Diego Valadés
La reforma en materia de energía está llamada a fracasar por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno hizo circular la idea de un cambio, pero cometió el error de no precisar su contenido. Esta omisión propició que se creyera que la intención consistía en la privatización de la industria petrolera, de la misma forma que se ha venido haciendo, contraviniendo la Constitución, con la energía eléctrica.
En segundo término, porque los agentes encargados de instrumentar la reforma no fueron los idóneos. La secretaria de Energía es un personaje inexistente, y el secretario de Gobernación está cuestionado por la presunta utilización de sus cargos públicos para beneficiar sus intereses personales y familiares.
En tercer lugar, porque existen suficientes elementos de juicio para inferir que la crisis de la industria petrolera es artificial.
Un manejo tan deficiente propicia dudas y resistencias fundadas. Cuando no hay un diagnóstico objetivo, ni un proyecto público y convincente, ni un elenco de funcionarios confiables, es comprensible que los ciudadanos se pregunten acerca de cuál es el verdadero propósito de quienes deciden acerca del patrimonio de la nación. Es posible que todo sea producto de un mal entendido. Tal vez el gobierno tiene una propuesta sensata y los funcionarios son más probos y eficaces de lo que parecen. Como mexicano, me alegraría que así fuera, pero hasta ahora faltan elementos para demostrarlo.
Además, hay un problema de fondo porque el diseño de nuestras instituciones no se ha actualizado. Por décadas la gestión de los recursos nacionales se ajustó al patrón que caracterizó el ejercicio hegemónico y vertical del poder. Esa situación cambió sin que los nuevos gobernantes se dieran cuenta, y hoy quieren decidir a la antigua. Suponer que es posible alcanzar acuerdos amplios sobre la base de información restringida, tal vez incluso manipulada, es una equivocación.
Los gobernados tenemos derecho a hacer una nueva lectura de nuestra Constitución. El artículo 27 dice, refiriéndose al petróleo y a los carburos de hidrógeno, que “la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. En cuanto a la energía eléctrica, el mismo precepto agrega: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. Y por lo que hace a los combustibles nucleares para la generación de energía, también dice que su aprovechamiento incumbe a la nación.
Ahora bien, ¿cuál es el concepto constitucional de nación? El asunto es complejo y merece un análisis serio, porque el artículo 39 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, el 41 determina que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, y el 51 declara a los diputados “representantes de la nación”. Cualquiera que sea el concepto de nación que se sustente, es imposible decir que, para los efectos del artículo 27, el presidente y sus colaboradores son la nación o la representan. Por lo mismo, antes de que se plantee una reforma en materia de energéticos, considero recomendable integrar un Consejo de Energía que sí sea nacional.
Para la formación de ese Consejo Nacional de Energía se cuenta con bases en el artículo 27 constitucional. Bastaría, por ende, con una ley del Congreso. Este consejo podría estar integrado por miembros designados por el gobierno y por las cámaras. Podría contar, asimismo, con la presencia de observadores que expresaran la opinión de los usuarios, y de asesores científicos y técnicos. En cuanto a sus facultades, podrían consistir en conocer el estado y el desempeño de las empresas y organismos que realizan las funciones mencionadas en el artículo 27; recibir información relacionada con los programas de inversión y de desarrollo tecnológico, y analizar las propuestas de cambios en la estructura y en el funcionamiento de las instituciones involucradas.
Este consejo sustituiría, con éxito, a la precaria Secretaría de Energía y daría sentido a las disposiciones constitucionales en vigor: que los energéticos sean de la nación.
diegovalades@yahoo.com.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM