Enrique del Val Blanco
A un año y medio de haber tomado posesión, quedan ya pocas esperanzas de que el actual gobierno pueda convencer a millones de mexicanos sobre su capacidad. Como bien dijo el jefe de la bancada priísta en la Cámara de Senadores, “hay gobiernos a los que les desgasta el poder y hay otros a los que les desgasta el no poder”.
Un tema pendiente es la decisión que el Ejecutivo tenga para combatir la corrupción y defender la supuesta honorabilidad de algunos de sus principales funcionarios. En este asunto, por lo visto, la nave que conduce el Presidente de la República tiene estropeado el timón y está a la deriva, a pesar de la imagen que se quiere dar mediante el gasto en publicidad que diariamente realizan.
El desastre en que están ahora metidos con la pretendida reforma energética tendrá una resolución en la que nadie va a quedar contento, y lo que finalmente apruebe el Congreso de la Unión será algo muy alejado de las pretensiones que tenían en el gobierno y por supuesto sus panegíricos, que en este tema han sido muchos, algunos de buena fe y otros, también por supuesto, respondiendo a intereses económicos particulares.
En el tema del combate a la corrupción el resultado hasta la fecha ha sido magro, sobre todo por el ejemplo que este gobierno está dando con el caso concreto del secretario de Gobernación que, pese a todo lo que ha venido sucediendo, continúa en el puesto.
Es francamente inentendible que se continúe con la defensa y la protección de una persona que entre líneas ha aceptado que no cumplió con lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ejemplos de lo equivocado que está el actual secretario de Gobernación son aquellos cuando afirma que la política “fue la que lo motivó a renunciar a su patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar” o que “mis actos han sido legales. Mi actuar ha sido siempre ético”. La política no le obliga a desligarse de su patrimonio legítimo. Hay formas para que su patrimonio no se vea afectado, como hubiera sido ponerlo en un fideicomiso ciego. Por lo que respecta a la ética, sería conveniente que recursara la materia.
Ha quedado claro que el secretario de Gobernación ha mentido y luego tratado de componer las mentiras, lo cual en cualquier país democrático hubiera bastado para que fuera separado del cargo, lo que hasta la fecha no ha ocurrido en México.
Las autoridades deben entender que la mejor forma de realizar el combate a la corrupción en cualquier país es mediante el ejemplo de sus más altos funcionarios, así como comprender que corrupción no sólo significa robar sino también incumplir las leyes, como ha sido el caso.
A este gobierno se le están complicando los casos de corrupción, tanto los del régimen anterior, que por cierto son del mismo partido que el actual, como los que están surgiendo en el presente.
Ha sido muy publicitado el informe del auditor superior de la Federación con respecto a la Cuenta Pública del año 2006, todavía del régimen del presidente Fox, donde las probables irregularidades observadas abarcan desde secretarios de despacho actuales y altos funcionarios hasta servidores públicos de bajos niveles. Es indudable que a estas observaciones todavía les falta la aclaración y respuesta de los involucrados pero, por lo que se ha observado en estos días, varias de ellas difícilmente podrán ser solventadas y la Secretaría de la Función Pública no tendrá más remedio que aplicar las sanciones correspondientes, si es que quiere y puede, política y jurídicamente hablando.
El secretario de Gobernación debería entender, cosa poco probable dada su poca experiencia en el servicio público y su gran experiencia en materia comercial —según se sabe por la cantidad de empresas en que ha participado—, que hay una contradicción lógica que él no ha podido superar entre dedicarse a los negocios o ser servidor público. Todo apunta a que cometió faltas a la ley, aunque se les llame “involuntarias”, y no entiende tampoco que está complicando a su amigo, el Presidente de la República que lo designó.
Cómo es posible que pueda seguir ejerciendo sus delicadas funciones de manera eficiente y responsable, si ya existe una comisión en el Congreso de la Unión encargada de revisar e investigar todos los asuntos comerciales en los cuales ha participado, de los que seguramente seguirá afirmando que son faltas menores y que espera y confía, con un gasto en los medios y el resto de problemas que está teniendo el país, la gente olvidará la investigación y sus resultados.
Sin embargo, son estos asuntos los que nunca se olvidan, por más recursos económicos que se empleen. Siendo un alto cargo político, permanentemente estará sujeto al análisis y la crítica y, cualquiera que sea el resultado de la investigación, lo dañará a él y al gobierno en su conjunto.
En su nave el Presidente puede y debe dar un golpe de timón en materia del combate a la corrupción, por la salud moral de nuestro país. Debería ejercer su autoridad y separarlo del alto cargo para el cual nunca debió designarlo, sobre todo tomando en cuenta que el Presidente es abogado y, por lo tanto, conoce sobre el cumplimiento cabal y estricto de la ley y no parcialmente, como se está demostrando en este caso.
Analista político y economista