Mauricio Merino
La semana pasada se aprobaron las reformas electorales a la Constitución y también se definieron posiciones políticas: los que estamos a favor de los cambios (o de algunos de ellos) y los que prefieren mantener el statu quo. Me interesa subrayar el segundo punto, pues creo que el retrato tomado durante los últimos días será duradero.
Desde luego, fuimos testigos de la presión política de las televisoras privadas (y de sus aliados), que se han pronunciado inequívocamente por dejar las cosas tal como están.
Los medios privados han echado mano de todos los argumentos que se les han ocurrido para proteger sus ingresos (más de 3 mil 500 millones de pesos ganados durante la campaña de 2006), y han utilizado el espacio mediático para oponerse a la “expropiación” de los tiempos oficiales que serán distribuidos entre los partidos. No tengo ninguna duda de que esa es la razón principal de su oposición.
Sin embargo, han esgrimido otras: la libertad de expresión, la amenaza a la autonomía del IFE y el riesgo de una “partidocracia”. En cada una de esas razones hay argumentos de peso y preocupaciones legítimas, pero también hay verdades a medias y datos falsos. El de la libertad de expresión, por ejemplo, es un debate muy relevante. Pero habría que darlo con los supuestos correctos, pues la reforma no atañe a los comunicadores ni a los medios masivos, ni a nadie más que no sean los propios partidos: son ellos quienes han decidido autorregularse, para evitar la denigración de instituciones, partidos o personas durante sus campañas políticas. Sin embargo, los partidos han encontrado defensores de oficio entre quienes se oponen a la reforma.
Los partidarios del statu quo quieren que las campañas sean totalmente libres, y que no sólo sigan durando más de seis meses (o un año, contando las precampañas), sino que además cuenten con el mismo financiamiento público y con abundantes recursos privados, que sirvan para seguir contratando tiempos en radio y televisión. Y quieren también que ese tiempo se utilice (como sucedió en 2006) para emprender campañas negativas sin límite. Ese es el statu quo que defienden.
Desde otro mirador, algunos analistas han observado que la regulación que prohíbe las campañas negativas traerá nuevos conflictos entre partidos y autoridades electorales. Y en este punto creo que tienen razón: será muy difícil para el IFE establecer criterios exactos para interrumpir los mensajes de los partidos que caigan en la denigración, y no dudo que los propios partidos diluyan la frontera entre la crítica razonable y el agravio que merece censura.
La reforma supone campañas elegantísimas, basadas en la propuesta y acompañadas de un indudable respeto hacia los adversarios. Algo difícil de creer. Pero en todo caso, los comunicadores profesionales y todos los medios podrán decir lo que sea, sin restricciones de ningún tipo.
En este sentido, se ha señalado también que la reforma abre la puerta al dinero entregado a trasmano, para usar esa combinación entre la censura hacia los partidos y la libertad plena a los medios, con fines aviesos. En otras palabras: que mientras las campañas transcurren entre algodones, en los espacios mediáticos habrá verda-deras batallas campales, auspiciadas con dineros ocultos. Y es probable que así sea: que liberados de las negociaciones comerciales con los partidos, los medios (y los líderes de opinión más notables) puedan tener la tentación de hacer política abierta a favor o en contra de algún candidato o de algún partido político. Y nadie podrá negarles ese derecho. Pero los partidarios del statu quo olvidan que eso también puede suceder (y de hecho, sucede) en la situación que ahora tenemos.
La autonomía del IFE no es un tema menor. Y menos aún si se toma en cuenta la forma en que se decidió escalonar la salida de los integrantes actuales del Consejo General de esa institución. Sin matices, no sólo se culpó a ese grupo, y a su consejero presidente en particular, de los problemas electorales que vivió México en 2006 (como si los partidos no tuvieran la responsabilidad principal), sino que además se actuó en su contra con una hostilidad lamentable. Todo eso es verdad. Pero el IFE no es una isla autárquica, ni el control del Legislativo es nuevo.
Desde 1996, en el Consejo General participan consejeros de ese poder, cuya función es precisamente vigilar el funcionamiento del órgano electoral, y participar de sus decisiones, a nombre de las fracciones parlamentarias. Quienes defienden el statu quo ignoran que la autonomía del IFE se definió respecto de la participación del Ejecutivo, que salió desde hace 11 años de la organización de los procesos electorales. Y esa decisión se mantendría vigente. En cambio, el Legislativo seguiría siendo la instancia política superior del IFE (como de hecho ya sucedía), del mismo modo que el Judicial seguiría controlando el apego a la ley de sus decisiones. Con o sin reforma, ese doble control ya es parte del diseño electoral mexicano.
Finalmente, es verdad que los principales partidos políticos aparecen hoy, a diferencia de cualquier momento previo en la historia de México, como los actores centrales del régimen político del país. Pero eso no sucedería como consecuencia de esta reforma, sino que fue el producto de la que se pactó en 1996.
Los partidarios del statu quo no estarían ayudando un ápice a modificar esa situación, sino a perpetuarla. En cambio, la reforma electoral en curso abre al menos la posibilidad de que las decisiones siguientes permitan volver a la ruta de la llamada “ciudadanización” de las autoridades electorales y de la participación franca de otros grupos académicos y civiles, que en buena medida se perdió en 2003.
Creo, en suma, que no vale la pena defender más fantasmas. Fue el statu quo el que nos llevó a los conflictos de 2006. Y si bien la reforma en curso está lejos de ser perfecta, tiene la virtud enorme de auspiciar la reconstrucción de la vida política del país, en términos institucionales. Hay que concederle, al menos, el beneficio de la duda.
Profesor investigador del CIDE