DE FACTO

MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO

RETO A LA IMPUNIDAD

La advertencia del gobernador chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, de aplicar con transparencia los recursos públicos y cumplir cabalmente con los compromisos contraídos con la sociedad chiapaneca, porque en caso contrario, se aplicará la ley, es para muchos presidentes municipales un reto a la impunidad, cuya aventura les tienta a correr, por la ambición no solo de marearse con el poder, sino de apoderarse ilícitamente del dinero público para beneficio personal, cayendo incluso en figuras penales como asociación delictuosa y en algunos casos, hasta son, cínicamente, jefes de bandas delincuenciales.
Un caso más que se presenta en el Soconusco y Altos de Chiapas lo están protagonizando el alcalde de Cacahoatán, Rolfi Gómez, quien en franca competencia con su vecino alcalde de Suchiate, Manuel Eleazar Serrano de la Torre, están dilapidando los recursos públicos para beneficio personal.

El caso de Rolfi Gómez, médico veterinario, es curioso y risible, pues desde los tiempos de su colega médico, Rosendo Sánchez, quien fuera también alcalde de ese fronterizo municipio, armaron una camarilla para amasar fortunas al amparo del poder durante 18 años o más, si les suerte de la impunidad les sonríe, extendiéndose hasta el municipio de Unión Juárez, contando con la complicidad, -para hacer los trabajos sucios- de Carlos Vázquez, sujeto que cobra en la nómina de Cacahoatán y Unión Juárez, pero que en realidad es quien busca ejecutar el desvío de recursos que beneficie a Rolfi Sánchez y al alcalde Unión Juárez, Jaime Valenti Chum.

Ambos alcaldes cuentan sigilosamente con la complacencia de Gerardo Garrido, quien funge como titular de la Contraloría Municipal en Cacahoatán, repitiendo cargo, mientras que en Unión Juárez es el presidente del comité municipal del PAN, en cuyo partido está amparado el ejercicio de la impunidad, con la complicidad de Víctor Sarmiento, hasta hoy dirigente estatal del Partido Acción Nacional, quien de paso protege a los alcaldes priistas.

El negocio turbio que se está llevando a los extremos es la asignación de obra pública, siendo Jesús Milla, director de Obras Públicas de Cacahoatán quien destina los recursos y obras a ejecutar en plena complicidad de Rolfi Gómez. Jesús Milla fue Síndico Municipal en la pasada administración, por lo que le resulta fácil estar en medio de esos actos de corrupción, pues de él dependía la firma de los egresos de los recursos públicos y sabe a la perfección con que empresas existe confabulación para allegarse el dinero del presupuesto, sin que se exponga a más intermediarios, salvo el presidente municipal en turno.

El alcalde de Cacahoatán hace alarde en la región, de contar con el consentimiento del Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como del consentimiento del presidente de la Comisión de Vigilancia, Miguel Angel Várgas Blanco y del presidente de la Comisión de Hacienda, Ovidio Cortazar, éste último ligado al dirigente estatal del PAN, Víctor Sarmiento y al contralor municipal de Cacahoatán, Gerardo Garrido.

En esa danza de corrupción, también está inmiscuido Alejandro Mendoza, quien es “guarura” y “secretario particular” de Rolfi Gómez, así como el expresidente municipal de Tuxtla Chico, Pedro López Bautista, ambos compañeros de parranda del alcalde de Cacahoatán, mientras que este último personaje tiene cuentas pendientes ante el Organo de Fiscalización Superior. Toda la camarilla está siendo investigada ya, por órdenes del gobernador Juan Sabines Guerrero, luego de conocer como se está dilapidando el recurso público en esos municipios fronterizos.

BOTON DE MUESTRA

El gobernador chiapaneco no está aplicando un doble discurso, como seguramente lo están asimilando algunos alcaldes, como los mencionados, que se quedaron atrapados en las insultantes prácticas que puso en boga el dictadorzuelo escudado con el cargo de gobernador, Pablo Salazar.

Un botón de muestra que Juan Sabines no está jugando con las advertencias de cumplir al pueblo chiapaneco con honestidad, se da en el arraigo, este fin de semana pasada, que ordenara ejecutar el Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, contra Amado Zenteno Alegría, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la Región XIII, con sede en Copainalá, desleal servidor público en contra de quien pesan una serie de denuncias de actos contrarios a los que le fueron encomendados, como garante de beneficiar a la gente. Se está sirviendo del presupuesto y está engañando a la población que intenta recuperar la confianza en gobierno actual.

Y lo más reprobable, es que como resultado de un operativo en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, luego de verificar una serie de denuncias, se logró la detención del secretario particular del alcalde, que responde al nombre de José Luis Flores Gómez, presuntamente involucrado en el homicidio de tres policías del estado y también está inmiscuido en un poderosa banda dedicada al robo de autos; al momento de catear su domicilio particular, le fue encontrado un vehículo robado

Amador Rodríguez Lozano dijo en conferencia de prensa que en el Ejido “Sonora”, catalogado como pueblo sin ley, se aseguraron seis vehículos con reporte de robo y seis personas quienes se identificaron como: Lorenzo Díaz Ruiz, David Ruiz López, Isidro Sánchez Díaz, Lucio Díaz Ruiz, David Ruiz Gómez, policía municipal, quien contaba con una orden de presentación por su presunta relación con el homicidio de los tres policías y su presunta relación con la banda de “los Cacheros”.

Es obvio que en ningún municipio del país, menos en Chiapas, los presidentes municipales estén al margen de lo que hacen sus secretarios particulares y los cuerpos policiacos, de los que son conforme a la ley, comandantes en jefe. Sin el consentimiento de los alcaldes, la delincuencia no operaría, por lo que las investigaciones ministeriales podrían resultar que hasta el edil de Pueblo Nuevo Solistahuacán esté inmiscuido protegiendo a esa temible banda que comandaba José Luis Flores Guzmán, como su secretario particular.

Y vale la pena recordar que el secretario particular de Manuel Eleazar Serrano de la Torre, alcalde de Suchiate, también fue detenido por elementos de la Marina, con armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas de México, pudiendo dicho alcalde haber intervenido para que su séquito fuera dejado en libertad, sin pagar las consecuencias legales, que debió ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Ese sujeto responde al nombre de Jorge Barrios alias “el pacheco” y fue guarura del exfiscal general del Estado, Mariano Herrán Salvatti, por lo que no se descarta que tanto Manuel Eleazar Serrano y su pistolero Jorge Barrios, estén inmiscuidos en la poderosa red de narcotráfico que opera en la frontera sur, así como el tráfico de indocumentados…ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotamil.com Cel. 961 10 140 59

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