Manuel Camacho Solís
Lo ocurrido en San Lázaro demuestra que el régimen político está quebrado. Si se lee con objetividad, se podrá abrir una ventana de oportunidad para reconstituir su legitimidad y efectividad. Si se persiste en considerar que lo ocurrido es un asunto de rituales, la realidad volverá a manifestarse en el momento menos esperado, hasta el punto de poner en vilo a la estabilidad.
Es un asunto de fondo que Calderón no haya podido pronunciar su discurso y tuviera que montar un acto paralelo. La imposibilidad es el reflejo de un problema político más profundo. El acto paralelo, sólo vino a profundizar el problema, al no reconocerlo, y poner al régimen en el camino del desorden o del gobierno mediático y corporativo, sin control social ni parlamentario.
¿En situaciones de normalidad, en qué régimen democrático, ya sea presidencial o desde luego parlamentario, no puede el presidente dirigirse al Congreso? Lo ocurrido el primero de septiembre es una expresión inequívoca del desarreglo político que existe en el país.
Quienes aconsejan al Presidente, le dirán que les funcionó su estrategia. Que lo ocurrido en San Lázaro fue lo menos malo y, en todo caso, gravita contra la cuenta de la izquierda. Que al haber propuesto un debate, posicionaron al Presidente. Que el evento en Palacio permitió aglutinar a los simpatizantes del gobierno y ocupar los medios.
La tendencia natural o el interés de muchos de reducir el hecho a un asunto de agotamiento de un ritual, confunde el problema. La pretensión de otros de querer sustituir el mensaje al Congreso con una transmisión televisiva desde un Palacio Nacional, convertido en guarnición, sólo exhibe las inclinaciones autocráticas y la desesperación de quienes desprecian la vida parlamentaria y se desesperan ante el conflicto social, hasta el punto de justificar la supresión, en los hechos, de la separación de Poderes que es esencial al Estado constitucional.
Contra lo que hubiera hecho incluso el régimen autoritario anterior, a partir de la elección, no ha habido una decisión de fondo por relegitimar la vida política. Por el contrario, lo que ha prevalecido es el interés de ignorar que existe una oposición con un poder equivalente y pretender, con los instrumentos del Estado, construir una nueva hegemonía del PAN.
Lo que demostró el Informe es que el régimen político está quebrado. Si eso no se reconoce, los números rojos irán en aumento. Si se reconoce, la solución no será declarar la quiebra. No hay un liderazgo gubernamental capaz de soportar y reencausar una definición política de fondo. Lo que sí se puede hacer es ir al equivalente a una “suspensión de pagos”, donde se reconoce el problema y, mediante un arreglo formal o convenido, cada una de las partes contribuye a evitar los peores desenlaces.
El problema más grave de la política es el déficit de legitimidad. La medida a la mano para empezar a reducirlo es una reforma electoral verdadera. Ésta no resolverá todo el problema, pero evitará, al menos, que la sociedad se aleje por completo de las urnas en 2009. Su impulso podría, incluso, abrir la ventana para construir una o dos políticas de Estado, y daría a la oposición algunas garantías de que el poder del Estado no será utilizado a favor de un proyecto integrista, autoritario y de derecha.
Después del Informe, la izquierda —que se reposicionó al evitar su división y mostrar su músculo político, sin estridencias ni violencia— tiene un tiempo corto para asegurar el avance de la reforma electoral y definir una estrategia que le permita ganar apoyos sociales crecientes y construir, desde ahora, las alianzas con las cuáles ganar en 2012.
Calderón, por su parte, debería saber que su pragmatismo y manejo de la opinión no fueron suficientes para reestablecer el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene unos cuantos días para aceptar, con generosidad, una reforma electoral de fondo. Sobretodo, debiera reconocer que, sólo si se empiezan a tomar las decisiones duras y dolorosas que limiten el abuso del poder y la impunidad, se abrirán posibilidades de reparación de la vida democrática.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista