Chiapas tiene un problema que no cabe en un boletín de prensa ni en la retórica de la tolerancia cero: la violencia feminicida no cede, crece. Y los números lo dicen sin eufemismos.
En 2024 se rompió el récord histórico con 40 feminicidios, el peor registro en años según colectivos . Los meses de noviembre y diciembre fueron los más letales del año, con 12 asesinatos de mujeres en solo 61 días, varios de ellos menores de edad. En 2025 la tendencia no se detuvo: al primer semestre se registraron 19 feminicidios, un incremento del 26.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Y 2026 arrancó peor: solo en enero se registró un aumento del 200% respecto al mismo mes de 2025, con tres feminicidios confirmados. El 9 de junio, la muerte violenta de una mujer en Zinacantán al igual el registrado ayer en Tuxtla elevó a 20 los presuntos feminicidios en Chiapas en lo que va de 2026.
Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia interrumpida, hijos que quedan en la orfandad, familias que no encuentran justicia. Las víctimas no tienen un perfil único: menores de edad, adultas mayores, mujeres migrantes que representan cerca del 30% del total, provenientes de municipios como San Cristóbal de las Casas, Tapachula, San Juan Chamula, Tuxtla Gutiérrez y la región frailesca.
Pero el dato más revelador no es el de los feminicidios cometidos, sino el de los que quedaron impunes. De los 40 feminicidios de 2024, solamente siete carpetas de investigación fueron judicializadas. El resto: expedientes abiertos, declaraciones oficiales, conferencias de prensa y el silencio pesado de la impunidad.
“No queremos cárceles llenas de feminicidas. Queremos mujeres vivas.”
Es aquí donde la voz de Patricia Chandomí cobra una vigencia que duele. Doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en Género, abogada y comunióloga originaria de Cintalapa, Chandomí es una de las defensoras de derechos humanos de las mujeres reconocidas en Chiapas, con trayectoria, el acompañamiento directo a víctimas en procesos de denuncia, incluso cuando eso le costó su propia plaza docente en la UNACH al apoyar a una alumna que denunció acoso sexual. Columnista en medios , catedrática, — Chandomí ha repetido con precisión lo que muchas instituciones no quieren escuchar: no se trata de llenar cárceles de feminicidas. Se trata de que las mujeres no lleguen a ser víctimas.
La diferencia entre esas dos visiones es la diferencia entre un Estado que reacciona y uno que protege. Y Chiapas, hasta hoy, sigue eligiendo reaccionar.
¿Qué significa prevenir en serio? Significa que cuando una mujer denuncia violencia doméstica, esa denuncia activa un protocolo real y no un papel sin seguimiento. Significa que las órdenes de protección tienen consecuencias para quien las viola, no solo para quien las solicita. Significa que los siete municipios de Chiapas bajo Alerta de Violencia de Género reciben intervención concreta y no solo declaratoria, porque los casos continúan registrándose incluso en la capital del estado. Significa casas de acogida que funcionen, fiscalías especializadas que investiguen con perspectiva de género real, y presupuesto que acompañe al discurso.
Lo que no significa prevenir: anunciar detenciones en horas, presumir estadísticas de carpetas abiertas, o hablar de estrategias —como los relojes de auxilio para mujeres en riesgo— cuya efectividad en calle aún no se puede palpar según voces feministas que reconocen las buenas intenciones pero advierten que quizás no funcionan tanto para las mujeres que los van a usar.
En 2025 se identificó por primera vez un mayor número de agresiones hacia niñas y adolescentes que hacia sus pares hombres, con 42% de las carpetas de investigación por violencia contra mujeres correspondiendo a menores de edad. Estamos ante una crisis que ya alcanzó a la infancia y que ningún decálogo humanista ha podido detener.
Tuxtla Gutiérrez, la capital, está en foco rojo. La región Altos, la Costa, la Frailesca acumulan casos. Las víctimas tienen tres años, trece, treinta y cinco, sesenta y siete. No hay perfil porque no hay perfil: el problema es estructural, cultural, institucional.
Las mujeres de Chiapas —y Patricia Chandomí con ellas— lo han dicho con claridad y con rabia legítima: no queremos cárceles llenas de feminicidas. Queremos mujeres vivas. Esa frase no es un eslogan. Es un programa de gobierno que nadie ha tenido el valor de ejecutar.