Lorenzo Córdova Vianello
Hace exactamente un año, México en-frentó uno de los procesos electorales más complicados de su historia moderna. Desde 1988 la palabra “fraude” había estado ausente de los comicios federales gracias a que el proceso de construcción institucional y de nuevos procedimientos, iniciado con la reforma de 1989-1990 y culminado con los cambios constitucionales y legales de 1996, había resultado exitoso para inyectar certidumbre y confianza en la organización de las elecciones y había permitido que la creciente pluralidad política se recreara pacíficamente y produjera fenómenos propios de todo sistema democrático: alternancia, gobiernos divididos, alianzas parlamentarias, etcétera.
¿Qué fue entonces lo que pasó el año pasado? ¿Qué ocurrió como para producir una crisis política tan delicada y como para someter a nuestro sistema electoral a una de sus más difíciles pruebas? Hoy, a un año de distancia, creo que es debido, sin afán de exhaustividad, recapitular sobre algunas de las enseñanzas que nos dejó la elección de 2006:
1. No hay reforma electoral definitiva. Salvo cambios puntuales a la legislación electoral, las normas vigentes de 1996 son las que sirvieron para regular el pasado proceso electoral. A pesar de que nuevos y delicados fenómenos se habían venido presentando (precampañas, nuevos retos en la fiscalización, uso intensivo de la pro-paganda en medios electrónicos, campañas negativas, entre otros), la legislación se mantuvo intacta y resultó insuficiente para enfrentarlos, quedando todo el peso de tener que lidiar con ellos a las autoridades electorales.
En 2006 la tubería electoral corrió el riesgo de obturarse y eventualmente de reventarse. Para el futuro debemos pensar en una constante revisión del marco legal para adecuarlo permanentemente a las cambiantes circunstancias de la vida político-electoral.
2. La permisividad de la autoridad electoral. En varias ocasiones el IFE asumió, equivocadamente, una postura de pasividad frente a irregularidades —a veces poco claras, en otras ocasiones francas— ante las que habría sido deseable una actitud enérgica y proactiva que le permitiera corregir actos que tendían a enturbiar el proceso electoral.
Lo más deseable es tener un árbitro discreto, es cierto, pero ante ciertas situaciones el árbitro no puede ser omiso o permisivo. Así, las campañas negativas requerían un pronunciamiento oportuno y decidido, el cual no llegó sino hasta que el tribunal Electoral le enmendó la plana; la ilegal compra de publicidad por parte de terceros (con el Consejo Coordinador Empresarial en primer plano) mereció apenas un tibio escrito del presidente del IFE, a quien habían dejado sólo los consejeros electorales (aun sin una sanción clara en las leyes, un pronunciamiento claro y firme era indispensable); el activismo gubernamental —de Fox en primer término, pero no sólo de él— debió ser confrontado de manera mucho más enérgica de lo que pasó.
3. Fallas en la comunicación por parte del IFE. A lo largo de 2006 hubo una serie de acciones tomadas por el IFE que no fueron debidamente difundidas; además, no se informó con claridad lo que estaba ocurriendo en las horas y días posteriores a la jornada electoral ni se desarticularon oportunamente algunas de las acusaciones infundadas que fueron hechas contra la actuación del instituto en esas horas criticas. Ello, aunado a la falta de información oportuna sobre los resultados arrojados por el conteo rápido, producto de una desafortunada decisión del Consejo, provocó una lamentable situación de incertidumbre.
4. La irresponsabilidad de los actores políticos. Como pocas veces, los actores políticos estuvieron tan lejos de lo que sensatamente podría esperarse de ellos. Unos más, unos menos, las actitudes asumidas por los partidos distaron mucho de un comportamiento que permitiera el desarrollo sin sobresalto del proceso electoral. Es natural que durante las contiendas políticas las “pasiones” se desborden y la confrontación aflore; pero es responsabilidad de todos el que los cauces que hemos construido tan afanosamente no se vean rebasados.
El gobierno y su partido le apostaron a ganar a cualquier costa, aun con el riesgo de que la contienda electoral se volviera un irremediable choque de trenes (fueron ellos los que empezaron la guerra de basura en la que se convirtieron las campañas), y hoy todavía están pagando el costo de la polarización que provocaron. La principal oposición le jugó, luego, a una acrítica postura de condena de todo el proceso y al desconocimiento de las reglas del juego que hoy le está cobrando la factura y que la coloca en una disyuntiva interna que está lejos de resolverse.
La historia enseña; es hora de aprender de ella.
Investigador y Profesor de la UNAM