SaraSefchovich
Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca, en el cual afirmó que habían sido graves las violaciones cometidas y que no había encontrado voluntad política por parte de las autoridades para resolverlo. También el Parlamento italiano manifestó su preocupación porque en México no se respetan los derechos humanos ni se cumplen los acuerdos con los que el país se ha comprometido a nivel internacional.
No es la primera vez que los organismos internacionales hacen esas declaraciones. De hecho es al contrario, lo han venido diciendo repetidamente. “Transcurrió un año más en que los problemas de derechos humanos en México recibieron una inadecuada atención por parte de las autoridades”, decía el informe 1999 de Human Rights Watch; en 2000 la relatora de la ONU, Asma Jahangir, y de nuevo en 2001 el relator Dato Param Cumaraswamy se fueron con una maleta llena de denuncias. Y así año tras año. La propia AI lo hizo en 2006.
También las ONG nacionales lo denuncian una y otra vez y en el verano del año pasado, el mismísimo presidente de la CNDH acusó a la PGR de usar la tortura como método para interrogar a los detenidos. Textualmente dijo que era “tapadera y alcahuete de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales” y le llamó La Torturaduría.
Dos meses después, el Comité Técnico contra la Tortura de la ONU reiteró la acusación. Durante su 37 periodo de sesiones y frente a la delegación mexicana encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, la encargada de elaborar el informe afirmó categórica: “Hay una contradicción entre lo que el gobierno mexicano dice, lo que hace y la realidad. Por eso es que nos preguntamos: si han hecho tanto como dicen, entonces, ¿dónde están las fallas? ¿Por qué la tortura y la impunidad persisten?”.
Y sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano es siempre la misma: cuando se trata de organizaciones no gubernamentales, las desmiente: desde no saber la verdad hasta especular, desde pretender descalificar al sistema de justicia mexicano hasta proponerse denigrar a México (como hizo el gobierno de Chihuahua con las acusaciones por las mujeres muertas en Ciudad Juárez), desde meterse en cuestiones internas que vulneran nuestra soberanía hasta responder a intereses oscuros. El gobernador de Oaxaca tuvo la respuesta típica con el informe de AI: “Las denuncias expresadas son aventuradas y sin ningún fundamento”.
Cuando se trata de instancias como la ONU o algún gobierno, como no se atreven a tratarlas así, simplemente guardan silencio. Y si se trata de algún grupo o persona mexicanos, la descalificación es brutal. La respuesta que recibió el ombudsman por parte de la PGR (y también de la Presidencia de la República) fue una andanada de acusaciones que abarcaban desde su supuesto involucramiento en la manipulación y ocultamiento de pruebas, hasta calificativos como “ligero, irresponsable y temperamental”, y “que hacía declaraciones sólo producto de su ánimo personal”.
Pero la verdad está allí: en México se violan los derechos humanos. Y esto no es esporádico o accidental sino que forma parte consustancial de la estructura misma del Estado; como afirma Miguel Sarre: “El sistema de justicia está estructuralmente diseñado para ser violatorio de los derechos humanos, propicio a la detención arbitraria, a la fabricación de culpables y a la tortura”.
Y no sólo del Estado, también de la sociedad. Según Teresa Jardí, “la nuestra es una sociedad y una cultura profundamente antidemocráticas en las que está profundamente arraigada la violación a los derechos humanos”. Por eso no es cuestión de leyes, sino como dicen Sergio Aguayo y Carmen Feijoó, de “cambiar las formas de reaccionar y de actuar de las personas”, lo cual no es fácil, dado que “éstas no sólo perviven sino que se reproducen. Neutralizar las barreras creadas por la inercia de los prejuicios requiere de años de confrontaciones después de las leyes”.
Nuestras leyes sobre derechos humanos no codifican la práctica sino los ideales que el gobierno se siente obligado a convenir ante el mundo en su deseo de ser aceptado en la cofradía de los países civilizados. Por eso sucede que mientras somos el segundo país donde más periodistas mueren asesinados y todos los días hay “ejecuciones” atribuidas al narco y la muerte de una anciana indígena se “resuelve” con argumentos poco convincentes, el Presidente hace un discurso en el que ¡“refrenda su compromiso con la protección de las garantías y las libertades fundamentales”!
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Escritora e investigadora en la UNAM