Fredy López Arévalo
Despacio que llevo prisa
Los más recientes ajustes en el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en el Instituto Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), hablan de que el joven gobernador Manuel Velasco Coello ha comenzado a tomar al toro por los cuernos y a realizar los ajustes en puestos claves del andamiaje gubernamental. Florencio Madariaga Granados era legalmente insostenible y Salvador Constanzo estaba fuera de lugar. Con ello, el mensaje que manda el gobernador Velasco Coello es mucho más claro y directo: ha comenzado una nueva etapa en la vida democrática de Chiapas. El nuevo consejero presidente del IEPC, Adrián Alberto Sánchez Cervantes, es originario de Tuxtla Gutiérrez, licenciado y maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y Lorenzo López Méndez tiene un origen y una trayectoria que le dan atributos suficientes para encabezar, como ya lo hizo antes, el CEDH: es originario de San Juan Cancuc, vivió un año en las calles de la fría ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde fue tortillero, chiclero, bolero, paletero. Ahora es maestro en Ciencias Jurídico Penales y Criminológicas, y estudia el doctorado en Derechos Humanos. Estos relevos o cambios, dan al joven gobernador un respiro frente a severas críticas por el relevo paulatino (muy lento, dirán algunos) en la primera línea de su gabinete legal y ampliado, luego del relevo sexenal, el 8 de diciembre de 2012.
Más vale paso que dure y no trote que canse
La mazorca se desgrana lento, y así, y grano por grano, el gobernador está armando las piezas en el tablero de ajedres con el que se apresta a gobernar Chiapas el sexenio para el que un millón 300 mil chiapanecos lo eligieron, aunque para algunos críticos algunos nombramientos no sean los más adecuados. Se cuestiona, por ejemplo, la designación del secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, ex delegado de la PGR en Chiapas. Diversas organizaciones civiles temen que con su nombramiento se dé vía libre a los actos de tortura en los cuerpos policíacos. Esto, porque pesan sobre Llaven Abarca observaciones por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. También sobre Ana Elisa López Coello, la recién designada consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP) se hacen diversos señalamientos: que si cuando fue presidenta del Congreso del Estado hizo declaraciones nada afortunadas sobre el elevado monto de sus salarios, por las necesidades de un legislador de ir bien vestidos, o de que si promovió una iniciativa antiaborto que no progresó o que si votó los créditos que elevaron la deuda del gobierno del estado. Son todas ellas consideraciones críticas que no se pueden desoír y menos aún soslayar. En cambio se destaca como aciertos suyos el haber incluido en su gabinete a Carlos Morales Vázquez (SEMAHN) y a Ovidio Cortázar Ramos (Economía), y por supuesto, el haber propuesto a Rutilio Escandón Cardenas como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. Pero lo verdaderamente trascendente hoy día es el apretón de tuercas que el joven gobernador instrumentó en dos (sino es que en tres) organismos que por su naturaleza había que estabilizar lo más inmediatamente posible: restablecer la legalidad en el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y hacer lo propio en el instituto de Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y en el IAIP, donde permanecía un puesto vacante, y donde dos de sus consejeros mantienen una escaramuza permanente, de dimes y diretes, que deslegitima la naturaleza misma de ese organismo. Han sido cambios sin apegados a derecho, sin violentar la legalidad, porque justamente eso es lo se buscaba restablecer: la legalidad. En el caso de Florencio Madariaga Granados el asunto llegó demasiado lejos: enfrenta junto a la consejera Marina Patricia Jiménez dos juicios por “ejercicio indebido de la función pública” y un juicio político ante el Congreso del estado, por vicios legales de origen, ya que fueron designados violentando la ley: ambos no son chiapanecos, y el articulado de creación del propio CEDH establece como prerrequisito ser chiapaneco de nacimiento para ocupar una consejería. La salida que anoche le dieron a Madariaga fue la más benevolente: fue destituido en ausencia pasó a ocupar el puesto de Consejero de Asuntos generales. Pudo haber tenido un desenlace mucho más funesto para él. Y fue destituido en ausencia porque no acudió a la sesión donde la mayoría de los consejeros votó por su destitución luego de una serie de investigaciones por irregularidades en el actuar y origen de quien fungió como presidente durante unos cuantos meses. Ahora que cambió la correlación de fuerza en el CEDH, deberá, en principio, reponerse los vicios y arbitrariedades cometidos por el duo Florencio Madariaga-Marina Patricia Jiménez. Hay que reconocer la jugada estratégica del consejero Pedro Raúl López Hernández, quien logro sumar los votos de los consejeros José Rafael Navas Pérez y Lorenzo López Méndez en la sesión de hoy, jueves 24 de enero, donde se acordó, en primer lugar, destituir a Madariaga del puesto de presidente, e inmediatamente después, de reinstalar en su cargo al abogado Oscar Takeshi Lopez Moreno, como visitador adjunto de Derechos Humanos en San Cristobal de Las Casas, con el pago de salarios caídos durante los meses que estuvo suspendido, aun con el voto de en contra de la consejera Marina Patricia Jiménez. Pero ahora son minoría, además de que Madariaga y Marina Patricia Jiménez están en el patíbulo judicial, luego de que el director Ejecutivo del CEDH, Diego Cadenas Gordillo, interpuso sendas demandas con implicaciones penales por los delitos de ejercicio indebido de la función pública, debido a los vicios de origen de sus nombramientos, y de juicio político ante el congreso del estado, también por la misma causa y razón. El de hoy, es pues, el más duro revés que infringen a Madariaga Granados y a Marina Patricia Jiménez, desde que se amafiaron para encumbrarse en la presidencia de este organismo