los 4 millones 796 mil 580 habitantes, el 58.30% son católicos; el promedio más bajo entre las 32 entidades federativas, pues se ubica 25 puntos porcentuales debajo de la media nacional.
PRESION DE ARTICULISTA DE LA JORNADA
Carlos Martínez García, articulista de La Jornada emitió una Carta Abierta dirigida al gobierno de Chiapas, en el que señala lo siguiente: “Del incumplimiento de las disposiciones de la CNDH da cuenta que a dos años y medio de que el organismo emitió sus recomendaciones (30 de noviembre de 2010), los expulsados de Los Llanos siguen refugiados en San Cristóbal de Las Casas, y que cuando creyendo que contaban con la protección del gobierno de Chiapas para retornar al ejido, ellos y sus acompañantes solidarios fueron dejados en el desamparo y el resultado es que fueron duramente golpeados, amarrados y amenazados de ser quemados por sus antiguos perseguidores .
Funcionarios que laboran en el gobierno que usted preside, en lugar de ofrecer garantías a quienes continúan exiliados para que pudiesen regresar a Los Llanos, simplemente permanecieron inactivos y uno de ellos declaró al experimentado reportero de La Jornada, Elio Henríquez, que “se le avisó al pastor Esdras [Alonso], que no había condiciones para que se intentara el regreso de los evangélicos, pero no hizo caso”. ¿Y qué no es obligación de usted y los funcionarios gubernamentales de Chiapas hacer que esas condiciones existan? ¿Cuánto más tendrán que esperar los expulsados para que haya condiciones que hagan posible su regreso? Llevan tres años y medio en un refugio lacerante, ¿será que por ser indígenas, y además protestantes, el destino de ellos y ellas carece de importancia para el gobierno de Chiapas?
Las responsabilidades que evadió solventar el gobernador Juan Sabines Guerrero, le corresponde a usted cumplirlas y hacerlas cumplir. Usted, al tomar, posesión del cargo gubernamental que tiene hizo juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución mexicana y la del estado de Chiapas. Los evangélicos de Los Llanos tienen derechos reconocidos por los instrumentos legales citados, derechos que han sido flagrantemente violentados, y es su deber darle solución a tan indignante situación.
La inacción de las autoridades abona el terreno para que los intolerantes sigan por el camino que niega a otros sus derechos. Por desgracia conflictos como el de Los Llanos acontecen en otras partes de la geografía chiapaneca. La Coordinación de Organizaciones Cristianas ha dado a conocer que son al menos 21 comunidades las que presentan conflictos religiosos y en todos esos casos los agredidos son indígenas evangélicos”.