MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
¿Violación de derechos?
Pareciera algo insólito, que el caso de Maricela Escobedo, asesinada frente al palacio del gobierno de Chihuahua, por denunciar las irregularidades en el procedimiento judicial sobre el homicidio de su hija, Rubí Marisol, cuya corrupción en esa entidad en la impartición de justicia, permitió a los jueces de la causa ordenar la libertad inmediata del asesino confeso, Sergio Rafael Barraza, resolviendo que no era legalmente responsable, “a falta de pruebas”, mientras que el homicida no solo admitió su delito, grave, según la legislación de Chihuahua, sino que hasta pidió perdón a la madre de su víctima, asesinada también en diciembre del año pasado.
Para los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes en el Tribunal Oral absolvieron a Barraza, fue letra muerta la máxima del derecho de “a confesión de parte, relevo de pruebas”, pese a que el procesado no fue sometido a violencia física ni mental para confesar su delito y pedir perdón a la madre de Rubí.
Esta situación orilló a la indignación no solo nacional, sino internacional, sumándose organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y muchos organismos no gubernamentales y defensores de derechos humanos de México, para condenar en primera instancia la omisión del gobierno de Chihuahua, al no tomar en consideración las denuncias de corrupción hechas por Maricela Escobedo, cometidas por varias instancias del gobierno de Chihuahua, al grado que el día del asesinato de Maricela, desde la oficina del gobernador chihuahuense la ignoraron, permitiendo que tres minutos después que le cerraran las puertas a sus gritos de angustia, le segaron la vida, como a su hija.
Lucha Castro, ex abogada de Maricela Escobedo, precisó ante medios de comunicación, que ante estos hechos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su más enérgica protesta y prepara una recomendación al gobierno de México, para interceder en el cumplimiento de la ley, por los delitos que se deriven al permitir la libertad y absolución del asesino de Rubí Marisol, así como las que se pudieran fincar al mismo gobernador de Chihuahua, por la omisión e indiferencia a las denuncias presentadas en su oportunidad, por las irregularidades desde el inicio, cometidas por los tres jueces de la causa y el homicidio en contra de Maricela Escobedo, frente al palacio de gobierno.
Los Jueces supieron que estaban dejando en libertad a un asesino confeso, pero se apegaron a la integración del expediente, dolosamente amañado por los fiscales y el Ministerio Público, para que Sergio Rafael Barraza, obtuviera su libertad más inmediata que el tiempo que tardaron en consignarlo. Los jueces advierten que no hubo elementos suficientes ni pruebas que fincaran la culpabilidad del procesado. Ni la confesión fue tomada en cuenta por los juzgadores.
Las autoridades de los tres poderes de Chihuahua, se encuentran hoy en un verdadero berenjenal, al culparse mutuamente.
Ayer mismo, el Congreso del Estado de Chihuahua dio entrada a la demanda de juicio político en contra de los tres jueces, para fincarles responsabilidad, las que deriven, por haber iniciado el mayor conflicto que en la historia de México ha resonado a nivel internacional, por la corrupción imperada en el sistema de justicia, evidenciando que las autoridades judiciales permiten que sean segadas vidas, flagrantemente a los ojos de las instancias gubernamentales, sin que se haga nada; no obstante, el dictamen que sin duda, por intereses protegidos desde el palacio de gobierno de esa entidad, habrán de votar en el pleno la procedencia, para procesar a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, mismos que en su defensa ahora alegan que por “solapar” a los verdaderos servidores públicos ineptos, que no supieron, ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar al homicida de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol, se abrirá un juicio político en contra suya.
Resulta obvio que el gobernador de Chihuahua jamás admitirá su responsabilidad en la omisión de aceptar las denuncias hechas por la hoy extinta Maricela Escobedo; busca, para acallar la indignación internacional, llevar a la cárcel a los jueces, sin incluir a los fiscales que consignaron el caso, con la total torpeza o fríamente calculado para que el procesado alcanzara su inmediata libertad, exonerado de cualquier delito.
Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Verde (PVEM) y Nueva Alianza que conforman el Legislativo aprobaron dar entrada a la denuncia que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los jueces.
Pero lo más insólito, es que los jueces se dicen ahora perseguidos y violentados en sus derechos, de tal manera que advierten que pedirán asilo política a los Estados Unidos y que pedirán a su vez la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobernador de Chihuahua estaría violando la Constitución General de la República y la de esa entidad, por cuanto a la separación de poderes.
Advierten, eso sí, como mucha diligencia para invocar todo el compendio normativo a su defensa y exclusión de responsabilidad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien solicitarán ampararse, contempla una jurisprudencia para no ser enjuiciados políticamente y ser relevados del cargo en el Poder Judicial de la entidad.
“De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua”, dijeron, añadiendo que el juicio que se pretende motivado por razones políticas será una invasión al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.
En ese enredo de responsabilidades, los jueces dejan caer la responsabilidad en el gobernador, advirtiendo que “En ese supuesto podríamos demostrarle al mundo que lamentablemente en nuestro estado no se respeta la independencia judicial, ni los principios de división de poderes, y que se juzga a los jueces con criterios políticos dados desde el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo de Chihuahua, en perjuicio de la justicia imparcial que debe impartirse para los ciudadanos”.
Sabe amable lector cual es la paradoja: Los jueces en su defensa, han echado mano de todo lo que conforme a derecho les concierne, para salvar el pellejo, pero la pregunta que además indigna en los hechos: ¿Acaso no pudieron hacer lo mismo para escuchar las denuncias de la madre hoy asesinada, por defender la justicia a favor de su hija? ¿Cuántos casos de estos, miles de mexicanos habrán experimentado, sin que nadie les escuche?… ahí está pues… ¡YA!
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