MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
PROTECCIÓN A DELINCUENTES
Hemos venido insistiendo en Chiapas, que en comparación con otras entidades de la república mexicana, la delincuencia organizada está auspiciada oficialmente, protegida desde las altas esferas del poder a pillos que se escudan en los cuerpos de seguridad gubernamental; las denuncias ocurrentes de civiles que se han sido presas de delincuentes portando oficialmente uniformes policiacos de distintas corporaciones, es voz que se pierde en el desierto ante las autoridades municipales de la capital chiapaneca, pues los altos mandos no solo continúan con sordera, sino que además están de facto, protegiendo las fechorías que cometen sus subordinados, al no actuar de oficio para limpiar la corrupción que impera en este sentido.
Es la capital chiapaneca, desde la alcaldía que preside Jaime Valls Esponda (por cierto, hijo de un Ministro de la Suprema Corte de la Nación), donde se están dando los más reprobables casos de delincuencia organizada, protagonizada por elementos de Tránsito Municipal y hasta los gendarmes se han convertido en una amenaza abierta para la sociedad, pues se dedican materialmente a asaltar, en tanto que pese a ser comandante en jefe, Jaime Valls, sigue solapando las fechorías que encubren José Rubén Cruz Aguilera y hasta el secretario de Seguridad Pública Municipal, Rogelio Hernández de la Mata.
Todos ellos exigen casos concretos.
Tan solo para retomar lo oficial, podremos refrescarle la memoria a Valls y demás coludidos, que el miércoles pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, consignó al juez penal a los elementos de Tránsito Municipal, Obdulio de los Reyes Niz y José Enrique Magaña Espadín, quienes fueron denunciados por su víctima, Mario Artemio Aguilar Nandayapa, a quien materialmente secuestraron en la esquina de 9ª poniente y 3ª norte el pasado 14 de junio, trasladándolo al libramiento norte, a la altura del Mirador “Los Amorosos”, en donde le rociaron gas lacrimógeno en los ojos para despojarlo de una computadora portátil, un teléfono celular, un extinguidor de su auto y seis mil 200 pesos en efectivo, para después dejarlo abandonado.
El otro caso fue perpetrado en contra de Luis Antonio Zenteno Trujillo, quien tuvo un percance automovilístico en la esquina de 1ª sur y 8ª oriente y luego de llegar a un arreglo con la otra parte, fue interceptado por Isaú Zomá Gutiérrez, elemento de Tránsito quien después de jalarlo del brazo hacia la patrulla, le roció gas pimienta en los ojos a la víctima, para agredirlo a golpes y despojado de un teléfono celular y cinco mil pesos en efectivo. Los hechos sucedieron el 20 de junio pasado.
De esos casos, tanto el Secretario de Seguridad Pública, Rogelio Hernández de la Mata, como el corrupto director de Tránsito Municipal, José Rubén Cruz Aguilera, fueron enterados por las víctimas, sin embargo, lejos estos de encontrar respuesta, fueron ignorados y hasta ofendidos, encubriendo los funcionarios el supuesto honor de la corporación, tal y como se justifican siempre que hay denunciantes que reclaman la actitud delincuencial de sus elementos, como sucedió con la señora Rosalinda Arévalo, quien fue secuestrada en el libramiento sur, por elementos que el día que también saben ambos jefes de esa mafia, conducían la patrulla PT-330, a cuya víctima le pidieron dos mil pesos en efectivo para dejarla en libertad, cantidad que su hija entregó a la vista de otros testigos, pero que Cruz Aguilera dijo ignorar el asunto, sin asumir la responsabilidad de que se investigara y se procediera legalmente contra los delincuentes que tiene de subordinados.
De todos estos casos, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, (burlonamente publicitada como la ciudad más segura de todo el país) Jaime Valls ha tenido conocimiento, no obstante, al no proceder, se ha manifestado como el jefe máximo de esa mafia de delincuentes enquistada en las corporaciones municipales de seguridad y tránsito local, encubriendo las pillerías en contra de la sociedad.
Pero eso no es todo
Apenas el viernes pasado por la madrugada, dos elementos de la policía municipal, cuchillo en mano intentaron asaltar a un taxista, en las inmediaciones de la colonia Vida Mejor, a donde el trabajador del volante llevó a un pasajero y de regreso fue abordado por los dos pillos que resultaron ser elementos de la corporación que comanda como máximo jefe, Jaime Valls Esponda.
Lo inusitado del asunto, es que una veintena de taxistas, que acudieron en auxilio de su compañero, llamaron a la Policía Estatal Preventiva, acudiendo elementos de esa corporación (que también encubre a delincuentes con metralletas y uniformes de los que daré cuenta en próximas fechas, con pelos y señales) para llevarse a los pillos, que fueron detenidos cuando huían por unos matorrales.
Lo grave e imperdonable, es que los detenidos fueron conducidos a una cárcel clandestina que mantiene en sus instalaciones la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de donde, hasta ayer al medio día se desconocía si los policías municipales asaltantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público o buscarían con la parte ofendida llegar a un arreglo para dejar en libertad a los delincuentes.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Solís Cortés, solo necesita ordenar que le presenten la bitácora, fatiga o como le llamen, a las fichas que le preparan, donde aparecen retratados todos los que van a parar a esa cárcel clandestina, pero si dicho funcionario está muy ocupado, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Moisés Grajales Monterrosa, se puede desatender un rato de sus asuntos personales, para estar más al pendiente, que en esa área torturan a inocentes y protegen a delincuentes.
Estos son apenas de los casos -que como los dos primeros- han sido denunciados con valor por las víctimas, sin embargo, decenas de ellos, las víctimas prefieren guardar silencio, ante el temor de que si los delincuentes recuperan pronto su libertad, los asaltados y agredidos, temen por sus vidas, en virtud de que son las más altas autoridades quienes están protegiendo a la delincuencia organizada que opera desde los cuerpos policiacos.
¿Querían pruebas José Rubén Cruz Aguilera, Rogelio Hernández de la Mata y hasta el alcalde Jaime Valls, de que están protegiendo a delincuentes en sus corporaciones? ¡Aquí las tienen! Incluso con elementos que ya están en la cárcel El Amate.
Todos, desde el alcalde Jaime Valls y sus esbirros, hasta los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal vienen mintiendo al gobernador Juan Sabines Guerrero, sobre los alcances del programa multi-publicitado “Por un Chiapas aún más Seguro”. Alguien tiene que decirle a Sabines que los resultados son funestos y en contra de la sociedad, con delincuentes dentro de los cuerpos policiacos. Lo más grave es que no miden consecuencias, hasta contra el turismo, quienes también han sido víctimas, como sucedió en el exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, apenas la semana pasada, con un turista amenazado por tomar video en esa zona.
CASO MICHOACAN
En Michoacán, las denuncias se elevaron hasta la presidencia de la república, a través del portal de internet, donde pueden acudir los ciudadanos para plantear al presidente las anomalías que se vienen registrando en todo el país; desde Chiapas ya se están haciendo llegar también sendas inconformidades contra los cuerpos policiacos. A diferencia de este rincón del sureste mexicano, aquí Juan Sabines Guerrero dio instrucciones al procurador de Justicia, Raciel López Salazar, de aplicar todo el peso de la ley contra policías que sean denunciados por abuso de autoridad y violación a las garantías constitucionales y derechos humanos. Con la consignación de los elementos aquí comentados, Raciel López está demostrando su verticalidad en la procuración de justicia, pero además, es hombre institucional que a diferencia de Michoacán, no negocia con la ley para proteger a delincuentes.
En Michoacán, los Senadores del PRD dan todo su respaldo al gobernador Leonel Godoy, para enfrentar al presidente de la república, así como al Secretario de Gobernación, por la limpia de delincuentes auspiciados desde el poder público constituido, y lo diferente en Chiapas, es que los sectores sociales dan todo el respaldo al gobernador Juan Sabines, de ocuparse en garantizar la seguridad, aunque funcionarios de poca monta le estén pagando mal… ahí está pues… ¡YA!
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