José Luis Calva
La intervención de la Reserva Federal estadounidense reduciendo las tasas de interés, precedida por la inyección de 400 mil millones de dólares a los mercados financieros por los bancos centrales de Occidente, parece haber amainado la tormenta desencadenada por la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo. Sin embargo, no está claro si apenas se trata de los primeros ajustes de una megaburbuja financiera, ni cuál será la magnitud de sus efectos sobre la economía real.
Ciertamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, ha tratado de tranquilizar a los mercados afirmando que las pérdidas causadas por la tormenta serán absorbidas sin provocar recesión, pero ha reconocido que el ajuste sufrido por el sistema financiero “ejercerá un castigo sobre la tasa de crecimiento”. Queda por verse la verdadera magnitud del castigo.
Para México, lo peor sería confiar en que el problema esté realmente “acotado a los mercados financieros de los países desarrollados”, descartando la “posibilidad de contagio” a los mercados emergentes, según declaró Pascual O’Dogherty, director de análisis del sistema financiero del Banco de México. Mucho peor sería confiar en que “México tiene una economía sólida, que puede enfrentar perfectamente la volatilidad originada por factores externos”, como declaró Juan Manuel Valle, asesor del secretario de Hacienda (El Financiero, 17/VIII/07). Aunque históricamente hay mucho de mito en el adagio popular según el cual “si Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía”, no hay que echarlo en saco roto.
De hecho, todas las crisis financieras y de la economía real padecidas por México durante el último cuarto de siglo han sido detonadas por choques externos. En 1982, los detonantes fueron: la caída de los precios internacionales del petróleo, el alza de las tasas internacionales de interés y la restricción de liquidez para los países subdesarrollados, la cual hizo imposible refinanciar los vencimientos de la deuda externa (“se nos acabaron las fichas”, fue la expresión de JLP), encaminando a México hacia la moratoria.
En 1994, el factor detonante fue el vuelco de las tendencias financieras internacionales, cuando la Reserva Federal estadounidense inició una escalada de alzas en sus tasas de interés, induciendo a numerosos inversionistas a retirar o reducir sus colocaciones en mercados emergentes. “La liquidación —informó en su momento The New York Times, 28/VI/94— produjo el desplome de los bonos de 9% en el mundo en desarrollo durante el primer trimestre, según el índice de J.P. Morgan”. Para México, la restricción de liquidez impidió financiar el descomunal déficit de cuenta corrien-te, desencadenando el colapso financiero de diciembre, seguido por la más grave crisis de la economía real padecida por México desde la gran depresión.
Sería ilusorio suponer que nuestra economía es ya invulnerable a la restricción de liquidez en los mercados emergentes y a la caída de los precios petroleros internacionales. Por estas mismas causas, en 1998 nuestro país sufrió un nuevo descalabro, de dimensiones ciertamente menores: la crisis del bath tailandés desencadenó el “pánico generalizado” (Soros) en los mercados emergentes, sucedido por la caída de los precios petroleros internacionales.
Ciertamente, los mecanismos de transmisión de los choques externos sobre la economía mexicana son cada vez distintos. En esta ocasión, la crisis desatada por la burbuja hipotecaria podría afectar la demanda privada y la producción en amplios sectores de la economía estadounidense, acentuando su desaceleración. Los efectos serían múltiples: caída de la demanda de importaciones procedentes de México y de otros países; caída de los precios internacionales del petróleo; reducción de la demanda de mano de obra y disminución de las remesas.
Para México, el resultado agregado sería un menor crecimiento económico y un mayor deterioro de las balanzas comercial y corriente, en un entorno financiero de aversión al riesgo y restricción de liquidez para mercados emergentes.
No hay que esperar que la casa se nos caiga encima y la tormenta nos arrastre. Hay acciones de defensa civil que debemos emprender. Por razones de espacio sólo mencionaré algunas. Primera, dar curso a una versión corregida y aumentada de la iniciativa de reforma tributaria basada en impuestos sobre el ingreso (véanse nuestras entregas del 9/VIII/07 y 15/VIII/07), a fin de fortalecer las finanzas públicas, eliminando el riesgo de recortes presupuestales y ampliando los márgenes de maniobra para políticas fiscales contracíclicas.
Segunda, deslizar nuestro tipo de cambio. Un escenario de desaceleración y desequilibrio comercial es el peor para tener un peso fuerte: es necesario inducir un proceso de deslizamiento silencioso (o, por lo menos, tolerarlo, sin intentar detenerlo mediante mayores tasas de interés), a fin de reducir el desequilibrio externo sin contraer la demanda interna agregada, resguardando y ampliando así nuestra producción interna de bienes y servicios.
En el largo plazo, reducir nuestra dependencia de la economía estadou-nidense, mediante una nueva estrate-gia de desarrollo e inserción en la economía internacional.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM