Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.
A nivel internacional, México está mal evaluado en el Índice de percepción de la corrupción y en transparencia. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó conjuntamente con Global Integrity, el “Reporte de Transparencia Municipal 2012” el cual buscó evaluar la distancia entre el espíritu de las normas de transparencia y su aplicación en 18 de los ayuntamientos y delegaciones más grandes de México.
Señala el reporte que en 50% de esos municipios la información sobre la obtención de licencias de construcción fue “tan limitada o inexistente” que resultó “imposible” conocer los requisitos para realizar dicho trámite. Este es sólo un dato que nos indica de que tamaño es el reto para el gobierno.
El escenario nacional es de un retraso en materia de transparencia en los estados, municipios, Poder Legislativo y partidos políticos.
En la última Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se describe que en México es urgente que el nuevo gobierno implemente una política anticorrupción a fondo y que fortalezca la rendición de cuentas y la transparencia.
No hay duda de los pendientes que hay en lo relativo al ámbito de la transparencia. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tiene que postular gente que no esté allegada a los gobiernos estatales, el órgano de transparencia tiene que ser totalmente autónomo y con ciudadanas y ciudadanos lo mejor calificados. No pueden estar a disposición del ejecutivo de los estados. No podemos seguir siendo un país donde, dependiendo del gobernante local o municipal se mejoren las cosas, donde los presupuestos de los municipios o los estados se han utilizado como botín.
El tema pendiente es la aplicación de la Ley, la opacidad en los estados es impresionante, no existe control en estos ni en los municipios. El gobierno federal y los estados tienen que sancionar, cuando hay elementos para consignar a los servidores que abusen de los recursos públicos.
Los retos y el trabajo en el tema de corrupción, transparencia y rendición de cuentas es mayúsculo, tenemos que avanzar en una regulación y controles más eficientes de los recursos públicos a nivel federal y local.
Otro factor que identifica el rezago es la transparencia en la política. Mientras los partidos políticos no tengan un comportamiento ético frente al manejo de los recursos públicos, no podemos decir que estamos avanzando. Los partidos políticos, al final de cuentas, son el grupo gobernante, ellos deciden qué se hace y qué no se hace en este país, pero resulta que, según el IFE en la pasada campaña electoral, hubo partidos políticos que falsificaron facturas, que presentaron datos que no correspondían. Como han señalado expertos en la materia, no hay manera de que podamos fortalecer la democracia en México y generar cierta confianza ciudadana si los partidos políticos no tienen, por lo menos, la posibilidad de saber en qué se gastan y cómo se gastan los recursos.
Si a nivel federal se observa una actividad de difusión y acceso a la información, ese escenario no se repite en el Poder Legislativo. Es necesario entonces, que la Ley exija en las mismas condiciones, que le exija por igual a los estados y los municipios, que los mismos criterios de acceso a la información de transparencia y de rendición de cuentas operen para esos tres órdenes.
La comunidad internacional ha insistido en que debe existir una política clara anticorrupción y que tiene que haber autoridades competentes en la materia. Sería saludable hacer una revisión de los compromisos internacionales, sobre todo en los compromisos que tiene el gobierno en la ONU, OEA, OCDE, en materia de anticorrupción y transparencia, pero que efectivamente se estableciera una política pública anticorrupción y que esa política tuviera la posibilidad de que la ciudadanía participe y pueda denunciar.
La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental incrementa las sanciones administrativas a quienes incumplan con lo dispuesto en la Ley. Ahora, la alteración dolosa de los registros contables, es decir, la trampa contable, la omisión de información y la falta de difusión de la información contable podrán considerarse conductas graves que implicarán la destitución e inhabilitación del cargo.