MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
CHANTAJE ABSURDO
Los estragos que la naturaleza viene cobrando por el deterioro del ecosistema que el hombre ha venido destruyendo para privilegiar su habitat, dando paso a la urbanización, desforestando los cerros, sin duda que no es responsabilidad de ninguna instancia de gobierno; no obstante, resulta verdaderamente absurdo el chantaje que pretenden grupos de personas que se dejan manipular bajo el manto de la perversidad política, encubierta con las alas radicales del PRD, para exigir al gobierno del estado y federal el pago de daños y la indemnización por los desgajamientos de cerros en Chiapas, impactados por las severas lluvias, pese a que no han causado mayores desgracias humanas, que lo acontecido en Juan de Grijalva, en las márgenes del río Grijalva, en el municipio de Ostuacán, empezaron con acciones de presión para exigir el pago de ¡CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS! Así con mayúsculas.
Y como mayúsculo resulta ese absurdo, al presionar a todas las instancias que les sea posible, radicalizando sus acciones, las que no pudo llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de rechazar la reforma energética, sabiendo del costo político y la apología de delitos que cometerían, alentando a una movilización nacional que resultaría incontrolable, pero que ha encontrado la coyuntura para desestabilizar desde este rincón del sureste mexicano, más por cobrar el revanchismo de la frustración de no ver concretada la incondicionalidad de los mexicanos a sus aspiraciones personales, que por ofrecer a los que creen en él, justicia plena.
El bloqueo de la autopista Las Choapas, en al acceso a Cárdenas, Tabasco, y en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Malpaso, por medio millar de militantes de Chiapas, bajo las siglas de MOCRI-CNPA-MN, iniciadas desde temprana hora del pasado lunes para reclamar el pago de las afectaciones agrícolas y pecuarias, en el orden de 180 millones de pesos, por cientos de hectáreas siniestradas por los desgajamientos de cerros, es como es como poner nombre a la naturaleza: Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad, no sin dejar a un lado a las demás instancias del gobierno del estado y federal.
Según Wilfredo Hernández “los daños son de por lo menos 180 millones de pesos, tomando en cuenta que cada hectárea de pastizal cuesta unos 40 mil pesos, mientras que hay otros 250 millones de pesos por siniestros a cultivos de cacao, aunque aún falta de cuantificar los árboles de cedro y caoba que terminaron pudriéndose bajo el agua”. Seguramente con esas cuentas alegres la suma se puede elevar a los mil millones de pesos.
El vocero sostiene que el gobierno debe pagar los daños, actitud por demás oportunista y demente, pues los estragos por las intensas lluvias no fueron generados por el gobierno, sino por la irresponsabilidad de los propios manifestantes, al arrasar con miles de árboles que retenían las avenidas de piedra y lodo, para cosechar otros productos, provocando una alteración al ecosistema, sin importarles el impacto ambiental y mucho menos las consecuencias de las que ellos mismos hoy se quejan.
Los manipulados inconformes son de las comunidades ‘La Herradura’, ‘Santos Degollado’, ‘Nuevo México’, ‘La Fovi’, ‘El Limoncito’, ‘Rubén Jaramillo’ y ‘Kilómetro 57’, pero que abusando de la actitud humanitaria del gobernador Juan Sabines Guerrero y el apoyo recibido por este, del presidente Felipe Calderón, exigen que sean reubicados a otros predios alejados de derrumbes, en zonas más altas y seguras, es decir, comprometerlos a que les entreguen tierras porque a donde ellos escogieron vivir, ahora la naturaleza les cobra su osadía y culpan al gobierno de su intransigencia de impactar al medio ambiente en su contra.
¿ECOCIDA OFICIAL?
En sentido contrario a la necedad, cinismo y chantaje de esos campesinos manipulados, donde sí se debe actuar con todo el rigor de la ley, es contra el y los responsables de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por otorgar un permiso a Rafael Ledesma Armas, propietario del predio conocido como Arroyo Negro, ubicado dentro de la reserva de la Biosfera El Triunfo, para provocar un ecocidio, que a la postre evidencia turbios manejos que comprometen a esos servidores públicos, incluyendo de manera principal a Rodolfo Tamayo Ruiz, quien deja en claro su irresponsabilidad de provocar la inminente muerte de flora y fauna silvestre en esa región de la Frailesca.
El funcionario de marras está protegiendo los intereses particulares, que sin duda deben estar dejando millonaria ganancia para encapricharse a sostener el permiso que otorgó para “el aprovechamiento forestal”, pese a los dictámenes de ambientalistas nacionales e internacionales que se oponen a la extinción de la flora y la fauna en esa reserva natural.
El asunto está llevando a mantener una lucha de poder, al grado que el diputado local Alejandro Orantes Coello, del Partido Verde Ecologista, dio a conocer su temor, por amenazas de muerte que ha recibido, tras opinar al respecto, al grado de hacer responsable públicamente de lo que le pueda pasar al legislador, así como a su familia a los funcionarios de Semarnat y a Rafael Ledesma Armas.
Es increíble que en una dependencia federal como Semarnat esté enquistada una mafia, al estilo de los capos, dispuestos a defender el botín a sangre y fuego. Si no les importa una vida humana, como la de Alejandro Orantes o cualquier otro, menos que les importe la flora y la fauna.
Es aquí donde los de MOCRI y cualquier otra organización social y política debe unirse a los ambientalistas e impedir que funcionarios federales y demás secuaces provoquen daños irreversibles a la naturaleza. A quien corresponda, sin más tregua, deben exigir la renuncia y fincarles responsabilidad penal a los funcionarios involucrados, por el delito que a todas luces se pretende cometer en la Biosfera El Triunfo y obtendrán de las instancias de gobierno federal y del estado cabal respuesta para que se aplique la ley.
BOTIN FAMILIAR
En esos escenarios de cinismo y corrupción, no puede pasar desapercibido que entre las decenas de alcaldes corruptos, se encuentra el de Huehuetán, Renán Galán Gómez, quien sin recato, ha hecho del erario público del que es presidente municipal de membrete, un botín familiar, donde su suegro, José Domingo Marroquín, dispone sin ton ni son de los recursos del pueblo, incluyendo a la parentela de ambos en la nómina y cargos estratégicos que les dejan jugosas ganancias.
De lo intolerable, que a la par está siendo protegido por el exdiputado Alfredo Lugardo López, esa “bonita familia” se reparte el presupuesto municipal con los siguientes cargos: el padre del alcalde, Renán Galán, es el coordinador del Sistema Municipal de Agua Potable; su concuña, Patricia Alvarado es la tesorera municipal; la hermana de la presidenta del DIF Blanca Marroquín León, que responde al nombre de Nelly Cabrera León es coordinadora general; su otro hermano, José Domingo Marroquín, es chofer; su padre, José Domingo Marroquín Marroquín, es el coordinador de asesores y quien en realidad gobierna, porque el alcalde nunca despacha en el Ayuntamiento, mientras que adicionalmente hacen negocios con los programas de gobierno del estado. Pero cuenta además con la protección del presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Ovidio Cortazar Ramos y del diputado local panista, Carlos Martínez. ¿No habrá quien pueda parar la corrupción protegida desde el poder legislativo de Chiapas?… ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com Cel. 961 10 140 59