Manuel Camacho Solís
Sin visión. Sin estrategia. Con una táctica que ni siquiera tiene posibilidad de resolver los siguientes 15 días. Así se comportan quienes hoy pretenden echar abajo los acuerdos sobre la reforma electoral que han sido negociados con responsabilidad en el Senado de la República.
La reforma electoral es la única válvula de seguridad que tiene en este momento la política. Sin la reforma, no habrá la credibilidad necesaria para celebrar las elecciones en 2009. Si la carga de las elecciones de 2006 es ya de por sí difícil de soportar para el actual entramado institucional, sin un oportuno reforzamiento, ¿quién se hará responsable del 2009?
Para 2008, es un hecho que la economía golpeará a la política, la pregunta es: ¿qué tanto?
Los márgenes de la economía se han reducido. Ya nadie está pensando en que habrá crecimiento importante en 2008, sino en cómo disminuir el impacto desfavorable del entorno internacional adverso y agenciarse los recursos mínimos indispensables para pagar la nómina y las deudas comprometidas.
Sin reforma electoral, no habría válvula de seguridad para 2008 y 2009. Por ello, resulta sorprendente que, ante un horizonte así, esté paralizada la toma de decisiones. Pero no sólo eso: si se traicionan los acuerdos que se han hecho en el Senado, los escasos espacios de moderación política habrán sido anulados, para dar entrada a un nuevo conflicto. No sólo porque la reforma electoral está trenzada con la fiscal, sino porque en ella descansan los puentes de comunicación que puedan contener los peores desenlaces.
La reforma, todos los informados y no interesados lo dicen, no radica en la remoción de los consejeros electorales. La reforma cambiaría el sistema de financiamiento de las elecciones y la relación con los medios de comunicación. Es la reforma grande por la que muchos hemos batallado.
Porque ese es el tema, y no el de los consejeros, es que en ella están comprometidos los prestigios institucionales y personales de quienes la han signado. Y aún sin quererlo, también, los espacios del propio Felipe Calderón. Para quien su dilema estratégico está entre: conseguir el apoyo inmediato de los intereses a un veto a la reforma que no aporta nada a la estabilidad; o soportar las presiones para empezar a descongestionar los conflictos políticos y sociales que, de no ser ahora atendidos, terminarán por llevar al país a una crisis que costará mucho más al gobierno y a los propios intereses. Su dilema es ser o no ser Presidente.
Por lo pronto, si se mutilan los contenidos esenciales de la reforma electoral, el frente progresista no tendrá otro camino que retirarse de la mesa y denunciar la traición política. Volverán las turbulencias a la Cámara de Diputados. Se extenderán a la reforma fiscal. Pero más importante que ello, se habrá cancelado el único espacio de diálogo posible en la actual coyuntura política.
Ese desenlace sería ruinoso para quienes, dentro del Partido de la Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional han mostrado capacidad para entender que la reforma electoral es la única carta posible de la estabilidad y sustento principal de su prestigio político. También lo sería para las posiciones moderadas dentro del frente progresista. Con una diferencia: el frente conservador es quien tiene el problema de legitimidad y es también quien tiene que asumir la responsabilidad de gobierno en un entorno económico difícil. El movimiento social de izquierda no se debilitará si, en un horizonte de dificultades económicas, refuerza su argumento de la ilegitimidad con el de la traición a la negociación.
Pero más allá de los cálculos políticos hacia el 2012, al país le conviene que, sin aspavientos, se destrabe la parálisis y se fortalezcan los mecanismos para resolver las disputas políticas dentro de la democracia. Con la reforma electoral sustantiva, será menor el conflicto en un año económico difícil (2008) y se abrirá una oportunidad para resolver la disputa inconclusa (de 2006) que seguirá brotando por todos lados mientras no haya una elección creíble y que sea aceptada por todas las partes (en 2009).
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista