-David Martínez Hernández-
Legitima elecciones pero no le dan importancia
Increíble pero cierto. En Chiapas todo ocurre y todo pasa como se decía en los boletines del gobierno anterior “ inédito, histórico, sin precedentes”.
En efecto, pero ahora lo “inédito, histórico y sin precedentes” es el caso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) órgano que se dedica a organizar, preparar, realizar, contar y legitimar los votos de los ciudadanos y resulta que el actual presidente de dicho organismo, Adrián Sánchez Cervantes, en entrevista a un medio local declaró que el gobierno de Juan Sabines Guerrero es el responsable de la deuda de 60 millones de pesos que mantiene entre demandas y negociaciones al IEPC.
“No le dieron importancia al instituto; la autoridad hacendaria anterior debió ser correspondiente y apoyar con recursos suficientes”, dijo sobre los 321millones 591 mil 45 pesos que la Secretaría de Hacienda Estatal otorgó al IEPC el año anterior, “dinero que, incluso, nos dieron en pagos”, declaró al medio que lo entrevistó.
HoyAñadir un evento para hoy, Adrián Sánchez destapa la cloaca y acusa a la administración estatal anterior de desestimar la labor del IEPC en 2012, porque no le otorgó recursos económicos suficientes para organizar las elecciones de gobernador, diputados locales y miembros de los 122 ayuntamientos.
Resulta que el presupuesto que recibió fue menor al ejercido en 2007 y 2010, pese a que en esos años “no se eligió al gobernador del estado, y sólo se renovaron 118 ayuntamientos”.
De la deuda de 60 millones de pesos, detalló: 400 mil corresponden a sueldos de funcionarios que participaron en las elecciones locales 2012; y el resto a pagos de proveedores estatales y nacionales como Talleres Gráficos de la Nación, empresa a la que –dijo- el IEPC debe cinco millones de pesos por la provisión de boletas y actas utilizadas en el proceso electoral.
Adrián Sánchez informó que en 15 días el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (OSFCE) realizará una auditoría en el IEPC para determinar si hubo o no un buen ejercicio de los recursos públicos en 2012.
A pesar de la deuda que tiene con los proveedores de insumos, el IEPC sigue funcionando y este año tiene autorizado un presupuesto de 107 millones 46 mil 719 pesos, de los cuales, 80 millones corresponden a las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos, y el resto, poco más de 27 millones, servirán para pagar sueldos e impulsar la participación ciudadana mediante foros, conferencias, mesas redondas y otras actividades.
Ante la crítica situación económica que enfrenta el IEPC, Adrián Sánchez consideró que debe debatirse la alternativa de disminuir el recurso que reciben los institutos políticos en años no electorales e incrementar el presupuesto de los órganos electorales locales para fomentar la cultura cívica.
“Inédito, e histórico” reparto de Notarías Públicas
Una gran rabia del tamaño de los “chuchos” perredistas que en su época estallaron en cólera por el supuesto robo de la elección a favor de Manuel López Obrador, es la que hoyAñadir un evento para hoy destilan abogados de gran valor y de talla profesional al enterarse, por los medios de comunicación y por el Diario Oficial del Estado, del reparto discrecional y al vapor de notarías públicas realizadas días antes del ocaso del gobierno de Juan Sabines Guerrero.
La rabia es la de abogados de renombre que han hecho fila para obtener una Notaría Pública y jamás han sido tomados en cuenta; sobre todo cuando se enteraron que algunos funcionarios actuales de primer nivel, varios hijos de estos, diputados locales, expresidentes municipales con problemas de desfalcos económicos, líderes y exlíderes de partidos políticos, un periodista, un chantajista que amenazó con el amparo si no lo tomaban en cuenta, y hasta parientes cercanos a la familia política del gobierno anterior, obtuvieron mediante el sistema “fast-track”, su anhelada notaría, como premio a sus “maquiavélicos oficios”.
Incluso, los miembros del Colegio de Notarios están sorprendidos del “modus operandi” del reparto grotesco y sin escrúpulo de las últimas 58 notarias que se entregaron como “bolo padrino” a los supuestos “abogados que cubrían los requisitos”, violando así la Ley del Notariado del Estado de Chiapas.
Las reacciones a este hecho “inédito, sin precedentes e histórico” vendrán de repente y con todo el peso de la ley, sobre todo para quienes siendo funcionarios públicos fueron galardonados con notarias, así como a sus hijos, pues hay delitos tipificados como el tráfico de influencias, abuso de poder y responsabilidades como servidores públicos.
Pero como en Chiapas suceden cosas inéditas, históricas y sin precedentes, la pregunta que está en boca de todos es ésta: ¿Llegará la justicia a estos servidores públicos?