Manuel Espino Barrientos
La reforma que ha propuesto el presidente Felipe Calderón avanza significativamente en el principio de justicia social que anima a su gobierno. No hay duda que, se trata de una reforma que puede lograr el apoyo de las principales fuerza políticas del país. Con ello consigue atajar obstáculos políticos mayores a redirigir la hacienda pública hacia una recaudación justa y capaz de enfrentar la deuda social que, como nación, tenemos los mexicanos con la población más desfavorecida de nuestro país.
Pero es además una reforma integral que avanza en los aspectos torales del cambio institucional en materia hacendaria: promover un gasto público eficaz y transparente, otorgar a los estados y municipios mayores facultades tributarias, combatir a quienes han gozado de privilegios para evadir y eludir al fisco y fortalecer las finanzas públicas con fuentes de ingreso estables y seguras.
En efecto, el presidente Calderón ha enunciado estos cuatro pilares que sustentan la reforma para establecer claramente que lo más importante es lograr que la hacienda pública pueda incrementarse de manera sistemática, atendiendo a un criterio elemental de justicia recaudatoria y articulando una visión fiscal de largo plazo que nos permita seguir efectuando cambios de fondo sobre una hacienda pública cada vez más justa y cada vez más sólida.
Esto sin duda es un objetivo a alcanzar si queremos seguir construyendo un país más competitivo, que atraiga la inversión necesaria para la generación de empleos que los mexicanos demandan. Pero lograr una hacienda pública más justa, más fuerte, más eficaz y más transparente -como ha explicado el secretario de Hacienda, Agustín Carstens- es absolutamente imprescindible para que, en un contexto de competitividad y democracia, nuestro país pueda atender las necesidades más urgentes de nuestra población.
Con la actual propuesta, no sólo se logra la mejor reforma posible en las actuales circunstancia políticas sino que se abre el camino para que gobierno y sociedad sean capaces de hacer posible lo necesario para superar la pobreza.
En otras palabras, el desarrollo de los mexicanos y de sus familias ha de lograrse sobre una base sustentable, entre otras cosas, porque la hacienda pública se reforma para fortalecerse en el presente y para seguir transformándose cuantitativa y cualitativamente en años por venir. En suma, el principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, que es nada menos que el desarrollo humano sustentable -entendido como el proceso permanente de ampliación de capacidades de las personas sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras- requiere necesariamente de una hacienda pública fortalecida en el presente y susceptible de fortalecerse en el futuro.
No es posible que nuestro país, sencillamente, recaude un porcentaje tan reducido del producto interno bruto y que lo haga, en una proporción tan elevada de los ingresos por venta de crudo. Es cierto que durante la administración pasada nuestro país avanzó en áreas tales como lograr el combate a la evasión y fortalecer tecnológicamente el Sistema de Administración Tributaria, el SAT.
En el presente, nuestro sistema tributario es capaz de recaudar aproximadamente entre 16% y 17% del PIB. Pero sin siquiera entrar a analizar la estructura de nuestra tributación, aún apreciablemente vinculada a los ingresos tributarios petroleros, es claro que nuestro país logra una recaudación que no está a la altura de los estándares internacionales en la materia. El punto central a enfatizar, en ese sentido, es que ello nos debilita como nación frente al objetivo superior que implica actuar decisivamente a favor de los mexicanos que han sido excluidos del desarrollo, como lo ha explicado el presidente Calderón, justamente en ocasión de la presentación de su propuesta de reforma hacendaria.
Es necesario que PAN, PRD, PRI y los demás partidos políticos representados en el Congreso mexicano hagan un esfuerzo significativo por revisar detalladamente la iniciativa del Ejecutivo federal e incluso contribuyan a mejorarla en la medida en que esto sea posible. Y es que de aprobarse y ponerse en práctica, esta reforma de la hacienda pública logrará que hacia 2012 nuestro gobierno logre recaudar alrededor de 2% adicional del PIB, más aproximadamente 1% del PIB para las entidades federativas.
Por fortuna hoy gozamos de estabilidad política y económica y podemos, mediante una hacienda pública fortalecida, mejorar las condiciones de desarrollo humano de los mexicanos que más lo necesitan. Es imprescindible aprovechar esta oportunidad.
Presidente nacional del PAN