Diego Valadés
Existe la idea de reducir el tamaño del Congreso. Las razones no me parecen convincentes, porque no es el número de sus integrantes lo que impide la toma de acuerdos. Lo que facilita o dificulta este proceso es el diseño general de las instituciones. Por otra parte, el mayor número posible de legisladores contribuye a que los partidos cuenten con opciones para acomodar sus diferentes corrientes. Entre más estrecho sea el margen para esa distribución, más se acentuará el verticalismo en el interior de los partidos. Un sistema representativo bien diseñado implica la presencia de partidos que auspicien el pluralismo, incluso en su ámbito interno.
El eje del sistema representativo es el Congreso de la Unión. En cuanto a este cuerpo se registran diversos cambios, a partir de 1963, mediante los que se procuró responder a las necesidades de legitimarlo. La introducción de los diputados de partido fue la primera reforma orientada a fortalecer el sistema representativo.
Los sucesos de 1968, cuando sólo habían transcurrido tres años desde la incorporación de los diputados de partido, y otros factores sociales y políticos, generaron una fuerte presión en cuanto a la necesidad de abrir los cauces del sistema representativo. Fue esto lo que se consiguió mediante las reformas sucesivas de 1977 y de 1986.
Empero, se hizo ostensible el rezago del Senado, preservado como una especie de válvula de seguridad para el sistema dominante. El Senado comenzó a representar un escollo para el fortalecimiento del sistema representativo. Después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, tuvieron que transcurrir casi 60 años para que la oposición alcanzara un lugar en el Senado, en 1988. Esta situación obligó a adoptar dos reformas (en 1993 y 1996), conforme a las cuales fue transformado el viejo esquema que le daba al Senado una relación con el sistema federal, para convertirlo en un órgano del sistema representativo de la nación.
El Senado ha adquirido un carácter plural del que carecía, pero ha dificultado el funcionamiento de los partidos políticos. La existencia de dos cámaras que entre sí compiten, y cuyos integrantes no siempre corresponden a las mismas corrientes de sus respectivos partidos, produce el extraño efecto de que en ocasiones en ambos cuerpos legislativos los mismos partidos suscriban tesis opuestas o divergentes. Es una paradoja haber fortalecido al sistema representativo al tiempo que se debilitó el sistema de partidos.
De la relación fluida entre el gobierno y el Congreso dependen decisiones concernidas con el bienestar de la población. En tanto que no sea posible remover o superar los obstáculos que limitan una comunicación constructiva entre esos órganos del poder, seguirá siendo difícil alcanzar los acuerdos legislativos y políticos que hagan fluida la vida institucional. A este déficit en las relaciones entre el gobierno y el Congreso se suma el actual diseño constitucional para la integración y el funcionamiento del Congreso, que imprime notas representativas similares en ambas cámaras, pero en condiciones que no favorecen entre ellas conductas cooperativas.
Por ejemplo, las dos cámaras aprueban las normas de tributación, pero sólo competen a una las bases de erogación, y las leyes adoptadas por ambas tienen una jerarquía inferior a los tratados que ratifica sólo el Senado. Estos problemas son el resultado de una construcción institucional realizada por agregación casuista, sin advertir los efectos contraproducentes que se generarían.
Existen instrumentos constitucionales que hacen posible la cooperación entre las fuerzas representadas en los congresos, como el gobierno de gabinete. Este sistema ayuda a superar las tensiones en el interior de los partidos, porque se basa en mecanismos que alienten la cooperación entre todas las corrientes y las organizaciones políticas. Lo que hoy ocasiona dificultades para la gobernabilidad no es el tamaño del Congreso. Más aún, su reducción, preservando la estructura y el funcionamiento actual de los órganos del poder, ocasionaría serios perjuicios para la convivencia interior en los partidos políticos y desencadenaría luchas por el control de las maquinarias de dominación partidista, que harían todavía más compleja la vida política del país.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM