MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
FAST TRACK
La tan controvertida reforma electoral de Chiapas, pasó ayer, “sin pena ni gloria” como suele decirse cuando no ha representado ningún esfuerzo algo, como la aludida normatividad del Código Electoral. Fueron los siete miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quienes la aprobaron en lo particular y en lo general y salvo algunos remiendos, una vez más se aprobó, ahora fast track, pues la legislatura anterior, que se despidió en medio del cinismo y ociosidad, la habría aprobado, pero por el chantaje de la dirigente estatal del PRI, Arely Madrid Tovilla, a nombre del titular del Poder Ejecutivo chiapaneco, la subsecretaria de Gobierno, Blanca Ruth Esponda, lo canceló, pidiéndole a los alcaldes que no la aprobaran, para no generar un encuentro político ríspido con el tricolor.
La reforma electoral de este rincón del sureste mexicano, de hecho fue aprobada en la pasada legislatura, homologándola al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe), de manera que los lineamientos en Chiapas sean los de coincidir con las fechas de elecciones federales con las locales, tanto de diputados locales, presidentes municipales y gobernador, con las de Presidente de la República, Senadores y diputados federales, circunscritos a la iniciativa de ahorrar recursos y hacer de los procesos electorales en tiempos más cortos, el menor gasto.
Pese a que no se conoce públicamente el contenido de las reformas que la actual LXII Legislatura local, ayer mismo dio a conocer escuetamente que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales habría adecuado dicha ley y se entiende desde ya, que va ajustada a los intereses de los priistas los reclamos que hiciera en su oportunidad Arely Madrid Tovilla.
Cuando se aprobó la primera vez, hace unos 15 días y después sería “desaprobada”, Blanca Ruth Esponda dio respuesta al chantaje de Arely Madrid en los siguientes términos: “al conocer su rechazo tajante a la reforma, a pesar de que sus legisladores presentes votaron todos a favor, en lo general y en lo particular, este gobierno reitera que es constructor de acuerdos, promotor incansable de la unidad, y que la reforma no pretende ofender ni sorprender a nadie”.
Ante esa inconformidad manifiesta, el gobierno del Estado reconoce que toda reforma electoral debe contar con el aval de los Partidos Políticos, actores fundamentales de los procesos electorales. “Sí el PRI se siente agredido o lastimado en sus derechos o intereses, entonces la reforma pareciera que tuviese destinatario, y aunque no es así, lo cierto es que hay un rechazo tajante de ese partido político”.
EL CHANTAJE
Es increíble que en Chiapas, la disputa del poder se pretenda bajo las formas más pueriles y perversas, que la enfrenta provocada por la dirigente estatal del PRI, Arely Madrid Tovilla, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, intentando amagar al Poder Legislativo para hacer prevalecer ni siquiera el interés partidista, sino el de una cofradía insertada en ese partido, lanzó tremenda advertencia a los diputados priistas por haber aprobado la reforma electoral local, para homologarla a la federal, así como a los alcaldes electos el pasado 7 de octubre, que serán expulsados de las filas del tricolor, si aprobaban dichas reformas.
El amagamiento se convirtió en un escándalo de grandes magnitudes, toda vez que Arely Madrid ordenó publicar un comunicado de prensa, presuntamente autorizado por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, conteniendo tal advertencia, chantaje que por supuesto, para hacer prevalecer “la democracia”, obligó a la subsecretaria de Gobierno del Estado, Blanca Ruth Esponda, pedir a los alcaldes electos que no aprobaran la iniciativa enviada por el gobernador Juan Sabines Guerrero al Congreso del Estado, misma que solo requería la aprobación del 70 por ciento de los 118 municipios de este estado fronterizo del sur mexicano para concretar la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a fin de no correr el riesgo de ser efectivamente expulsados de su partido.
Mayor fuerza cobró el escándalo, porque el delegado nacional del PRI, Ignacio Mendicutti, aclaró públicamente que la dirigente nacional de ese partido, en ningún momento ordenó que se trastocara el ejercicio legislativo realizado por la bancada priista, tras aprobar las reformas.
Mendicutti precisó que se utilizó su nombre y cargo “para ponerme palabras en mi boca que no dije”. Tal aclaración provocó el malestar de alcaldes de extracción priista, así como de la mayoría de legisladores de la bancada del tricolor, pues resultó absurdo, según declaración de los entonces inconformes, que su propia dirigente estatal pretenda estar por encima de la dirigencia nacional, para hacer imperar los intereses de una camarilla escudada en el seno de la dirigencia estatal del PRI.
Las reformas de avanzada, han sido ampliamente comentadas por diversos sectores de la población chiapaneca, a favor de la iniciativa presentada por el gobernador Sabines, toda vez que es la oportunidad para los chiapanecos de no permitir el despilfarro de recursos del erario público en los procesos electorales, que ha permitido incluso que cifras millonarias no se utilicen para las campañas, resultando cada vez mayor el fracaso para lograr que la ciudadanía acuda a las urnas a ejercer su voto.
El chantaje de Arely Madrid Tovilla se ha tomado en Chiapas como una actitud por demás caprichosa, lo que obligó al gobierno, al creer que efectivamente fue la dirigencia nacional del PRI quien autorizó el amagamiento a sus correligionarios alcaldes y diputados, pedir sobreponiendo el razonamiento por la estabilidad política y social de la entidad, a que las reformas quedaran sin efecto.
La subsecretaria de Gobierno, Blanca Ruth Esponda precisó en su oportunidad: “lo que se refiere a Participación Ciudadana, esta reforma de avanzada da un valor medular a la participación ciudadana ya que se sustituiría al Instituto Estatal Electoral por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En ella se contemplan diversos derechos adicionales que se elevan a rango constitucional para la ciudadanía, la participación ciudadana como actor fundamental.
“Todo ciudadano tendría derecho a denunciar presuntas irregularidades durante los procesos electorales -facultad antes exclusiva para los partidos políticos-, así como pleno acceso a la información en materia de financiamiento público a los partidos”.
Se facultaría como un hecho sin precedente al ciudadano para presentar iniciativas de ley -facultad hasta hoy reservada al Ejecutivo y los diputados-. Al órgano electoral se le facultaría para organizar, además de las elecciones, las Consultas Ciudadanas.
A la reunión celebrada ayer en el Salón de Usos Múltiples del Palacio Legislativo, acudieron el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, José Ángel Córdova Toledo; el Secretario, Ovidio Cortázar Ramos; y los vocales, Juan Carlos López Fernández, Horacio Domínguez Castellanos, Miguel Ángel Vargas Blanco y Mateo Guzmán López, quienes emitieron su voto aprobatorio en lo general y lo particular al dictamen en cuestión.
José Ángel Córdova Toledo, destacó que la iniciativa privilegia la participación de candidatos indígenas en zonas indígenas; restringe a las autoridades electorales al principio de legalidad y acota su actuación en la vida interna de los partidos. Hoy pasará al pleno, donde se espera se conozcan los alcances de esa tan controvertida reforma electoral, pese a que no se cumple con las expectativas planteadas, de llevarla a consulta ciudadana en cada una de las regiones de la entidad…ahí está pues… ¡YA! defacto2010@hotmail.com