Alejandro Gertz Manero
La educación para todos es una garantía constitucional que está refrendada en la Ley General de Educación, al señalar que alumnos, maestros e instituciones públicas y privadas constituyen, sin excepciones, el sistema educativo nacional, obligando a dichas instituciones a impartir, sin distinción alguna, un servicio público nacional, accesible y de calidad para todos los mexicanos sin discriminaciones ni prerrogativas.
En materia universitaria, la Constitución responsabiliza al Estado de promover y atender todos los tipos de educación, incluyendo la superior, y por ello cada año se destinan 71 mil 200 millones de pesos de nuestros impuestos a las universidades públicas para atender a los alumnos que tienen el extraordinario privilegio de ser aceptados en esas instituciones, donde pagan colegiaturas y servicios a precios muy reducidos, obteniendo así un subsidio de más de 50 mil pesos anuales por cada estudiante del millón 400 mil que asisten a ellas.
Lamentablemente, cerca de 300 mil jóvenes son rechazados anualmente por las universidades públicas que no tienen ya cupo para ellos, lo que los obliga a optar por el fraude de la universidades patito, que han proliferado gracias a la irresponsabilidad oficial, fundamentalmente de autoridades locales; o bien ingresan a las universidades privadas de alta calidad de la sociedad civil, que en los últimos 30 años se han ganado el respeto de la comunidad y de los sectores productivos, gracias a sus resultados académicos que compiten con éxito con las instituciones públicas, y eso lo corroboran millones de egresados, muchos de los cuales han ido ocupando lugares muy señalados en los sectores público y privado del país.
Frente a esa realidad, la nueva legislación fiscal establece una discriminación inconstitucional y socialmente inaceptable, ya que por una parte el gobierno subsidia a universidades públicas y a sus estudiantes, mientras pretende aplicar impuestos a las universidades privadas y consecuentemente a sus alumnos, estableciendo un trato discriminatorio a instituciones educativas que realizan exactamente las mismas funciones públicas que las del sector oficial, y también a sus estudiantes que deben tener los mismos derechos de aquellos que han ingresado a las universidades del Estado.
Asimismo, se pretende rechazar la deducción de los salarios de los académicos de las instituciones privadas, cuando ese rubro llega a significar para ellas hasta 80% de sus costos, mientras que en buena parte del sector industrial dicho costo laboral no llega ni a 10%, creando así una discriminación inaceptable a los emolumentos y prestaciones de los académicos del sector privado, que verán truncadas sus aspiraciones profesionales y salariales.
Otro tema muy preocupante es la negativa a deducir las donaciones que se les hagan a las universidades privadas, lo cual va contra todos los criterios internacionales y de la OCDE, que promueven y estimulan la educación privada para evitar su descapitalización, la erosión de sus servicios y su desaparición paulatina; lo que propiciaría que cientos de miles de estudiantes se queden sin una opción digna para educarse.
Ahora bien, cuando cualquier institución educativa privada, que cumpla con sus deberes académicos, tenga también por objeto obtener lucro y dividendos para sus socios, obviamente deberá cumplir con las mismas obligaciones fiscales de cualquier negocio, sin pretender ningún tipo de privilegios en ese aspecto, porque ello sería igualmente injusto e inaceptable para las necesidades impositivas del país.
Para resolver toda esta situación, debemos propugnar por más subsidios a la educación pública de calidad dándole un trato semejante y equitativo al sector privado para beneficio de todos los estudiantes mexicanos sin distingos ni discriminaciones.
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Doctor en Derecho