MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LA PODREDUMBRE DE CACAHOATAN
El ayuntamiento de Cacahoatán, en el Soconusco de Chiapas, encabezado hoy por el alcalde Rolfy Gómez Robledo, se ha venido distinguiendo -desde hace una década- por la corrupción que hizo imperar el aspirante priista a la gubernatura, José Antonio Aguilar Bodegas, garantizando a los hoy exalcaldes y el actual toda impunidad, por supuesto, si llegaba a ganar las elecciones en el 2006. Hoy se ventila una acción deshonesta más, que pretende ser encubierta por Rolfy Gómez, con las irregularidades que pudieran arrojar el peculado de recursos público por una cantidad millonaria.
Para empezar, de esa corrupción se desprende que el presidente municipal intenta solapar a quien fuera contralor interno del ayuntamiento que salió el 31 de diciembre del año pasado, Gerardo Garrido, quien está envuelto en el escándalo de pretender justificar ante el Congreso del Estado un monto de 3 millones 656 mil 454 pesos con 86 centavos, amparado en el acta de cabildo número 165 de fecha 20 de diciembre de 2007, en el cual solicitan el ayuntamiento que presidió Carlos Enrique Alvarez, autorización para realizar transferencia de recursos del capítulo 7000 de erogaciones extraordinarias al programa de inversión municipal y al gasto corriente, precisamente en el último mes de la administración que concluyó el 31 de diciembre del 2007.
Y es que existe el pendiente que no ha podido justificar los recursos transferidos de la partida 1401, de asesorías, por un importe de dos millones 300 mil pesos y mucho menos ha podido presentar “el proyecto de transparencia y acceso a la información municipal” que según el gobierno encabezado por Carlos Enrique Alvarez realizó.
Por demás absurdo resulta para encuadrar en la norma legal la inversión millonaria que presuntamente se hizo en ese proyecto que hasta el 11 de junio pasado ni siquiera existía, sobre todo nada creíble, porque ni el gobierno estatal invirtió escandalosa cantidad de dinero, y pese a que a todos los alcaldes se les venció el plazo por las observaciones que el Congreso del Estado hizo y que en su oportunidad el presidente de la Comisión de Vigilancia, Miguel Angel Vargas Blanco sostendría que el Poder Legislativo pediría la intervención del Organo Superior de Fiscalización del Estado, para que procediera a solicitar al Ministerio de Justicia el ejercicio de la acción penal a cuantos nunca hicieron caso a la prórroga que se les brindó “para arreglar sus cuentas pendientes”. Solo prometieron resolver con el actual alcalde Rofy Gómez, pero jamás dieron respuesta concreta y hoy el presidente municipal ni se inmuta por los escándalos que en Cacahoatán se protagonizan.
El asunto no para solamente en esos recursos que olímpicamente fueron requeridos en su oportunidad que fueran solventados, sino que en la inmundicia que alentó Aguilar Bodegas, el excontralor, Gerardo Garrido pretendió hacerse el desentendido con ese conflicto que visiblemente cae en la comisión de uno o varios delitos, claro está, no solo; Garrido ahora es funcionario del Ayuntamiento de Unión Juárez, donde seguramente ha de estar planeando embarcar también al alcalde de ese turístico municipio.
Hay mucho más que esa danza de cinco millones de pesos. El desfalco y posible peculado, que también huele a asociación delictuosa y otros delitos enmarcados, están siendo acumulados por las autoridades correspondientes, que se llevan de paso a la responsabilidad oficial al actual munícipe, Rolfy Gómez, pues este fue el que tuvo que ver con las obras públicas y no se descarta que el del hurto millonario, hayan financiado la campaña de José Antonio Aguilar Bodegas, creyendo que ganando el priista, todos gozarían de un amplio manto de impunidad.
Por lo pronto, en esta situación, ha corrido el rumor en Cacahoatán, que un diputado del Partido Acción Nacional pretende intervenir para que le sea aprobado lo que solicita al Congreso del Estado el contralor de marras, asunto del que también está interesado en dar un plazo de gracia al presidente de la Comisión de Vigilancia. El nombre del diputado local será revelado en breve.
LAS OTRAS AMENAZAS
Y lo que en realidad está preocupando no solo a Rolfy Gómez, sino a muchos alcaldes del Soconusco y Sierra de Chiapas, es la amenaza de la delincuencia organizada que han lanzado por vía telefónica a los presidentes municipales de Motozintla, Héctor Leonel Paniagua Guzmán; Porfirio Lugardo López, de Huixtla; Arquímedes Kumukai Mitzui, de Escuintla; Gamaliel Estrada Moguel, de Mapastepec, así como los de Suchiate y Huehuetán, entre otros, de los que en su oportunidad, el primero en comentarlo fue el amigo y compañero columnista de los rotativos El Orbe y Cuarto Poder, Carlos Z. Cadena.
El que tuvo el valor de denunciar los hechos y solicitó la intervención del Ejército Mexicano y de las policías locales, es el presidente municipal de Motozintla, desprendiéndose que grupos no identificados de delincuencia organizada los están amenazando de muerte si no les entregan diversas cantidades de dinero. Se habla incluso de que tales amenazas no solo van en contra de sus personas, sino que les informan que tienen documentado las acciones de sus familiares, “pegándoles” en lo más sentido: por su esposa y sus hijos.
Ante tal advertencia, que serán las autoridades quienes investiguen los hechos, de los cuales el Ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano ordenó que un grupo de expertos policías ministeriales realicen con sigilo las pesquisas, no se descarta que las amenazas provengan de grupos guerrilleros o de narcotraficantes del vecino país de Guatemala, por la zona a la que está orientada las amenazas de extorsión. Es la franja fronteriza de nuestro país.
El hecho no es para menos. Los alcaldes tienen temor de que sean secuestrados o sus familiares. Muchos han preferido guardar silencio, ante las contundencias de las amenazas y ante los datos tan exactos que los extorsionadores les dan sobre sus familiares y cercanos colaboradores.
LA ENFRENTA POR LA DIPUTACION
En Huixtla, el diputado Carlos Martínez, del PAN, alentó a propietarios de las casas que se ocupan como locales en el exterior del actual mercado municipal, para que con un puñado de locatarios se inconformaran por la reubicación de ese centro de abastos a un inmueble nuevo. Obviamente que al trasladarse el mercado al centro de la localidad, en instalaciones más funcionales, la mayoría de los comerciantes estuvieron de acuerdo y firmaron una minuta para que el gobernador Juan Sabines Guerrero apoyara el proyecto. Los demás, “cilindrados” por el diputado local, se han mantenido en resistencia, porque sin el mercado donde actualmente funciona, la plusvalía de las casas que están al exterior no podrá obtener lo mismo por renta. Pero el interés de Carlos Martínez no lo ha ocultado, porque ha venido pidiendo el apoyo para ser candidato a diputado federal por el PAN, por eso viene prometiendo paralizar la obra y que el gobernador no la apoye financieramente… ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com Cel. 961 10 140 59