Alberto Aziz Nassif
La competencia político-electo-ral llegó acompañada de un pasajero que poco a poco se ubicó en el lugar central del espacio público: los medios. Problema, por cierto, que no es exclusivo de México, sino que se ha generalizado en las democracias mediáticas. Manuel Castells señala que “la política mediática es una operación cada vez más cara. Los actores políticos padecen infrafinanciación crónica y la brecha entre los gastos necesarios y los ingresos legales ha aumentado de forma exponencial (…) esta es la matriz de la corrupción política”.
La reforma electoral de 1996 estableció un esquema mediante el cual los partidos políticos tenían acceso a medios masivos, con el objetivo de generar condiciones de equidad en la competencia. El objetivo se cumplió, pero el modelo trajo consigo otro problema: la sujeción de la política al dinero y a la televisión. Once años después, con la reforma electoral de 2007, se rompe este esquema. El juego cambió.
Hasta que la reacción de los medios a la reforma se desplegó con toda su crudeza —una reacción enmascarada en discursos sobre la libertad de expresión— se pudo comprender el tamaño de la reforma y su dimensión. La rebelión mediática mostró la cara y la máscara de la lucha que se está librando en el país. No se trata de un enfrentamiento entre libertades y autoritarismo, o entre libertades y mordazas, sino una pugna entre poderes fácticos y poderes constitucionales.
La dimensión de la reforma tiene varias vueltas; se trata de un tiro que pega en diversas bandas. Nadie duda del creciente poder que han logrado tener los medios y sobre todo la televisión; estamos ante poderosas industrias que han llegado a modelar la vida pública, a marcar la agenda cultural y, en cierto sentido, la agenda política del país. A partir de las elecciones de 2000, los medios empezaron a jugar un papel definitorio, y el enorme gasto de los partidos en los medios definió los términos de la contienda presidencial. Los medios se llevan la mayor tajada del gasto electoral de los partidos y, además, modelan y modulan la contienda.
México llegó a la alternancia política a través de una severa mediatización. Mucho dinero público, poca regulación en los medios y una competencia política que generalizó la alternancia son piezas del jugoso mercado de la política electoral mediática. El monto del dinero define el espacio en los medios electrónicos. El primer presidente de la alternancia redefinió la cancha favorablemente para los medios, y por un arreglo en lo oscurito —ese sí fue un pacto completamente opaco— en 2002 Fox decidió que 12.5% del tiempo a que tenía derecho el Estado dejaba de existir, y los tiempos del Estado se redujeron a unos cuantos minutos diarios (18 minutos en televisión y 35 en radio). La cancha mediática se fortaleció más.
El circuito del dinero político empezó a circular en una amplia avenida, los recursos que salían del Estado llegaban al IFE, intermediario entre la Tesorería y los partidos, y de ahí se iniciaba la compra de spots en radio y televisión para precampañas y campañas electorales. Un gasto creciente, un círculo vicioso de campañas mediáticas y dinero. En 2006 los partidos gastaron en esta transferencia siete de cada 10 pesos.
Pero además gastaron millones de pesos que nadie fiscalizó en las precampañas. Hasta la fecha hay 281 mil spots de los que nadie se hace responsable. Además, la política mediática creció, porque en tiempos no electorales los gobiernos de todos los niveles y todos los poderes del Estado entran a la política mediática, a promover personali-dades y crear candidatos con objetivos de legitimación, más que de información. Quizá el mercado de la política mediática ha crecido tanto o más que el mercado comercial de las empresas.
Con esa fortaleza la “mediocracia” necesitaba aprovechar la sujeción de la política y esperó el momento de mayor vulnerabilidad para la clase política, es decir, un proceso de sucesión presidencial, para convertir sus fortalezas en privilegios y dar el siguiente paso: una nueva ley de radio y televisión, lo que se conoció como la ley Televisa, que fue aprobada vía fast track en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 y a finales de marzo de 2006 se aprobó en el Senado. Así se empezó a cerrar el círculo de una “mediocracia” privilegiada que había logrado una nueva ley para sus intereses.
Sin embargo, un año después las cosas empezaron a cambiar. Fue la controversia constitucional de un grupo plural de 47 senadores lo que sirvió para empezar a desandar el camino. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió hace unas semanas la inconstitucionalidad de varios artículos de esa ley y cambió la correlación de fuerzas. La historia que siguió fue la reforma electoral que se aprobó en estos días, y de forma central, el cambio en el modelo de comunicación que marca un rumbo diferente para la política. Para la clase política se trata de una emancipación, es decir, un regreso de autonomía a la política y un cese a la sujeción mediática, que ya se había convertido en grave distorsión para la vida pública del país.
Ahora la lucha de los medios no es sólo por dinero, sino por la pérdida del control sobre un espacio; por la pérdida de la capacidad de incidir en candidatos y partidos de una forma determinante. Porque el nuevo modelo reivindica a un Estado que, a pesar de todas sus vulnerabilidades, todavía tiene capacidad de regulación frente a los poderes fácticos. Así que la confrontación que surge por esta reforma tiene una cara real, a la que los medios le han querido poner una máscara: la lucha por la libertad de expresión frente a la “partidocracia”, y con ello han querido taparle la cara a la reforma, que es una modificación constitucional a la “mediocracia” política. A los medios, como a cualquier actor, hay que entenderlos no por lo que dicen, sino por los intereses que representan.
La reforma va, aunque todavía se necesita la aprobación de al menos 16 congresos locales. Ya empezaron las batallas de los medios para presionar a gobernadores, alcaldes y legisladores. En los próximos días y semanas veremos los enfrentamientos entre la “mediocracia” y la clase política en los estados. Por lo pronto, el juego cambió.
Investigador del CIESAS