MVS pretendió pagar 0.38% del valor de banda 2.5 GHz
Maricarmen Cortés
Siguen los dimes y diretes en torno al rescate de la banda 2.5 ghz. Mientras Joaquín Vargas, presidente de MVS, insiste en que se trató de un chantaje o una venganza del gobierno, la Presidencia de la República ya lo calificó de calumniador y la SCT y la SHCP ya revelaron la diferencia abismal entre lo que pretendía pagar de contraprestación la empresa, y lo que exigía el gobierno.
Héctor Olavarría, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, explicó que la propuesta que presentó MVS por escrito fue pagar sólo 0.04 centavos de dólar por mhz/pop con su plan de negocios con su socio Clearwire y conservar 120 mhz. Lo que el gobierno federal pedía después de sacar un promedio ponderado de las licitaciones realizadas en 15 países de esta banda era 10.5 centavos.
En términos netos, Olavarría señala que el gobierno pretendía una contra prestación de 13 mil 400 millones de pesos y MVS pretendía pagar sólo 51 millones de pesos.
La SCHP por su parte emitió un comunicado confirmando estas cifras, señalando además que en su reporte anual de 2010, Clearwire valuó la banda 2.5 GHz que opera en 0.29 dólares mhz/pop y que el precio pagado en México por las bandas 1.7 y 1.9 GHz fue de 0.25 dólar MHz/pop.
Esto quiere decir que la oferta de MVS era de sólo el 0.38% de lo que estableció el gobierno y ante la cerrazón de Joaquín Vargas de elevar su propuesta no fue ya posible llegar a un acuerdo. El propio Vargas reconoce que se hubiera podido conservar los 120 MHz pero que el negocio no era rentable al precio que pretendía el gobierno.
Olavarría informó también que comenzó ya a reunirse con los otros 10 concesionarios afectados por el rescate como es el caso de Arturo Zorrilla de Ultravisión en esta primera etapa del rescate en la que la SCT recibirá las pruebas de los empresarios y que será determinante para fijar el monto de la indemnización ya que dependerá de las inversiones que hayan realizado, del servicio que realmente prestaban en esta banda, y de los usuarios que hayan tenido que en conjunto – dice la SCT – no rebasan 200 mil.
El problema es que esta etapa puede prolongarse más allá de los 120 días que marca la ley, es decir más allá del sexenio, en caso de que procedan los amparos que presente Joaquín Vargas. La interrogante es si los otros concesionarios lo acompañaran en su pleito abierto contra el gobierno.
DIVISIÓN ENTRE SINDICATOS DE MEXICANA
En lo que bien podría interpretarse como una patada de ahogado, Gerardo Badín, el aún conciliador de Mexicana de Aviación, envió a todos los trabajadores de la empresa un comunicado en el que informa sobre su supuesto avance en el Convenio con acreedores que incluso envió ya a la juez Edith Alarcón aunque al mismo tiempo reconoce que falta la aceptación de Banorte que tiene como garantía el pago de boletos con tarjeta de crédito y de Bancomext, que tiene en garantía los 9 aviones con los que se pretenden reanudar los vuelos.
Badin dice también que falta la capitalización pero pretende que la SCT otorgue el Certificado de Operador Aéreo lo que es totalmente absurdo porque no se puede otorgar un certificado a una aerolínea que ni siquiera tiene aviones.
Y mientras Alarcón estudia el caso, se registró ya una abierta división entre los Sindicatos de Mexicana. Ayer los sobrecargos de ASSA; los empleados de confianza agrupados en AESECAM y los trabajadores de Tierra, SNTTTASS, emitieron un comunicado desmintiendo al Sindicado de Pilotos, ASPA y aseguraron que no aceptarán como interventor a una empresa o persona física ajena a los intereses de los trabajadores.
Como se recordara, ASPA aceptó a White & Case como interventor pero lo interesante es que la figura del interventor perdió ya relevancia tras el cambio de juez. Los acreedores que solicitaron el nombramiento de White & Case están ahora a la espera de las decisiones de la juez Alarcón y del nombramiento del nuevo Administrador y del nuevo Conciliador. Habrá que tomarlo con calma.
ELEKTRA, PERDIÓ GANANDO
La BMV confirmó que en la nueva muestra del IPC, que entra en vigor en septiembre próximo, se mantendrá Elektra porque la empresa interpuso un recurso para mantenerse en el IPC a pesar de que con la nueva metodología estaría fuera porque no cumple con el requisito de que por lo menos 12% de sus acciones sean flotantes.
El litigio va para largo y Elektra festeja el haber doblegado a la BMV, pero tanto los analistas como los inversionistas saben que realmente no debería estar en la muestra del IPC.