Cosme Vázquez /ASICh
Se está todavía en el proceso de probable solventación de la cuenta pública en lo referente al ramo 33 de parte de los ayuntamientos, inclusive de Tapachula y Arriaga, declaró el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, Francisco Sau Yánez. En tanto, declaró que comparte con los otros dos poderes del Estado la lista de las personas inhabilitadas para el servicio público, que suman alrededor de 100, a fin de evitar que aquellos inhabilitados se vayan a otros lugares de la entidad para incorporarse.
Consultado al término de haber firmado con el presidente municipal de Tuxtla, Jaime Valls Esponda, dos convenios de coordinación y acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, confirmó que se ha practicado auditoría a los municipios de Tapachula, Arriaga y Chiapa de Corzo, entre otros.
Los resultados aun no se tienen porque hay un periodo de 45, una vez que se concluye la auditoría para que puedan solventarlos las anomalías que se detectan.
En caso de que no se solventen los gastos entonces se pasa el caso a las instancias jurídicas para determinar si existieron responsabilidades ya se de carácter administrativo o de carácter penal.
Dijo que en caso del municipio de Tapachula se detectó anomalías en más de 30 millones de pesos, pero se está por concluir el proceso de solventación. En el caso de Arriaga todavía no se ha concluido con la auditoría, subrayó.
Precisamente, dijo que convenios como los firmados ahora con el Ayuntamiento de Tuxtla sirven para fortalecer la fiscalización de los recursos del ramo 33, así como para cerrar puertas a los inhabilitados.
Inclusive anotó que las auditorías se traen de manera cotidiana, por lo que ya son varios municipios los que han sido auditados en torno al uso que dieron a los recursos públicos.
Sau Yánez expuso que el año pasado se auditó aproximadamente el 30 por ciento de los recursos que recibieron los ayuntamientos a través del ramo 33. ASICh