MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
¿SE DESBORDORDARA EL USUMASINTA?
La Comisión Nacional del Agua alertó este pasado fin de semana, por medio de un comunicado oficial que por las intensas lluvias registradas en los últimos días y que continuarán 15 días más en Chiapas y por los escurrimientos en Guatemala, además del ingreso de la onda tropical número 10, “el río Usumacinta desbordaría en las próximas horas”. Dicho organismo precisó que “el Usamacinta es el río más caudaloso del país y se encuentra (hasta el sábado pasado) a sólo 77 centímetros de rebasar su nivel máximo y de alcanzarlo, su desbordamiento iniciaría en las zonas de regulación, por lo que se debe prevenir a los asentamientos aledaños a sus márgenes”, estamos hablando de una emergencia que más preocupó a los tabasqueños que a los chiapanecos.
Y no es para menos. El Usumacinta desemboca en el Golfo de México y atraviesa todo el estado de Tabasco, proviniendo con afluentes caudalosos desde la frontera con Guatemala, cruzando por supuesto el estado de Chiapas. Sin embargo, si la Conagua hace tal alerta, ¿por qué solo los medios de comunicación llamados nacionales registraron el asunto y difundieron el comunicado con la exactitud de lo que Conagua prevé, que de llevarse a cabo esa consecuencia por el fenómeno natural, acaso en realidad nadie le creyó a ese organismo nacional?
Las medidas asumidas en Chiapas, en materia de protección civil están bien definidas, es tan claro para esa dependencia, que su titular anunciaría que los fenómenos naturales no pueden frenarse, pero sí se puede llevar a cabo medidas para evitar al máximo la pérdida de vidas humanas.
Tan solo el viernes, antes de concluir la semana pasada, ni Protección Civil del Estado, mucho menos Protección Civil Municipal, a cargo de Herber Shroeder Bejarano, hermano este de quien fuera el responsable de la reconstrucción por los efectos del huracán Stan en 2005 (que por cierto aflorarían ya las corruptelas con la inversión de miles de millones de pesos que se destinaron y de las cuales, por el momento hay responsables por el la injustificación de mil millones de pesos) nada pudieron hacer para evitar la muerte de Rogelio Pérez Velásquez, de 34 años, mientras que un niño de doce años sufrió traumatismo craneoencefálico, lo mismo que la mamá de éste, de 36 años de edad, -ambos se encuentran internados en el Hospital Regional Tapachula-, tras el alud de una parte del cerro El Malacate de la zona de extrema pobreza conocida como Pavencul, precisamente en Tapachula.
Pudiera haber personas desaparecidas, ya que trascendió extraoficialmente -porque ninguna autoridad pudo informar, que por cierto desconocían los hechos esa misma noche- eran aproximadamente 10 las que viajaban a bordo del camión Chevrolet de 2.5 toneladas, color blanco, con placas de circulación 1CNV145, que fue alcanzado por el alud.
Y si retomamos lo que otros medios nacionales difundirían de manera oficial, como la declaración que le adjudicaron en el diario La Jornada, apenas la semana pasada a Luege Tamargo, titular de Conagua, conjuntamente con Alfredo Elías Ayub, titular de la Comisión Federal de Electricidad, alertando por “un aluvión que se podría dar nuevamente en las márgenes del Río Grijalva, que podría ocasionar peores consecuencias que las que dejó en Juan de Grijalva, en Ostuacán”, solamente habríamos de recordar aquella fábula de gritos desesperados “el lobo, ahí viene el lobo”, del pastor cuidando las ovejas.
ALGO NO CUADRA
Si el Ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano afirmó la semana pasada, que los paquetes confiscados tras un trabajo de “inteligencia” policial en la colonia Patria Nueva, de la capital chiapaneca, contenían lactosa y no cocaína, presuntamente destinados al cártel de Sinaloa, como oportunamente se dio a conocer de manera oficial, pues así ha de ser, ya que Rodríguez Lozano no tiene porque engañar a nadie a nivel nacional, mucho menos a los chiapanecos, sobre los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada.
Y si paralelamente el secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner anunciara por su parte que en Chiapas no existen capos de la droga, o sea, desmintió categóricamente que haya cárteles en este rincón del sureste, pues también se le puede creer, pues representa a la autoridad en materia de seguridad y política interna en esta entidad y tampoco tiene porque mentir a alguien en particular.
Sin embargo, algo no cuadra, -como dice popular refrán chiapaneco- porque la aparición de un cuerpo ejecutado este sábado pasado, en las cercanías de la zona de tolerancia “La Galáctica” en Tuxtla Gutiérrez, (capital del estado que gobierna Jaime Valls Esponda y quien asegura además que Tuxtla es una de las ciudades más seguras del país), cuyo bulto sin vida presuntamente fue policía ministerial, de sexo masculino, encontrado en el asiento de atrás de una camioneta Honda, con mensaje en una cartulina verde por demás claro en el parabrisas de parte de sus ejecutores, cuya advertencia a la policía decía: “por rateros General Escalera y Archila”.
Mientras que el diario Excelsior publica ayer el resultado de otra ejecución, tras el hallazgo del cuerpo de un hombre con huellas de tortura y atado de pies y manos, a la altura de la parada Piedra Blanca, a un costado del rancho Teziutlán Santa Lucía. El cadáver se encontraba dentro de un canal sin agua, cubierto con hojas de plátano, boca arriba, sólo vestía un calzoncillo color café y calcetines blancos. Entonces, algo no cuadra.
QUE VENGA LO QUE TENGA QUE VENIR
La fanfarronada de Pablo Salazar, hombre que llegó al grado de la demencia por el abuso del poder durante seis años, con actitud absolutamente tirana, escudado en el cargo de gobernador de Chiapas, al relevo el 8 de diciembre de 2006, cuando entregara el mando a Juan Sabines Guerrero gritaría desde el podium en el Poliforum de Tuxtla Gutiérrez: “que tenga lo que tenga que venir”.
Y sin duda vendrá, cuya profecía no será en los términos del guasón, sino en la aplicación irrestricta de la ley, pero no de parte del gobernador Juan Sabines, sino del presidente Felipe Calderón, a quien le dio pase automático el otro guasón para cancelar la persecución y exonerar a la familia real, dejándosela caer a Pablo, Mariano Herrán y demás pandilla, cuyo presagio de justicia está anunciado.
En calidad de mientras, desde el Congreso del Estado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Angel Córdova Toledo, fue más que claro tras anunciar: “no se puede exentar de responsabilidades a quienes tuvieron el mando en aquel momento, más deberá ser la instancia federal que realiza la auditoria, quien haga las observaciones pertinentes, todos tienen que comparecer y quien sea culpable que pague por su actos. Veremos qué determina el órgano auditor federal y esperemos caiga quién tenga que caer”. Lo anunciado por el Secretario de la Contraloría, Francisco Sau Yañez, sin duda es muestra de transparencia, pero falta ver que resuelve la federación de los once mil millones de pesos se auditan….ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com
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