MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
POLI-NARCOS
Era de esperarse. En Chiapas, por fin fue detectado, tras minuciosa investigación ordenada por el Ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, la participación de mandos policiacos de los tres niveles locales en operaciones de bandas de narcotraficantes: de la policía ministerial, de Seguridad Pública estatal y de preventiva municipal de la capital del estado.
Las ejecuciones llevadas a cabo en los dos últimos meses dieron la pauta y, la agudeza del General Marco Esteban Juárez Escalera fue lo que permitió esclarecer la primera de muchas partes que componen el rompecabezas de las operaciones de la delincuencia organizada en este rincón del sureste mexicano. Por lo pronto ya fueron detenidos algunos jefes policiacos, mientras que les siguen la pista a otros que lograron darse a la fuga.
La noticia era esperada y se dio al finalizar la semana pasada. Se cumplieron las instrucciones del gobernador Juan Sabines Guerrero y sobre todo, tras los acontecimientos de Comitán y Chiapa de Corzo, los dos principales destinos turísticos de esta entidad, donde se incrementaron las ejecuciones, porque el que hoy gobierna pintó su raya con las bandas delictivas y confió las investigaciones en Amador Rodríguez Lozano y al General Juárez Escalera, sabido de que los saldos no serían halagadores y seguramente, (como fue) habría reacción de los capos de la droga, incrementando sus ejecuciones, “para dejarse ver” y retar abiertamente al gobierno, para seguir regenteando la plaza que estuvo bien custodiada durante el ejercicio del dictadorzuelo con cargo de gobernador, Pablo Salazar y su ejecutor, Mariano Herrán Salvatti, de 2000 a 2006.
Tras las detenciones de Jesús Alejandro Robles Pastrana ‘Alex’, originario de Tuxtla; Benito Ángeles Alfaro Álvarez, que fungía como policía municipal del Grupo Táctico; Sergio Pola Beltrán alias ‘Pola’, de Chiapa de Corzo; José Manuel Juárez Pérez, alias el ‘pollo’, que era de la Policía Estatal Preventiva; José Pérez González, alias el ‘flaco’, oriundo de Guanajuato; Daniel Olivar Félix, de Zacatecas; Santiago Camacho Zenteno ‘Zapatero’, de Palenque; Jesús Peña López, policía ministerial, originario del Estado de México y Armando Robles Gómez, alias el ‘flaco’, radicado en Tuxtla, se evidencia que en todas las corporaciones policiacas que operan en la capital chiapaneca, los poderosos narcos están infiltrados. Todos ellos estaban al servicio de la banda de Sergio Peña “el Concord”, narcotraficante prófugo.
En conferencia de prensa, Amador Rodríguez Lozano dio a conocer que José Luis Altúzar Zamudio, que fungía como jefe de grupo de la Policía Ministerial, y que fue hallado muerto en las inmediaciones de la zona de tolerancia “La Galáctica”, de Tuxtla Gutiérrez, era asalariado de ‘El Concord’ para filtrarle información. Lo ejecutó el mismo “concord”, frente a la esposa del extinto jefe policiaco y de Sergio Pola, porque no le avisó a tiempo de un operativo montado por la policía ministerial. Altúzar Zamudio recibía 150 mil pesos mensuales de parte de Sergio Peña, para pasarle información de las acciones policiacas encaminadas a frenar a los narcos del “Concord”, según afirmó el Ministro de Justicia.
Esta situación obliga a que más de cinco mil policías, tanto de la ministerial, como de Seguridad Pública estatal, sean sometidos a “pruebas de confianza” y antidoping, cuyo perfil psicosométrico, para Amador Rodríguez Lozano, arrojará cifras escandalosas, pues prevé que es preferible quedarse con 20 o 30 elementos honestos que respondan a la demanda de seguridad de la población y confiabilidad de la corporaciones, que tener operadores dentro, al servicio de la delincuencia organizada.
NADA A LO IMPOSIBLE
Y de esas buenas noticias que los chiapanecos recibieron, vecinos del Fraccionamiento Vida Mejor, en Tuxtla Gutiérrez, vieron cumplido el compromiso del gobernador Juan Sabines, que en Chiapas nunca más se permitirán invasiones. Y es que, simpatizantes del grupo Antorcha Campesina, que encabeza en la capital chiapaneca, Alejandro Vázquez Nájera, tras un plantón, presión y chantaje político, logró que funcionarios de la Secretaría de Gobierno le firmaran una minuta para posesionarse irregularmente de algún predio, sin embargo, encabezó la invasión de más de 13 hectáreas de áreas protegidas del Cañón del Sumidero, junto al fraccionamiento Vida Mejor, a un costado del paso del ducto de agua potable que surte a la ciudad y bajo las torres de alta tensión, sin importarle la seguridad de las personas instigadas a cometer semejante ilícito.
El liderzuelo se dio el lujo de amenazar con armas de fuego, según versión de los propios vecinos de Vida Mejor, a todo aquel que le reclamó la invasión. Llegó al grado de hacer público ante algunos medios de comunicación, que tenía autorización del gobierno estatal, con el consentimiento pleno del Secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas, para apoderarse de dicha extensión de terreno de reserva federal, como parte de las negociaciones que realizó para levantar el plantón que duró tres semanas frente al palacio de gobierno.
El desalojo, pese a que fue pacífico, debe ser ejemplo para todos los líderes voraces, de que Juan Sabines no permitirá la violación de la ley, ni siquiera de sus colaboradores, como el caso de Antorcha Campesina, que han vivido de invasiones, vendiendo al mejor postor las tierras lotificadas ilegalmente, específicamente de la reserva del Cañón del Sumidero, que según afirmarían varias personas, le entregaron a Vázquez Nájera, cinco y hasta ocho mil pesos por cada lote.
Queda claro que el gobernador no permitirá que si hubo algún error de parte de funcionario de cualquier nivel de su gabinete, en la negociación con Antorcha Campesina, nada cederá a lo imposible, porque sentaría el precedente que se obtendrían respuestas en crisis, lo que llevaría a la ingobernabilidad y anarquía, situación extrema a la política de diálogo que Juan Sabines viene imprimiendo en su gobierno, sobre todo, otorgando todas las facilidades para vivienda o adquisición de terrenos a quienes lo deseen.
En ese contexto, aún está pendiente el problema del paraje Montebello, en el municipio de Cacahoatán, donde el alcalde, Rolfi Gómez Robledo, está consintiendo de facto que se agrave el conflicto al permitir que se estén vendiendo ilegalmente lotes en diversas cantidades de dinero, en un caso parecido al que encabezó el líder de Antorcha Campesina.
Por cierto, en otro asunto de buenas noticias, en la región fronteriza con Guatemala, el diputado local, Oscar Salinas Morga, hizo referencia a una de las gestiones que podría concretarse en las próximas semanas, que es la construcción de un Tele-Bachillerato, para la comunidad Aguacaliente, en Cacahoatán, localidad marginada e indígena ubicada en una zona más alejada de la cabecera municipal y que además beneficiaría a otras comunidades con las mismas características pero cercanas a ésta como San Miguel, Tecoitac y Camambé entre otras. Mientras que en el municipio de Suchiate, afirmó que es posible que se concrete la instalación de un Centro Regional para Emergencias y Desastres (CRED), por el riesgo que implica ser frontera, el paso obligado en el transporte de residuos y materiales peligros como combustibles, químicos y agroquímicos, ya que además es una zona susceptible a desastres naturales…. Ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com Cel. 961 10 140 59